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El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, postergó la prohibición del glifosato, que debía entrar en vigor este lunes, hasta hallar una alternativa para este polémico herbicida, el más usado en la agricultura del mundo.

«Tenemos la necesidad de tener este agroquímico para la producción, entonces lo que se hizo fue dejar una pausa en tanto se obtiene un sustituto, y ese fue el acuerdo, básicamente, entonces se sigue investigando, se va a buscar la sustitución, pero es un proceso complejo», indicó el mandatario en su conferencia matutina.

El Gobierno de López Obrador emitió en febrero de 2023 un decreto para la eliminación gradual del glifosato, con una prohibición total que debía comenzar este primero de abril. Pero el gobernante mexicano argumentó ahora que «no hay en el mundo un producto para sustituir el glifosato».

El presidente reconoció que «hay una polémica buena sobre este tema del glifosato, incluso al interior del Gobierno», que se evidenció la semana pasada, cuando la Secretaría de Economía (SE) anunció que se mantendría la importación del herbicida, algo que respaldaron los empresarios del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

En respuesta, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), y la Secretaría de Salud (SSa) y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) avisaron que seguirían en búsqueda de un sustituto, al sostener que es dañino.

López Obrador indicó que la prohibición de la sustancia dependerá del avance de la investigación del Conahcyt, que recibió recursos públicos para encontrar una alternativa.

El glifosato ha causado polémica a nivel internacional, pues apenas en noviembre pasado las organizaciones ecologistas europeas lamentaron la renovación por otros 10 años de la autorización para utilizar el herbicida, al considerar que la decisión es «otro golpe a la biodiversidad».

Mientras que el grupo químico y farmacéutico alemán Bayer anunció el mes pasado que está desarrollando un producto que podría utilizarse como alternativa al controvertido herbicida, a pesar de que el consorcio sigue insistiendo en que es seguro.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el feminicidio de Camila, niña de ocho años asesinada en Taxco, Guerrero y que derivó en el linchamiento y muerte de la presunta secuestradora.

«Este es un caso muy lamentable, muy triste para todos, desde luego más para los familiares, amigas, amigos y para los mexicanos en general, porque tiene que ver con la pérdida de vidas humanas de una niña y también de una señora».

López Obrador indicó que las autoridades municipales y locales están investigando el caso pero no se descarta la intervención de la Fiscalía General de la República.

Adelantó que en la conferencia matutina de mañana martes estarán los integrantes del gabinete de seguridad para dar un informe general sobre todo lo ocurrido, desde que Camila de su casa, cuándo la encontraron, las órdenes de detención, los actos de linchamiento y lo que se ha investigado hasta el momento.

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La diputada María José Alcalá Izguerra (PVEM) destacó la aprobación del dictamen que declara el 23 de abril de cada año como el «Día del Olimpismo en México».

En un comunicado explicó que el objetivo es buscar difundir la práctica del deporte en la formación educativa y social de las y los mexicanos.

El decreto validado, precisó, coincide con los 100 años de existencia del Comité Olímpico Mexicano, que facilitó a un año de su creación el envío del primer contingente de atletas a los Juegos Olímpicos de París, en 1924.

Alcalá Izguerra proponente de la resolución lo hizo en su calidad de atleta olímpica y hoy diputada, para impulsar los principios y valores que representa el movimiento de Juegos Olímpicos, una filosofía de vida que utiliza el deporte como transmisor de reglas de competencia, pacifistas, democráticas, humanistas, culturales y ecológicas.

«Cada cuatro años el deporte acapara la atención de todo el mundo y es el nuevo ciclo olímpico el que da oportunidad a todos los deportistas de alto rendimiento de acumular y acrecentar su experiencia, tratando con ello de llegar en su mejor momento a la máxima justa deportiva, los juegos olímpicos», manifestó.

Agregó que el olimpismo combina las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu, una experiencia de vida que considera al ser humano como parte integrante de la sociedad y de la comunidad mundial, en la que el individuo se encuentra en constante búsqueda de la excelencia, o lo que es lo mismo, de su equilibrio entre lo bueno y lo malo, y lo consigue a través de su fortalecimiento espiritual, mental y físico.

«Vamos a seguir la promoción de los valores e ideales en favor del deporte y la sociedad, porque todos somos olímpicos», concluyó.

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El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, pidió que la iniciativa que reduce la semana laboral de 48 a 40 horas se suba al Pleno para ser votada, y así cumplir con las y los trabajadores mexicanos.

En un comunicado señaló que las y los mexicanos son los que más trabajan y menos ganan, entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Insistió en que el partido oficialista registra propuestas para la clase obrera, pero que al final les pone trabas, las congela y engaña a la gente, porque en realidad sólo tiene intereses electorales, promete con la intención de no cumplir.

Consideró que las y los obreros merecen descansar y tener tiempo de calidad con sus familias, que además de tener sólo un día de descanso se ven agobiados por el excesivo aumento de precios de los alimentos, consecuencia de las extorsiones que sufren tanto los productores como los transportistas.

Subrayó que esto queda demostrado cuando cuatro de cada 10 personas que trabajan actualmente en la formalidad, viven en pobreza laboral y no les alcanza para adquirir una canasta básica, realidad que ubica a México como el sexto país con la inflación más alta entre los miembros de la OCDE en alimentos y medicinas.

«El estrés que padecen las y los trabajadores mexicanos debido a las jornadas laborales y la inseguridad que hoy vivimos, merma la productividad, por eso es importante que puedan tener el tiempo necesario para relajarse, evitar enfermedades y fortalecer los lazos familiares y sociales».

Para los pequeños empresarios, destacó Moreira Valdez, debe haber estímulos fiscales por esta reducción de horas a sus empleados y que la entrada en vigor sea gradual, para evitarles pérdidas y no lastimar su economía, debe ser un ganar-ganar para ambas partes.

Tras explicar que reducir a 40 horas la jornada laboral equivale a pasar de seis días de trabajo a cinco, acotó que los grandes oligarcas deben empezar a implementarla, ya que tienen grandes ganancias, que les permite hacerlo en beneficio de sus empleados y de la productividad de su empresa.

Reiteró su llamado a las y los integrantes de la LXV Legislatura para que salga de la Mesa Directiva la propuesta que hizo una diputada estando en Morena.

Exigió se vote la iniciativa a la que dijeron sí de inicio, pero que en la realidad han detenido, cuanto antes, previo a que se termine el actual periodo legislativo.

“Cerremos el periodo ordinario con certeza y pasemos del discurso político electoral a los hechos”.

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La diputada Gabriela Sodi (PRD) fue condecorada por la asociación civil Buró Parlamentario como una de las 10 diputadas con mayor productividad y compromiso con el trabajo parlamentario para beneficio de México.

En un comunicado el grupo parlamentario informó que para entregar el reconocimiento la asociación civil da seguimiento a la labor realizada por las y los legisladores en lo individual para responder al mandato de representación de la ciudadanía, para lo cual aplica una metodología propia, y gracias a esta la Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables se hizo acreedora al referido nombramiento.

La asociación Buró Parlamentario subrayó que la diputada ha contribuido significativamente a la elaboración y discusión de leyes fundamentales para el país en materia de desarrollo social, economía, grupos vulnerables, igualdad de género, justicia y derechos humanos.

Los rubros evaluados y en los que Sodi Miranda destacó, incluso sobre sus compañeras y compañeros de bancada, son la cantidad, relevancia y avance procesal de las iniciativas presentadas como iniciante, así como el porcentaje de asistencia a sesiones de Pleno con votación registrada.

Es de precisar que a lo largo de esta legislatura la integrante del PRD ha presentado 89 iniciativas, de las cuales 11 fueron dictaminadas en positivo y turnadas al Senado de la República; de estas últimas, tres cumplieron su proceso legislativo y fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Dos de las iniciativas publicadas reforman y adicionan la Constitución Política: una, en materia de prevención de la violencia contra las mujeres; y otra, para la suspensión de derechos para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público.

La última es la Ley 3 de 3 contra la violencia, que fue resultado del trabajo conjunto de diputadas de distintas fracciones que integraron la mesa plural.

La tercera propuesta publicada de Gabriela Sodi fue para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, para añadir los principios de racionalidad y oportunidad en el uso de la fuerza y realizar otras precisiones a efecto de brindar seguridad jurídica a la ciudadanía.

Entre las ocho iniciativas restantes avaladas y turnadas como minutas al Senado están: conformar el registro nacional de albergues para animales en situación de calle; distribución de apoyos económicos ajustados al principio de paridad de género en la ciencia; incluir el derecho al trabajo digno en la Ley de los Derechos las Personas Adultas Mayores; reconocer a los animales como seres con sensibilidad; y garantizar educación inclusiva para personas con discapacidad.

Sodi presentó 54 proposiciones con punto de acuerdo, entre los que están exhortos al Ejecutivo, a las entidades federativas y a la Fiscalía General de la República (FGR) a garantizar la libertad de expresión y el ejercicio de la labor periodística a periodistas y profesionales de la comunicación en México; en materia de salud; y a los 32 congresos estatales para homologar leyes en el área de movilidad.

Asimismo, la diputada celebró la productividad de las mujeres en esta Legislatura: «estamos por encima de la media del trabajo parlamentario, de las decisiones parlamentarias. Fuimos la voz absoluta de las decisiones que impactan en territorio, impactan a la vida de los ciudadanos, las mujeres que estuvimos en esta LXV legislatura».

Agradeció a la asociación Buró Parlamentario la realización de estas numeralias y llamó a no dejar de investigar y evidenciar el trabajo legislativo.

«No cejen en estarnos investigando, en estarnos poniendo la lupa: ¿Trabajan? ¿Quiénes no trabajan? ¿Qué venimos a hacer aquí a la Cámara y qué estamos nosotras realizando como legisladoras?»

Finalmente, Sodi agradeció al GPPRD el acompañamiento para la construcción de una agenda que, confió, será continuada.

Además, comprometió que seguirá trabajando en sus causas y destacó su orgullo por cerrar el trabajo en la LXV Legislatura con este reconocimiento, e insistió en que las leyes tienen que cambiar para vivir y tener un mejor México.

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La diputada Marisol García Segura (Morena) presentó una iniciativa que reforma los artículos 99 y 163 de la Ley Federal del Derecho de Autor, con el propósito de establecer un Registro Público del Derecho de Autor para las aportaciones vocales de las y los locutores, actores de doblaje y artistas.

La propuesta establece que se considerará el registro de la voz de la obra audiovisual “por medio de una base datos de ésta en el Registro Público del Derecho de Autor para las aportaciones vocales de las y los locutores, actores de doblaje y artistas que utilizan su voz. La inscripción en este registro será voluntaria y no excluirá la protección de los derechos patrimoniales”.

Precisa que el productor no podrá utilizar la voz del actor en sus obras por un periodo mayor a cinco años a partir de la fecha de celebración del contrato correspondiente, salvo pacto en contrario; asimismo, en dicho documento jurídico se establecerá el uso o cantidad de obras y reproducciones en las cuales se utilizará su voz y las medidas de protección necesarias para su salvaguarda.

Añade que en el Registro Público del Derecho de Autor se podrán inscribir las aportaciones vocales de locutores, actores de doblaje y artistas que utilizan su voz en obras audiovisuales, en los términos del artículo 99 de esta ley.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Cultura y Cinematografía, explica que el avance de la tecnología ha permitido la creación de voces sintéticas que pueden replicar con precisión el tipo de entonación y timbrado de personas de la vida real, lo que da como resultado la generación de voz sintética para ser explotada como única, a partir de la esencia vocal de los locutores, actores de doblaje y artistas sin su consentimiento, crédito y mucho menos una remuneración.

Advierte que la ausencia de un marco legal que proteja el uso y beneficio de la voz de estos profesionales ha llevado a una situación en la que sus aportaciones son apropiadas y utilizadas sin el reconocimiento ni la remuneración que merecen; en consecuencia, esta problemática se extiende a distintos sectores mercantiles, por ejemplo, comerciales, series, películas y diversos medios donde la voz es una parte integral de la experiencia del espectador.

Por ello, considera imperativo crear reformas legislativas que salvaguarden los derechos de las y los locutores, actores de doblaje y artistas que a través de su herramienta vocal resulta esencial en la creación de contenido audiovisual.

Por esa razón, la legisladora considera que la iniciativa busca llenar este vacío legal al proponer la creación de un registro que permita el control y protección de su voz, para garantizar que estos profesionales puedan ejercer el manejo apropiado sobre el uso de su aportación vocal y recibir el crédito y la remuneración justa por su trabajo.

“Los locutores, actores de doblaje y artistas que utilizan su voz como medio de expresión artística enfrentan una amenaza creciente a su integridad profesional, lo cual afecta directamente a su estabilidad económica social y familiar”, finaliza.

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La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, demandó a los gobiernos federal, estatales y municipales, así como a las autoridades electorales, asumir su responsabilidad política y social para garantizar seguridad en este proceso electoral.

“Es obligación de las autoridades de gobierno de los tres niveles otorgar garantías a electores y candidatos, no polarizar el ambiente y dejar que la gente decida en libertad, y del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) fungir como árbitros sin sesgo”.

“Porque no se trata solo de la seguridad, sino también de respetar la legalidad. Los funcionarios deben de mantenerse al margen de participar activamente en la elección”.

Sin embargo, debe preocuparnos que de septiembre de 2023 a la fecha se hayan contabilizado 44 agresiones contra aspirantes o candidatos a cargos de elección popular, según informó Integralia; que haya un aspirante agredido cada cuatro días y que sean los aspirantes a cargos municipales los más atacados”.

Estados como Guerrero, Michoacán y Chiapas registran mayor cantidad de víctimas, y los “gobiernos estatales deben ofrecer mayores condiciones de seguridad y no pretender se normalice la violencia hacia candidatos, dirigentes partidistas y la sociedad en conjunto”, dijo.

También debe llamar la atención el grado de vulnerabilidad que enfrentan las autoridades electorales, y preocupa que las juntas locales de los OPLES de Chiapas, Campeche, Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Tamaulipas solicitaran medidas de seguridad para protección a capacitadores electorales y resguardo de material electoral, lo que obliga a una mayor coordinación entre autoridades.

Desde la Cámara de Diputados insistimos en la necesidad de continuar trabajando con el firme objetivo de lograr la convivencia que permita a los mexicanos seguir avanzando en la construcción de un país que ofrezca más y mejores oportunidades para todos. “Uno de los principios de la democracia es la imparcialidad para que la cancha sea pareja para todos”.

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El diputado Jaime Bueno Zertuche (PRI) propuso establecer en la ley el deber de fomentar las condiciones para la planificación, gestión y uso de espacios culturales, recreativos y deportivos, que involucren la participación de la comunidad, a fin de evitar la violencia y delincuencia, especialmente en las y los jóvenes

En un comunicado sostuvo que su propuesta para adicionar la fracción XI al artículo 4 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano pretende lograr la construcción de ciudades más saludables e inclusivas.

Argumentó que debido al rápido desarrollo urbano se ha quedado atrás el enfoque humano integral, por lo cual, subrayó, el acceso a la cultura, el deporte y la recreación es indispensable para priorizar el bienestar integral de la ciudadanía.

Es necesario, subrayó, que dichas actividades formen parte de los ejes de la ley que rige la política pública de planeación, regulación y gestión de los centros de población, a fin de fortalecer la identidad comunitaria.

Además, agregó, el artículo 75 de dicha ley establece que a los espacios públicos originalmente destinados a la recreación, el deporte y las zonas verdes utilizadas como parques, jardines o zonas de esparcimiento no se les podrá dar otro uso.

Bueno Zertuche puntualizó que el deporte y la cultura no son simples actividades complementarias de la vida cotidiana, ya que son pilares fundamentales que promueven la salud física, mental y emocional.

Señaló que esto permite un desarrollo de las habilidades y talentos de la población juvenil, que son los que preservan la herencia cultural.