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«Es absolutamente falso que yo haya recibido dinero del crimen organizado para la campaña de López Obrador en 2006. Es información para golpear al presidente por el año electoral», aseguró Nicolás Mollinedo, ex chofer y ex asistente del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Nicolás Mollinedo, quien ha sido acusado en reportajes de haber recibido dinero del crimen organizado en la campaña presidencial de AMLO, aseveró que esto “es completamente falso”, subrayando que fue entrevistado hace 15 días por el periodista estadounidense Tim Golden y le dio información que no publicó.

«Lo raro de esto es que el lunes sacan la información tres diferentes actores, periodistas, no se como decirles y los tres dicen que traen la investigación de hace tiempo…»

Y agregó: “De los personajes que se mencionan solo conozco a Mauricio Soto quien fue mi colaborador y no vi más de tres ocasiones a Francisco León, uno que era candidato, a todos los demás no los conozco…”

“Yo pienso que es un reportaje para golpear al presidente López Obrador en año electoral. Es absolutamente falso”, reiteró y dejó en claro que no está en contra de las investigaciones, al referir “qué bueno que Estados unidos investigue a todo el mundo…”

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En la ciudad de Querétaro se lleva a cabo la ceremonia por el 107º Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917.

En representación del presidente Andrés Manuel López Obrador acude la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

El presidente no participa en conmemoración en Querétaro del aniversario de la Promulgación de la Constitución porque previamente dio a conocer que encabezaría una ceremonia en Palacio Nacional y este día presentará sus reformas.

Cabe destacar que Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, participó este lunes en la ceremonia por el 107º Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Hace un año, la presidenta de la Corte Norma Piña no fue invitada.

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La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Elizabeth Pérez Valdez, emplazó al Gobierno Federal a emitir la declaratoria de desastre natural por falta de agua en la capital del país, con el objetivo de tener acceso a los recursos financieros de atención a desastres naturales para atender de manera inmediata y adecuada la escasez de agua.

En un comunicado informó que mediante un punto de acuerdo exhortó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para que, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, emita la declaratoria de desastre natural por sequía severa, extrema o excepcional en la zona metropolitana de la Ciudad de México.

Esto, con el fin de cumplir con los requisitos establecidos en la Ley General de Protección Civil para acceder a recursos del instrumento financiero de atención de desastres naturales.

Explicó que la poca disponibilidad de agua es producto de diversos factores, entre los que destacan la demanda y la mala gestión del vital líquido, circunstancia que está a nada de causar una problemática de proporciones nacionales.

Por ello, evidenció la irresponsabilidad por parte del Ejecutivo ya que, pese a la crisis hídrica, la Conagua tiene un presupuesto menor de lo que solía tener.

“Datos expuestos por un informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas revelan que, en últimos años, el presupuesto y gasto en materia hídrica ha disminuido particularmente en abastecimiento de agua. 

«Para este año Conagua tendrá un presupuesto inferior en 12 por ciento con respecto a lo que recibió en 2023, pasando de 71.7 mil millones a 62.6 mil millones de pesos.

«Con base en lo anterior, resulta complicado dotar de servicios de agua hoy y en el futuro a toda la población”, reprochó Pérez Valdez.

Sobre el recorte al suministro de agua que ha afectado a alcaldías y zonas que nunca antes habían tenido desabasto hídrico, la legisladora perredista señaló que es considerado el más grande en la historia del Sistema Cutzamala, que registra el nivel más bajo en 27 años. 

La vicecoordinadora recordó que diversos especialistas, como el exdirector de la Conagua, José Luis Luege, han señalado en diversas declaraciones como una irresponsabilidad que el Gobierno Federal no haya hecho la declaratoria de emergencia ante el grave problema de desabasto de agua en el país y en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Además de recordar que como consecuencia de la desaparición del Fonden, el propio Presidente ha asegurado que se tendrían a disposición recursos para los casos de emergencia. 

Esta problemática ha evidenciado inconvenientes referentes a la disponibilidad y las condiciones de la infraestructura hidráulica urbana, misma que está envejeciendo en muchas ciudades y será necesario hacer inversiones significativas para renovarla, finalizó la legisladora.

Cabe recordar que esta demanda se suma a la que en días pasados presentó ante la Comisión Permanente en la que exhortó a la Conagua a presentar un plan extraordinario en materia de atención, seguimiento, mitigación y prevención del fenómeno de sequía.

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El diputado Omar Enrique Castañeda González (MC) propone reformar la Ley Federal del Trabajo, a fin de señalar que el Servicio Nacional de Empleo también deberá promover “mayores oportunidades laborales para las y los mexicanos pertenecientes a pueblos originarios, con una perspectiva de derechos humanos, no discriminación y trabajo decente”.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen, indica que las adiciones al artículo 537 de dicha ley son esenciales para asegurar que los pueblos indígenas en México gocen de condiciones laborales justas y la oportunidad de contribuir al desarrollo de sus comunidades en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad.

En la exposición de motivos, indica que las personas indígenas enfrentan vulnerabilidades específicas en el ámbito laboral que requieren atención urgente, algunas de ellas son la discriminación en el empleo y la ocupación, el trabajo infantil y el forzoso. 

Castañeda González resalta que lo que se busca es mejorar las perspectivas de desarrollo personal y la integración social de las y los trabajadores, garantizando la libertad de expresión de sus inquietudes, la capacidad de organizarse y participar en las decisiones que afectan sus vidas, así como la igualdad de oportunidades y trato para todas las mujeres y hombres.

Señala que la reforma se alinea con los principios constitucionales al buscar eliminar la discriminación en el empleo y promover la igualdad de oportunidades para las y los trabajadores indígenas, contribuyendo así a la protección de sus derechos y al fortalecimiento de una sociedad pluricultural y diversa.

Indica que, de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los pueblos indígenas representan el 6.2 por ciento de la población mundial, lo que se traduce en más de 476.6 millones de individuos distribuidos a lo largo y ancho del planeta. 

Sin embargo, a pesar de su presencia significativa, las limitaciones educativas y formativas inciden directamente en su integración en la economía formal, dejándolos con un acceso restringido a oportunidades laborales de calidad.

La OIT señala que uno de los obstáculos más notorios radica en la falta de acceso a empleos de calidad, a pesar de que las y los jóvenes, las mujeres y los hombres indígenas tienen un 4.2 por ciento más de probabilidades de obtener empleo en comparación con sus contrapartes no indígenas, esta mayor probabilidad no garantiza necesariamente que se les brinde acceso a trabajos dignos

Asimismo, el concepto de trabajo decente representa un ideal fundamental en el ámbito laboral y se centra en la creación de oportunidades que permitan a mujeres y hombres llevar a cabo un trabajo productivo en condiciones que respeten los principios de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. 

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La diputada María Macarena Chávez Flores (PRD) promueve reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de auxilio a las víctimas de secuestro, para establecer que el Ministerio Público, en la solicitud que haga a la autoridad judicial para una orden de cateo de un domicilio o propiedad privada, también deberá señalar a la o las personas que han de “auxiliarse o” aprenderse.   

En la exposición de motivos, la legisladora subraya que las modificaciones a los artículos 282 y 283, fracción III de dicho ordenamiento resultan necesarias “con la intención de cubrir y proteger a las víctimas de secuestro o de violencia intrafamiliar, asegurando que las órdenes de cateo contarán con un respaldo mayor desde la Constitución y desde la ley secundaria, en este caso, el Código Nacional de Procedimientos Penales, para evitar impunidad por lagunas en el marco jurídico mexicano”.

Señala que esta iniciativa tiene la intención de evitar antinomias (contradicción entre dos preceptos legales) o lagunas en las normas mexicanas, ya que las últimas reformas a la Carta Magna han generado contradicciones y vacíos.

Refiere que el secuestro es un delito que lacera a la sociedad, pues la violencia y crueldad con el que se realiza provocan secuelas irreversibles entre las víctimas y sus familias, además de ser el hecho que conlleva a cometer otros ilícitos, convirtiéndose en una industria lucrativa ante la falta de una estrategia de seguridad pública nacional.

Precisa que en los países pobres en los que los gobernantes no cubren las expectativas de su población en materia de seguridad, el secuestro es una industria lucrativa. 

En México, agrega, las bandas dedicadas a la privación de personas van en aumento y actúan con total impunidad, por lo que menos del cinco por ciento de los delincuentes son presentados ante un juez. 

Subraya que, de acuerdo con informes de las propias autoridades, el secuestro ha llegado a ser un delito tan fácil de perpetrar que personas no profesionales planean, ejecutan y cobran los rescates haciendo más difícil la prevención, pues hay mucho campo por cubrir por parte de las autoridades en seguridad. 

En este contexto, asegura que la ausencia de una estrategia de seguridad pública nacional ha exacerbado el problema, por lo que se requiere que las órdenes de cateo sean más precisas, con el objeto de cubrir y proteger a las víctimas de secuestro o violencia intrafamiliar.