La Comisión de Movilidad, que preside la diputada Patricia Mercado Castro (MC), aprobó por 11 votos a favor y 6 en contra, el dictamen que reforma los artículos 44 y 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con el propósito de incluir supuestos mínimos para el retiro de la circulación de vehículos de carga.
En el artículo 44 se agrega que las entidades federativas, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México, en ningún caso podrán retirar de circulación vehículos destinados al transporte de carga en términos del artículo 48 de la presente ley.
Añade la fracción XV al artículo 49 para establecer que los vehículos destinados a transporte de carga serán retirados de circulación cuando representen un riesgo inminente a la seguridad o a la circulación en términos de lo dispuesto en los reglamentos federales, de las entidades federativas y de los municipios, en los siguientes supuestos: participe en siniestro vial, no porte placas, incurra en un acto ilícito y la persona operadora conduzca con niveles de alcohol por encima de los límites establecidos por las autoridades competentes.
La diputada Mercado Castro explicó que la reforma consiste en prohibir a las entidades federativas, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México, el retiro de circulación de vehículos destinados al transporte de carga, para que dichas autoridades establezcan reglas que eviten corrupción.
Resaltó que detallar los supuestos mínimos contribuiría de forma decisiva a minimizar los impactos negativos de los vehículos de carga en los sistemas de movilidad y a fortalecer la seguridad vial en carreteras, vialidades primarias, secundarias y terciarias.
El diputado Francisco Javier Borrego Adame (Morena), promotor de la iniciativa, aseguró que los agentes de tránsito amenazan a transportistas con encerrar el vehículo, pidiéndoles “moches” de hasta 20 mil pesos, cuando la multa es de alrededor de dos mil pesos, lo que es un problema a nivel nacional.
Enfatizó que esto afecta la economía del sector y cuando remiten al corralón estas unidades, el producto que transportan no llega a tiempo a las líneas de producción de empresas, lo que provoca que terminen su contrato del servicio. “El sector está muy dañado, hay robos en las carreteras, casetas donde hacen hasta cuatro horas y retenes corruptos”, abundó.
La Secretaría de las Mujeres se integrará al Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial
La instancia legislativa avaló con 17 votos a favor, el dictamen con proyecto de decreto que adiciona la fracción IV del Apartado A del artículo 7 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a fin de incorporar a la Secretaría de las Mujeres como integrante permanente del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial.
La diputada Patricia Mercado comentó que el 95 por ciento de las mujeres entre 15 y 29 años han sufrido algún tipo de violencia en el transporte y, desde 2018, la Organización de Naciones Unidas ha sostenido que en la Ciudad de México 9 de cada 10 mujeres ha vivido violencia sexual en espacios relacionados con el transporte público.
Refirió que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana para diciembre de 2024, el 67.7 por ciento de las mujeres manifestó sentir inseguridad en el transporte público, frente al 56.9 por ciento de los hombres.
Esas cifras, subrayó, revelan la necesidad de robustecer los mecanismos de coordinación y colaboración interinstitucionales para la aplicación exhaustiva de los principios, criterios y acciones ordenados por la Ley General de Movilidad con perspectiva de género, por lo que para la Comisión dictaminadora, es pertinente aprobar la reforma.
Mencionó que se recibió opinión positiva sobre el contenido del dictamen por parte de la Secretaría de las Mujeres, argumentando que la importancia de su aprobación es alta, porque permitirá contar con las atribuciones necesarias conforme a los nuevos deberes reforzados del Estado mexicano para garantizar una vida libre de violencia a mujeres, adolescentes y niñas.
La misma, dijo, resalta la necesidad de que la Secretaría de las Mujeres forme parte del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, con la intención de generar un cambio cultural que permita garantizar a las mujeres el ejercicio de una movilidad segura, para el cumplimiento de sus actividades, así como para el goce y disfrute de sus derechos humanos.
Mercado Castro dijo que del análisis de la iniciativa se detectaron referencias al Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres), en el artículo 32 fracción tercera, por lo que también se propone la sustitución correspondiente.
Enfatizó que es imperante la inclusión de la Secretaría de las Mujeres al Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial como dependencia integrante activa y permanente, ya que cuenta con las atribuciones necesarias conforme a los nuevos deberes reforzados del Estado mexicano para garantizar una vida libre de violencias a mujeres, adolescentes y niñas.
Además, coordinar en conjunto con las demás dependencias integrantes las políticas, programas y acciones que permitan avanzar en la erradicación de las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas en el ejercicio de su derecho a la movilidad, tanto en espacios públicos como en el transporte público y privado.
La diputada Nancy Aracely Olguín Díaz (PAN) señaló que la seguridad de mujeres y niñas en el espacio público como es el transporte, es una prioridad, por lo que era impostergable la intervención de la Secretaría de las Mujeres en el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial.
Impulsar acciones legislativas que garanticen acceso seguro a la movilidad y a la seguridad vial, subrayó, es una responsabilidad que compete a todos, pues está reconocido en la Constitución y debe traducirse en políticas públicas reales, efectivas y con perspectiva de género. “La realidad es que el espacio del transporte público no siempre es seguro, no es accesible y, definitivamente no se encuentra sensibilizado a las necesidades específicas de las niñas, jóvenes, mujeres y adultas mayores”.
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