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Durante este fin de semana, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) recibió varias quejas por un spot publicitario del gobierno de Donald Trump, en el que que la secretaria de Inteligencia, Kristi Noem «invita» a no migrar de forma ilegal a los Estados Unidos, además de calificar de criminales a las personas que intentan cruzar la frontera.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este lunes en su conferencia mañanera, que la Conapred mandó una carta, en la que califica el discurso del comercial como discriminatorio y revictimizante.

Ante esto, Sheinbaum adelantó que propondrá al Congreso de la República para impedir que gobiernos y entidades extranjeras puedan comprar espacios comerciales en televisoras nacionales, para evitar que difundan mensajes con contenido discriminatorio.

«Es parte de las reformas que vamos a enviar, para que ningún gobierno extranjero pueda pagar para poder difundir esta propaganda, que tiene un mensaje discriminatorio», dijo ante reporteros.

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La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo este lunes que «ni siquiera» hay pruebas de la presunta amenaza de sicarios mexicanos a Ecuador, donde las Fuerzas Armadas denunciaron una amenaza de «atentados terroristas» tras la reelección del mandatario del país suramericano, Daniel Noboa.

“No dice (la alerta) que los mandó la presidenta (a los sicarios), dice ‘enviados de México’. Se hizo una respuesta por parte de Relaciones Exteriores negando esto y, además, no dice ni siquiera de dónde venía la información ni cuáles son sus pruebas», comentó la mandataria en su conferencia matutina.

La gobernante mexicana desestimó un mensaje de las Fuerzas Armadas de Ecuador el 17 de abril sobre el presunto «traslado de sicarios desde México y otros países hacia el Ecuador, con la finalidad de realizar atentados terroristas contra el presidente de la República, su Gabinete ministerial y equipo de trabajo”.

La presidenta reiteró la respuesta que hizo el sábado la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), que negó «tajantemente» este sábado la vinculación con «supuestos actos delictivos» en Ecuador.

«La Secretaría de Relaciones Exteriores rechaza tajantemente la reiterada e inescrupulosa creación de narrativas en comunicados oficiales y/o filtraciones de documentos oficiales, que aludan a México como fuente de supuestos actos delictivos o situaciones internas en ese país», leyó Sheinbaum.

El episodio es una nueva escalada del conflicto entre México y Ecuador, que rompieron relaciones en abril de 2024 después del asalto de la policía ecuatoriana a la Embajada mexicana en Quito para detener a Jorge Glas, exvicepresidente en el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), que estaba asilado ahí.

La candidata del correísmo a las elecciones presidenciales de Ecuador, Luisa González, quien recibió el respaldo de Sheinbaum, tildó el domingo de «cortina de humo» la alerta de las Fuerzas Armadas sobre la presunta planificación de «atentados terroristas» contra Noboa.

Tras la reelección de Noboa el 13 de abril, Sheinbaum aseveró el miércoles pasado que México no reanudará relaciones con Ecuador «mientras Noboa ejerza el cargo de presidente porque él fue el responsable de la invasión a la Embajada de México», y tachó de «dudoso» su triunfo.

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La diputada Celia Esther Fonseca Galicia, del PVEM, presentó una iniciativa que reforma la Ley del Seguro Social para incorporar la atención integral de la salud mental como derecho fundamental.

La propuesta adiciona una fracción VI al artículo 111 para establecer en el régimen obligatorio que comprende los seguros el de la salud emocional, y que el IMSS garantizará su atención integral como parte del derecho a la seguridad social, incluyendo servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y reintegración social para los asegurados y sus beneficiarios.

Puntualiza que esta atención deberá ser accesible, oportuna, continua y con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Seguridad Social, señala que la salud mental es un componente esencial del bienestar integral y un factor determinante en la calidad de vida de las personas; sin embargo, en México las políticas en esa materia han sido relegadas durante décadas, lo que ha generado una crisis que afecta tanto a los individuos como al sistema de salud en su conjunto.

Subraya que, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2021, el 17 por ciento de la población mexicana padece algún trastorno mental, con prevalencias más altas en jóvenes y mujeres.

“A pesar de la magnitud del problema, el acceso a servicios de salud mental sigue siendo limitado. Solo dos por ciento del presupuesto total de salud en México se destina a esta área, una cifra considerablemente baja en comparación con el promedio global del cinco por ciento recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, precisa.

Advierte que la falta de atención integral en salud mental perpetúa un círculo de desigualdad, exclusión social y deterioro de la productividad económica.

Según la ENSANUT de 2021, más de 15 millones de personas en México padecen depresión, ansiedad o algún trastorno mental grave, mientras que el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz estima que 75 por ciento de las personas con trastornos mentales no recibe tratamiento adecuado, lo que incrementa los riesgos de suicidio, aislamiento social y deserción laboral.

Añade que solo 30 por ciento de las personas en el país cuenta con acceso a algún tipo de servicio de salud mental, y en muchas ocasiones estos servicios se concentran en áreas urbanas, dejando a comunidades rurales en desventaja.

“La OMS señala que en México hay 4 psiquiatras por cada 100 mil habitantes, cifra muy por debajo del estándar internacional recomendado, de 9 psiquiatras”, sostiene.

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Representantes de diversos colectivos y organizaciones de personas buscadoras que acudieron a la Cámara de Diputados al Foro “Personas desaparecidas: Lucha por la memoria y la justicia”, organizado por el Grupo Parlamentario del PT, solicitaron que se escuchen sus voces antes de generar una iniciativa en esta materia.

Familiares de personas desaparecidas provenientes de Michoacán, Jalisco, Sinaloa y Nayarit relataron cómo por sus propios medios se han dedicado a localizar a sus familiares, enfrentándose a la resistencia de parte de las autoridades a compartir información y a la poca coordinación entre las instituciones de procuración de justicia.

El diputado federal José Luis Sánchez González (PT) hizo un llamado a la movilización social, ya que la desaparición de miles de personas debería ser motivo para que “todo el pueblo de México estuviéramos levantados, movilizados, reclamando justicia”.

Recalcó que la desaparición de personas no es un hecho aislado, sino el resultado de años de abandono institucional y complicidad bajo un modelo neoliberal que dio la espalda a las víctimas.

Propuso un gran acuerdo nacional que ponga en el centro la paz, la verdad y la justicia, no como discursos, sino como compromisos reales del Estado; de igual manera, respaldó reformas que garanticen la búsqueda de personas como una política permanente, impulsada por convicción y no por coyuntura.

En su intervención, la integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en México, Michoacán, Blanca Liliana Jaimes, aseveró que las denuncias de estos colectivos son “un claro ejemplo la impunidad, la ineficiencia, la inacción y la no voluntad por parte del Estado para encontrar a nuestros familiares”.

Dijo que muchas veces son las propias autoridades quienes exponen a las madres buscadoras, y cuestionó por qué no se les convocó al diálogo antes del caso Teuchitlán, en Jalisco.

Lamentó que la atención a los casos dependa de la “voluntad política” y de si los familiares están afiliados o no a determinada fuerza política. “¿Qué les pasa, no sienten, no les pesa, no sienten el peso en sus hombros de todos los desaparecidos?”, recriminó.

A su vez, la representante del Colectivo Desaparecidos Michoacán, Viridiana Gil, exigió que se realice un encuentro con la presidenta de la República para generar acuerdos y planteamientos concretos a reflejar en la ley, de lo contrario, los acercamientos quedarán en sólo palabras. “Del decir al hacer hay un abismo y si a las familias de las víctimas no se les pregunta, no se puede sacar una ley”.

De igual manera, expuso la necesidad de implementar protocolos para dar atención y seguimiento a los casos de los familiares que se quedan a cargo de los hijos de personas desaparecidas.

Aseguró que actualmente la atención se centra en el caso del rancho en Teuchitlán, Jalisco, pero hace unos meses, a finales del año pasado, los reflectores enfocaron en Tacámbaro, Michoacán, donde se encontró una “megafosa” clandestina, en la zona conocida como “La Parotita”. Antes, fueron las fosas localizadas en el predio identificado como “Los negritos”, en las inmediaciones de la Ciénega-Chapala, en los límites con Jalisco.

Al relatar su testimonio, Irma Arellanes Hernández, la representante del Colectivo Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos, Irma Arellanes Hernández, alertó que, si estos grupos dan a conocer sus casos, muchas veces las asesinan.

Por tal motivo, solicitó que el Gobierno Federal escuche a 95 los colectivos que hay en México, y que las reformas propuestas sean consultadas con las madres buscadoras y las familias.

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El diputado del PT, Reginaldo Sandoval Flores, impulsó una iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política, a fin de incluir internet público dentro de los servicios que tengan a su cargo los municipios

La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, señala en sus considerandos que con la facultad reglamentaria que le confiere el artículo 115 constitucional para prestar el servicio de internet en sitios públicos, en caso de participación de particulares el municipio deberá implementar el marco jurídico que le permita funcionar y hacer efectivo el derecho a la conectividad.

Esto sería válido únicamente durante el periodo correspondiente a cada administración municipal, en apego a la legislación vigente, agrega.

Además, expone que en dicha contraprestación el servicio público de internet deberá ser gratuito para las y los ciudadanos, y deberá establecerse un límite a las decisiones y actuaciones de los ayuntamientos al momento de suscribir convenios.

Menciona que los municipios están obligados a ejercer la prestación de servicios públicos, y que, al ser de orden público, no tendrán ánimos de lucro, y se facultará a ejecutarlo por sí mismo, en colaboración con otras instituciones de la administración pública o particulares en su caso.

Agrega que la conexión a internet es un derecho humano reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde 2011, así como la Constitución Política establece en el artículo 6 que el Estado deberá garantizar el acceso a internet.

Sin embargo, en México, la mayoría de la población no cuenta con acceso a la red, dado que no está en sus posibilidades pagar las cuotas que establecen las empresas, o simplemente por falta de servicio en su comunidad.

Ante ello, el diputado Sandoval Flores enfatiza que el objetivo de la iniciativa es otorgar las facilidades a la ciudadanía para garantizar el derecho a la conectividad a internet, y así cerrar la brecha digital que existe en México.

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El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN) impulsa una iniciativa de reforma al artículo 211 Bis 1 del Código Penal Federal, para que se sancione de tres a diez años de prisión y multa de hasta mil Unidades de Medida y Actualización, a quien sin autorización acceda a un sistema de informática o datos protegidos por algún mecanismo de seguridad, con el fin de sustraer, modificar, destruir, copiar o alterar información.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Justicia, plantea endurecer las penas a quienes ejecuten ese delito, y establece que cuando sea cometido para causar un daño psicológico o material a la víctima, la pena será aumentada en una tercera parte.

El legislador argumenta que el phishing, el ransomware y las violaciones de la seguridad de los datos son ejemplos de las actuales ciberamenazas, donde los ciberdelincuentes son cada vez más ágiles y mejor organizados, así como el modo en que adaptan sus ataques y cooperan entre sí.

En este sentido, indica que de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana los principales delitos cibernéticos son la extracción de datos sin consentimiento (hacking), ataques intencionados a sistemas operativos y software (cracking), forma de engaño para obtener información bancaria (phishing), mensajes digitales con ligas de internet falsas al correo digital (spamming) y extorsión digital (ciberterrorismo).

Considera que, si bien el Gobierno Federal ha realizado acciones encaminadas al combate de los delitos cibernéticos, para lo cual se han creado distintas policías cibernéticas, tanto federales como locales, el Poder Legislativo debe dotar de marcos legales eficientes en el combate de este ilícito.

El diputado subraya que, al endurecer las penas por los delitos cibernéticos, la delincuencia se encontrará ante un sistema que realmente castiga estas acciones y se abstendrá de realizarlas, ya que en la actualidad la penalidad es muy baja –de seis meses a dos años de prisión y de cien a trescientos días multa– y pueden salir fácilmente bajo fianza o caución.

Enfatiza que un aumento significativo en las penalidades generará una baja significativa en estos delitos, ya que la delincuencia no verá estas actividades como un modo de generar ganancias y no salir perjudicada.