Decir que la Justicia de los Estados Unidos hace el trabajo que le tocaría a la Justicia en México cuando desde el vecino país se acusa, se juzga y se logra que se declare culpables a políticos y funcionarios mexicanos involucrados con el narcotráfico, no es nada nuevo. La mayoría de los juicios y sentencias que se han logrado contra la narcopolítica y los narcopolíticos y funcionarios mexicanos que protegen o auspician a los capos de la droga, han ocurrido en tribunales estadunidenses, mientras que en México nuestras autoridades y Fiscalías solo son simples espectadores y a veces —como en el caso actual de Genaro García Luna— incluso aplaudidores de la efectividad de la justicia estadounidense.
Y aunque ya nos acostumbramos a eso, no deja de ser lamentable y hasta vergonzoso que tenga que ser un fiscal extranjero, en este caso Breon Pearce, Fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, quien califique al exsecretario de Seguridad Pública mexicano como un “traidor” a México: “García Luna, quien una vez estuvo en la cúspide de la aplicación de la ley en México, ahora vivirá el resto de sus días revelado como un traidor a su país y a los miembros honestos de la policía que arriesgaron sus vidas para desmantelar los cárteles”, declaró el lunes el fiscal estadounidense, tras el veredicto del Jurado.
Porque finalmente a Genaro García Luna, declarado culpable de 4 cargos de narcotráfico y uno de falsedad de declaraciones, nunca se le acusó ni se le juzgó en nuestro país, a pesar de que los delitos que le imputaron por proteger al Cártel de Sinaloa, recibir sobornos millonarios de sus capos y fomentar la expansión y crecimiento de ese grupo criminal, ocurrieron todos en territorio mexicano, cuando fue poderoso funcionario de seguridad en los gobiernos de Felipe Calderón y de Vicente Fox.
Ni la PGR de Enrique Peña Nieto, con el exprocurador Jesús Murillo Karam —hoy preso por el caso Ayotzinapa—, pero tampoco la Fiscalía General de la República en la era de la 4T, abrieron nunca carpetas de investigación y mucho menos investigaron las denuncias de colaboración con el narcotráfico y particularmente con el grupo sinaloense, que ya existían y se habían hecho públicas a través de acusaciones y declaraciones de algunos narcotraficantes, que son exactamente los mismos testigos que fueron presentados en la Corte de Nueva York.
¿Dónde estaba el fiscal Alejandro Gertz Manero cuando, antes de ser detenido en Estados Unidos en diciembre de 2019, Genaro García Luna se paseaba tranquilo por México, concedía entrevistas a medios de comunicación y seguía haciendo millonarios negocios como consultor de seguridad con oficinas en nuestro país y en los Estados Unidos? ¿Dónde estaba el presidente López Obrador que hoy celebra y aplaude el juicio contra García Luna en Estados Unidos, del que se volvió un gran promotor, y por qué su gobierno no acusó o pidió investigar al exsecretario de Seguridad durante el año de su gobierno que transcurrió antes de que lo acusara y lo detuviera en Dallas el Departamento de Justicia norteamericano?
Si López Obrador, quien hoy festeja y aplaude el veredicto de culpabilidad contra García Luna y hasta le pide desde su mañanera que “por el bien del país ojalá acepte convertirse en testigo protegido”, hubiera presentado una denuncia con todas las acusaciones y señalamientos que ha hecho contra la actuación del exsecretario de Seguridad federal y le hubiera pedido a su amigo el fiscal Gertz Manero que investigara, tal vez tendría más autoridad moral para pontificar desde su mañanera sobre la importancia del juicio al exfuncionario calderonista. Pero ni su gobierno hizo nada, ni su fiscal —a quien protege y defiende a pesar de su probada ineficacia, abusos de poder y excesos— tuvo la capacidad para hacer lo que sí pudieron lograr los fiscales de Estados Unidos.
Declaraciones como esta: “Es inconcebible que el acusado traicionó su deber como Secretario de Seguridad Pública al aceptar con avidez millones de dólares en sobornos que fueron manchados con la sangre de las guerras de cárteles y batallas relacionadas con las drogas en las calles de los Estados Unidos y México”, debería hacerlas el fiscal mexicano y no el fiscal Pearce de Nueva York; pero está claro que hay de fiscales a fiscales, y mientras los de Estados Unidos son profesionales de la justicia, el derecho y la investigación, los de México suelen ser los amigos, los cuates o los compadres del Presidente o de los gobernadores.
La mejor prueba de que en México estamos a años luz de tener fiscalías y sobre todo fiscales tan profesionales y eficientes, ya no sólo como los de Estados Unidos, sino tan siquiera al nivel de varios países latinoamericanos, desde Guatemala hasta Chile, Brasil o Argentina, es lo que hoy sucede en la Fiscalía General de la República, donde el fiscal Gertz Manero cumple ya dos meses ausente del cargo por enfermedad, con una Fiscalía acéfala y sin que la FGR informe cuál es su estado de salud real y si está en capacidad física y mental de continuar en el cargo. Y peor aún, que el único que informe de una supuesta “recuperación” del fiscal “autónomo” sea el presidente de la República. ¿Así o más claro?
NOTAS INDISCRETAS…
En medio del agandalle de Morena, que acusa la oposición, en el proceso de integración de las quintetas para elegir a cuatro nuevos consejeros del INE, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Cámara de Diputados que en la quinteta que se proponga para elegir al nuevo presidente del instituto electoral sólo deben incluir a mujeres, con la idea de que la nueva titular de la presidencia sea una mujer y cumplir así con la paridad de género en el organismo comicial. Por cuatro votos a favor y dos en contra, los magistrados federales decidieron modificar la Convocatoria que emitió la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, que proponía originalmente una quinteta mixta para elegir al nuevo presidente del INE que sustituiría a Lorenzo Córdova, y decidieron de ese modo que los cinco candidatos a encabezar el órgano autónomo deberán ser mujeres. Con eso, dijo el magistrado presidente Reyes Rodríguez, se garantizará la alternancia de género en el Instituto electoral, a la par que la nueva integración del Consejo General quedará formado por 5 mujeres, 5 hombres y una presidenta. Veremos cómo toman en San Lázaro la orden del Tribunal electoral… Desesperada por tratar de explicar lo inexplicable, a raíz de que se exhibió el video donde se le ve recibiendo 1 millón de pesos en efectivo por parte del secretario de Gobierno de Campeche en 2021, la senadora morenista Rocío Abreu volvió a incurrir ayer en sus ataques misóginos, machistas y de violencia de género contra la senadora del PAN, Lilly Téllez. Cuando se discutía en tribuna el Plan B de la reforma electoral lopezobradorista, la senadora Abreu, quien ya en una ocasión anterior había atacado a Téllez por asuntos de su vida privada, fue escuchada por algunos senadores cuando llamó “piruja” a su colega panista, lo que motivó la reacción de Lilly que subió a tribuna a reprocharle sus palabras y a acusarla de “corrupta y burócrata” al recordarle el video donde recibe fajos de dinero en efectivo, algo que la senadora Abreu ha calificado como “una práctica normal” en Campeche y ha dicho que como “en los municipios no hay bancos” por eso le daban dinero en efectivo en la oficina del gobernador priista Carlos Miguel Aysa. El caso es que la morenista, ya sin argumentos para defenderse, subió a tribuna para amenazar a Lilly Téllez con difundir un video sexual de la senadora panista: “Yo no tengo problemas de demostrar el tema (los videos)…Y Lilly, no te preocupes, va a salir tu video, pero el tuyo no va a ser apto para menores de 18 años. Al final de cuentas, quien se lleva se aguanta. No sólo te manda saludos Marisa, sino la esposa del arquitecto a quien le quitaste la casa”, dijo en la tribuna senatorial la senadora Abreu. Vaya nivel de debate el que se traen en el Senado y a la legisladora de Morena, que gusta de balconear y amenazar con temas de vida privados y videos íntimos a sus compañeras senadoras, sería bueno recordarle que eso es un delito y que la llamada Ley Olimpia, aprobada por el Congreso, justamente se hizo para evitar que las mujeres sean amenazadas o extorsionadas con difundir y publicar su intimidad. Claro que viniendo de Campeche, donde su amiga la gobernadora Layda Sansores espía y viola la ley un día sí y el otro también, a la senadora antifeminista, misógina y recaudadora de dinero en efectivo poco le debe importar la ley…Los dados mandan Serpiente. Se acabó la buena racha..
