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Poza Rica de Hidalgo

A menos que demuestren lo contrario, resultaron unos corruptazos

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Siendo alcalde electo de Xalapa por segunda vez, un día Ricardo Ahued Bardahuil recibió la petición de una persona para que lo recibiera en audiencia.

Instruyó a sus auxiliares a que procedieran en sentido afirmativo y que lo citaran para tal día y tal hora. Y lo recibió.

Era un hombre que se presentó como el ¡jefe de ayudantes! del alcalde saliente Hipólito Rodríguez Herrero, quien iba a ofrecerle sus servicios y a ponerse a sus órdenes.

Respetuoso y atento, como es, Ahued conforme lo iba escuchando no salía de su sorpresa. Dejó que el hombre hablara y hablara, prácticamente que despepitara todo.

Resultó que dirigía ¡un cuerpo de ayudantía de 30 personas!, pero su misión no era cuidar la seguridad de Hipólito y su familia, sino, agárrese bien o váyase para atrás, o lo que guste; su misión era ¡evitar que se le acercara la gente!, para lo cual formaban varios círculos de seguridad, similar a los del Estado Mayor con los que rodea a funcionarios importantes.

Ahued, con una sonrisa le agradeció sus valiosísimos servicios, pero le dijo que no los iba a necesitar ya que él iba a hacer exactamente todo lo contrario: dejar que se le acercaran todos; le informó que iba a recibir a todo aquel que quisiera hacerle algún planteamiento, alguna petición, denunciarle algún problema; que iba a escuchar a todos.

Ya en funciones, Ahued se llevó otra sorpresa al enterarse que el asesor de cabecera de Hipólito, Jorge Vilar Lorens, abusando de su cercanía con el alcalde, había nombrado como Coordinadora de Gestión Integral de Recursos Hídricos de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) a su esposa, con un sueldo mensual de 80 mil pesos, ¡pero que nunca se había presentado a trabajar! (Vilar Lorens está señalado como cabeza de todas las tropelías que se cometieron).

La exsíndica, Aurora Castillo Reyes, disponía de las mejores unidades del parque vehicular del ayuntamiento para pasearse por todo el estado en actividades vinculadas a Morena, que no le correspondían, es decir, desviaba los recursos públicos, porque facturaba gasolina y casetas con cargo al puesto que ocupaba.

Cuando se dio el cambio de administración, confiados, o por inexperiencia, o por la prisa de salir huyendo, los que salieron no limpiaron bien y dejaron basura, pero también evidencias comprometedoras de los actos de corrupción que cometieron.

Por ejemplo, el día que fueron a supervisar en qué condiciones entregaban el Departamento de Adquisiciones, a cargo de Fernando Rodríguez Hernández, una ingenua secretaria les mostró en un cajón y les entregó decenas de recortes de hojas blancas con la firma de la directora de Administración Rosa Isela Hernández del Campo, que tenían a la mano y utilizaban para “lo que se ofreciera”.

Por personas cercanas a mí, que atestiguaron o participaron en la entrega-recepción, tengo la información que menciono, y más. Todo fue quedando registrado ante notario público. El alcalde Ricardo Ahued Bardahuil es excesivamente discreto y nunca ha dado detalles, aunque ha aceptado públicamente que hubo anomalías en la administración que le antecedió.

El 14 de diciembre de 2022 dio a conocer que a partir de una auditoría había sido denunciado un presunto daño patrimonial, y sin señalar a su antecesor, de todos modos, declaró que las sanciones alcanzarían “a quien tengan que alcanzar… y a mí como servidor público me alcanzará lo que me alcance para hacer”.

Tanto Hipólito como Aurora recibieron en diciembre de 2022 un oficio de requerimiento para revisar el acta de entrega-recepción, pero insólitamente buscaron que un juez los amparara para que no se presentaran a rendir cuentas, cuando que se llenaban la boca diciendo que la consigna de Morena era que el que nada debe nada teme.

La pareja se defiende como gato boca arriba y los jueces les han venido dando palo ante sus intentos de amparo para que los dejen impunes. A la fecha siguen acudiendo ante todos los tribunales que existen porque quieren que los exoneren, pero terminantemente se resisten a acudir a aclarar todo y a rendir cuentas.

Son el prototipo de militantes de Morena que llegados a un cargo público usaron y abusaron del erario para provecho personal o de intereses particulares. Los amparos que han promovido, y que les han denegado, habla del tamaño de la corrupción en que cayeron, cuando se llenaban la boca gritando a todo pulmón que ellos no eran iguales, que eran la honestidad en persona, adalides de la transparencia y rendición de cuentas, y un largo etcétera. Puro cuento. A menos que demuestren lo contrario, resultaron unos corruptazos.

Mientras, el dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, guarda silencio. Así quieren que los veracruzanos vuelvan a confiar en ellos y les den sus votos en 2024.

Con afán de hacer negocio, ponen en riesgo la seguridad de niños

Con el desorden que impera hoy en el país, algunas personas tratan de abusar, de engañar y de aprovecharse de la ingenuidad de muchos para sacar provecho personal.

De acuerdo a información que me llega, de fuentes confiables, es el caso de una persona de nombre Héctor Quintanar García, quien mientras que se queja de la corrupción busca lucrar con guarderías de su propiedad.

Se presenta como un empresario honesto, pero en realidad está embaucando y manipulando a personas que creen en él. Actualmente percibe casi 4 millones de pesos mensuales por cinco centros infantiles que posee, entre los “Papalotes” y “Mariposas” que tiene en Xalapa, Veracruz y otras localidades del estado.

El año pasado, en noviembre, el IMSS le rescindió el contrato de una de sus guarderías en el puerto de Veracruz por tener registrados a niños que no asistían, por los que cobraba, con lo que causaba daño patrimonial a la institución. En su momento fue denunciado y tiene abierta una carpeta de investigación. Se busca que repare el daño que cometió. Obligó a sus trabajadores a salir a protestar en su defensa y con engaños logró que lo hicieran también padres de niños.

Ahora, en días pasados incitó a padres y trabajadores de su guardería en Cardel para que salieran a protestar (bajo un intenso sol, exponiendo a los niños) por el supuesto cierre de su parvulario, pero resulta que la guardería no es propiedad del IMSS sino suya, a pesar de lo cual el Instituto le vino ampliando la prórroga de un contrato que tenían, porque el servicio de guardería en esa localidad se licitó en tres ocasiones y se declaró desierta porque ni él ni nadie ha cumplido con los requisitos de Protección Civil para garantizar la seguridad y la protección de niños y trabajadores.

Pero no quiere que se le acabe el negocio no obstante que su guardería está ubicada a menos de 50 metros de una bodega de fertilizantes y de una recicladora de materiales inflamables, sitios que ante un incendio podrían causar una tragedia con pérdidas de vidas humanas. El contrato se venció el 31 de marzo y quiere que se lo sigan dando sin cumplir con los requisitos de seguridad que se le piden.

Mientras no se garantice la seguridad de los niños, de los trabajadores y hasta de los padres, las autoridades deben ser inflexibles. A nadie se le debe ni se le puede impedir que busque ganarse la vida, pero todo debe ser dentro del orden y de la ley. Nunca se debe olvidar el caso de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, en donde en 2009 un incendio dejó un saldo de 49 niños muertos y 104 lesionados. Falta de medidas de seguridad y corrupción causaron la tragedia.

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