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Violencia contra la prensa en México en 2023: ¿cambio o continuidad? 

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Nota editorial: Reflexión en coyuntura electoral

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica presenta comúnmente sus informes anuales en el primer cuatrimestre de cada año. En esta ocasión, al encontrarse México en un proceso electoral de grandes dimensiones, la organización presentará su documentación y análisis en dos momentos: esta primera etapa que resalta una versión resumida de la violencia que vivió la prensa durante 2023 y un informe completo sobre la violencia contra la prensa durante el sexenio que termina. 

Aquí se presenta, previo a la apertura formal de las campañas electorales[1], una revisión de los datos de violencia documentados por la organización durante 2023, con el propósito que sirva de herramienta a las y los candidatos, de todos los niveles y todos los partidos, para comprender el estado actual de la violencia, y que puedan proponer soluciones y políticas públicas integrales para la protección de periodistas y medios de comunicación. 

El informe completo en donde se evaluará el sexenio no sólo informará sobre la violencia contra la prensa, sino un panorama amplio sobre la situación de la libertad de expresión y acceso a la información en sus múltiples vertientes. Este se presentará en julio de 2024, posterior al proceso electoral, con el propósito de otorgar una reflexión y un análisis más amplios sobre el estado de estos derechos en el país; buscando aportar a los próximos gobiernos municipales, estatales y federales de herramientas claras para el diagnóstico, análisis y propuestas de mejora en sus administraciones.

  1. La violencia en 2023

En 2023, ARTICLE 19 registró 561 agresiones contra la prensa, lo que significa que en México, en promedio, se agrede cada 16 horas a una persona periodista o medio de comunicación en el marco del ejercicio de su labor. Esta cifra incluye la desaparición[2] deJuan Carlos Hinojosa Viveros en Nanchital, Veracruz, cuyo paradero se desconoce hasta el momento, y los asesinatos de 5 periodistas[3] con un posible vínculo a su labor periodística[4]Marco Aurelio Ramírez Hernández (Puebla), Luis Martín Sánchez Íñiguez (Nayarit), Nelson Matus Peña (Guerrero), Jesús Gutiérrez Vergara (Sonora) e Ismael Villagómez Tapia (Chihuahua). 

Según la documentación de organizaciones internacionales[1] sobre libertad de expresión, fuera de Israel y los territorios ocupados de Palestina, con los asesinatos aquí registrados, se seguiría colocando a México como uno de los países más letales para ejercer el periodismo en el año 2023.

No obstante, en cuanto al número de casos, las agresiones documentadas por ARTICLE 19 presentaron una reducción del 19.40% con respecto al año 2022, el cual se mantiene como el año más violento para la prensa en registros de la organización[2]. Una reducción de este porcentaje no se había documentado desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, cuando en 2010 se documentaron sólo 162 casos.  

Como comparativo del quinto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el correspondiente de Felipe Calderón, 2011, se documentaron 172 agresiones (el año 2023 representaría un cambio porcentual de 226.16% respecto a este[3]). Mientras que en el quinto año del sexenio de Enrique Peña Nieto, la organización documentó 507 agresiones (cambio porcentual de 31.40% respectivamente). Con ello se da cuenta de que los niveles actuales de violencia, permanecen aún más altos que en los mismos periodos de gobiernos anteriores.

Aún así, esta significativa reducción interanual (2022-2023) conlleva a reflexionar sobre los reportes de violencia de la prensa: ¿hay una continuidad de la violencia pero menos reportes?, ¿o, efectivamente, hay un cambio real en las tendencias? Por un lado, es posible que los cambios gubernamentales en los últimos años, y la creación de más instituciones y mecanismos de protección y atención a víctimas, hayan reducido los reportes de violencia a los actores no estatales. Por otro lado, al igual que el periodo de Felipe Calderón, pudiera ser sólo un año de reducción que después, desafortunadamente, pudiera incrementar en el último año del sexenio. 

Como se verá más adelante, algunos estados mantienen una concentración de la violencia, mientras que otros presentaron reducciones. Tales son los casos de Tamaulipas, Michoacán y Chiapas, los cuales pasaron de tener más de 30 casos cada uno, a menos de una decena. 

En el estado de Tamaulipas, ARTICLE 19 pasó de documentar 39 casos a sólo 6. Uno de esos casos fue el de Martha Olivia López, directora del medio digital En un 2×3, corresponsal del Canal Catorce del SPR, colaboradora de Astillero Informa y Rompeviento TV. En agosto de este año, la periodista publicó una nota informativa sobre restos humanos encontrados en fosas clandestinas en el ejido La Retama, Tamaulipas, el cual es presuntamente propiedad de Francisco Cabeza de Vaca, exgobernador del estado. El exfuncionario negó los hechos y la amenazó con acciones legales[4]

Para Martha Olivia, aunque sí ha habido agresiones en Tamaulipas, la reducción de la documentación se debe principalmente a una reestructuración en el estado, y a algunas instituciones a nivel estatal: 

“Me parece que la disminución en número de agresiones se da como parte del cambio de administración y que el nuevo gobierno llegó con un bono a su favor. Ahora hay una instancia, la Subsecretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales, donde se atiende las quejas y denuncias de periodistas que han tenido incidentes. Desde el 2018, la anterior administración se comprometió a implementar el Mecanismo estatal de protección a defensores de derechos humanos y periodistas pero no lo hizo. Tampoco en esta nueva gestión, con 16 meses, lo ha echado a andar, pero al menos hay alguien que recibe quejas y asesora.”

Así, en opinión de la periodista, el caso de Tamaulipas podría representar un ejemplo de fortalecimiento institucional y sus impactos en la violencia contra la prensa. 

En contraparte, algunos estados de la República podrían representar más bien zonas de silencio donde la violencia ha desbordado a las autoridades. Para Ángeles Mariscal, periodista de Chiapas Paralelo y colaboradora en varios medios nacionales, este podría ser el caso de Chiapas: 

“Lo que está pasando en Chiapas es que estamos viviendo la disputa territorial entre grupos del crimen organizado, locales y trasnacionales, y una fuerte violencia contra la población que ha quedado atrapada, en medio de esta disputa, sin poder denunciar, sin poder salir, siendo obligada a participar, y obligada a guardar silencio. 

Se crearon zonas de silencio donde ya no es posible la cobertura en campo, lo que en sí mismo ya es una de las peores violencias contra la libertad de expresión e información, situación que deja desamparada a miles y miles de personas.

Aún en esas condiciones la mayoría de periodistas –no todos y todas– hemos seguido trabajando, pero sentimos sobre nuestras espaldas la presión de estos grupos y sus vínculos. Lo que vivimos en Chiapas es una de las peores violencias que al menos yo he vivido a lo largo de más de 20 años de trayectoria periodística. Esto quizá no se pueda poner en cifras, quizá habría que tener otros parámetros de medición de la violencia, pero es indudable que estas condiciones hacen que en Chiapas vivamos uno de los peores momentos en materia de libertad de información y expresión.”

De esta forma, Chiapas es una muestra de cómo, después del año más letal y más violento contra la prensa, las circunstancias de violencia perpetúan el miedo. Periodistas, por protocolos de autoprotección, siguen cubriendo pero sin reportar la violencia que sufren por temor a represalias. 

Así, ante la posibilidad de un subregistro de agresiones en algunos estados, el año 2023 se presenta como una incógnita de lo que viene, si será cambio o continuidad de la violencia sólo podrá analizarse considerando de manera más amplia las tendencias a lo largo del sexenio. El año 2024, en medio de un proceso electoral, será clave para el estado de libertad de expresión y de acceso a la información en el país.

II. ¿Cómo se agredió a la prensa? 

En cuanto a la tipología de violencia que vivieron periodistas y medios de comunicación este año, se encuentran los mismos patrones que se han reportado en los últimos años. Las tres categorías de agresiones más documentadas en el 2023 fueron: 1) intimidaciones y hostigamientos; 2) el uso ilegítimo del poder público, principalmente a través de la estigmatización y el acoso judicial; así como 3) las amenazas tanto en la esfera física como digital. Las cifras de estas tres categorías de agresiones representan el 58.82% del total de hechos violentos que fueron registrados este año.

Continuando una tendencia desde el 2019, la intimidación y el hostigamiento se posicionó como la embestida más común en contra de periodistas y medios de comunicación, con 124 casos documentados, o 22.10% del total. Las intimidaciones pueden ser casos tanto en línea como en el espacio físico en donde, a través de comunicaciones o actos, se busca generar temor a la prensa para que ésta deje de cubrir o publicar[5]

Por su parte, el uso ilegítimo del poder público[6] se ubicó como la segunda agresión más frecuente durante 2023, con 106 casos documentados (18.89%). Esta tipología de agresión representa una tendencia al alza que ARTICLE 19 ha registrado desde el primer semestre del 2022. Existen principalmente dos procesos de preocupación para la organización: la estigmatización desde la tribuna pública y los procesos de acoso judicial

En Veracruz, el efecto cascada de la estigmatización por parte de las autoridades ya se ha vuelto una práctica común, particularmente en contra de mujeres periodistas, por parte de la administración de Cuitláhuac Jiménez, gobernador de Veracruz. ARTICLE 19 documentó casos donde principalmente las reporteras cubrían notas de derechos humanos de las mujeres, violencia de género, así como corrupción y política. Denisse López, reportera de Nmás Televisa Veracruz, Sarah Landa, de Meganoticias, y cuatro compañeras más cuyos nombres se reservan por seguridad, reportaron a ARTICLE 19[1] que en entrevistas y en conferencias públicas, el gobernador les denostó, les acusó de que “su objetivo era desinformar”, les ha negado responder a preguntas, entre otros actos. Lo anterior, con connotaciones sexistas y machistas que vulneran de forma diferenciada a las comunicadoras de Veracruz. 

El acoso judicial, por su parte, ha sido una tendencia que ARTICLE 19 ha documentado desde el año 2016[2]. Este último año, se iniciaron 22 procesos judiciales contra periodistas en los ámbitos administrativos, civiles, electorales e inclusive penales, el equivalente a que cada mes en promedio se inicien 1.8 procesos judiciales en su contra de periodistas por las investigaciones que realizan. 

En tercer lugar, la categoría de amenazas acumuló 100 casos (17.83%)[3]. Aunque 38 casos de las amenazas ocurrieron en línea, la gran mayoría ocurre directo en cobertura, o en los propios domicilios de periodistas. Un caso que ejemplifica esta violencia ocurrió el 9 de enero, cuando Samuel Roa Botello, director del portal informativo Emsa Valles, recibió una hielera con dos cabezas de cerdo y caña de azúcar afuera de su domicilio en Ciudad Valles, San Luis Potosí[4]. Estos hechos ocurrieron después de que el portal informativo publicó una serie de reportajes sobre el control de grupos criminales en el sector cañero en la Huasteca Potosina. 

III. ¿Quién ejerció la violencia?

Como se ha resaltado en varios de los casos ejemplificados a lo largo de este texto, la violencia contra la prensa tiene un origen diverso, desde funcionarios públicos y partidos políticos, pasando por particulares hasta integrantes de grupos delictivos. Desafortunadamente, 2023 no resalta un cambio sustancial en estas tendencias, pues el Estado mexicano sigue siendo el principal agresor de la prensa, con 287 casos de violencia documentada (51.16% del total). Le siguen particulares con 95 casos (16.93%), y después grupos de delincuencia organizada, con 57 casos (10.16%), finalizando con 25 casos de agresiones provocadas por partidos políticos (4.46%). A su vez en 97 ocasiones (17.29%) ARTICLE 19 pudo identificar una agresión pero no contaba con elementos suficientes para categorizar al agresor.

En lo que respecta a las 287 agresiones por parte del Estado Mexicano, son los funcionarios públicos civiles quienes, en 204 ocasiones (71.08%), agredieron a la prensa, principalmente a través del uso ilegítimo del poder público y las intimidaciones. Le siguen las fuerzas de seguridad civiles (fuerzas policiales o guardias de seguridad contratados por funcionarios) con 75 casos. Cabe resaltar que las fuerzas policiales fueron responsables de al menos 15 lesiones a periodistas, así como 10 detenciones arbitrarias. Finalmente, ARTICLE 19 documentó al menos 8 casos donde personal de las fuerzas armadas fueron quienes agredieron a las y los periodistas en sus coberturas, principalmente bloqueos informativos, algunos de ellos con uso de fuerza física.

En lo que respecta a los niveles de gobierno, en el 2023 las autoridades estatales son el nivel de gobierno con más agresiones contra la prensa con 126 casos documentados (43.90% de las agresiones por parte del Estado Mexicano). Al igual que en 2022, el gobierno Federal mantuvo su rol como el segundo nivel de mayores agresiones (91 casos, o 31.71%). Finalmente los gobiernos municipales fueron responsables de 70 casos, o el 24.39%.

Los actores particulares, principalmente agredieron a la prensa con intimidaciones y amenazas. No obstante, es preciso mencionar que en al menos 10 casos, se identificó que particulares estaban usando el discurso repetido en las Conferencias Matutinas presidenciales, y al agredir a la prensa también la catalogan como “chayoteros”, “vendidos”, o “golpistas”. Tanto en campañas de desprestigio como directamente en sus coberturas, individuos ahora toman el discurso presidencial como un justificante para sus agresiones a la prensa. Así, el discurso estigmatizante del cual ARTICLE 19 lleva alertando en los últimos años, continúa esparciéndose, generando un clima aún más adverso contra la prensa. 

Por su parte, los grupos de delincuencia organizada se vinculan principalmente a amenazas, consolidando 30 casos. Así, 3 de cada 10 casos de amenazas en el país provienen de la delincuencia organizada. De la misma forma, preocupa a ARTICLE 19 que hubo 14 casos de ataques físicos tanto a periodistas como a sus bienes materiales, y al menos 4 privaciones de la libertad donde se pudo documentar de manera explícita el involucramiento de la delincuencia organizada. En los 5 asesinatos documentados este año la delincuencia organizada presuntamente tuvo un vínculo directo o indirecto con los hechos. Esto resalta que, aunque sean un porcentaje menor desde una visión cuantitativa, la violencia de la delincuencia organizada representa un grave riesgo para la prensa. Ello no significa que, detrás de los asesinatos, la autoría intelectual radique únicamente en grupos criminales, por el contrario, suelen ser grupos políticos que actúan en complicidad con las organizaciones delincuenciales.

IV. ¿Dónde se agredió a la prensa?

La violencia contra la prensa continúa siendo una constante en todo el territorio nacional, pues 29 de las 32 entidades federativas documentaron agresiones contra la prensa en 2023. Sólo los estados de Hidalgo, Querétaro y Zacatecas no documentaron alguna agresión. Por el contrario, los cinco estados de la república con más agresiones fueron Ciudad de México, con 115 agresiones, Guerrero con 48, Puebla con 39 casos, Guanajuato con 38 casos, y Veracruz con 36. 

  • Ciudad de México: La capital mexicana en 2023 continúa siendo la entidad con mayor número de agresiones, posición que mantiene desde hace diez años. La Ciudad de México concentra un total de 115 agresiones, lo que es alrededor del 20% del total en el país. 

    No obstante, como ha sido el caso en los últimos años, gran parte de las agresiones documentadas en la capital provienen de los actos de estigmatización directa del Ejecutivo Federal, principalmente desde las conferencias matutinas o Mañaneras. En el 2023 se registraron al menos 62 casos de estigmatización, criminalización, bloqueos informativos e incluso publicación de información sin consentimiento. Asimismo, como se ha indicado en otros informes, la capital cuenta con diversos mecanismos de reporte, así como un alto número de habitantes y el volumen de medios de comunicación que ahí se concentran, resaltando otra razón para los altos niveles de agresiones documentados. 
  • Guerrero: Ocupó el segundo lugar con 48 ataques, que representan el 9% del total; sin embargo, es de particular atención que dicha entidad haya pasado del sexto lugar en 2022 a la segunda posición en tan solo un año. Es de gran preocupación en la entidad el alza a la violencia, particularmente con respecto a casos vinculados a la delincuencia organizada, como lo fueron las privaciones a la libertad de periodistas[1] y los ataques armados[2]
  • Puebla: Fue el tercer lugar con 39 casos (7%), sitio al cual llegó después de ser el séptimo estado con mayor número de ataques en el 2022. La mayoría son intimidaciones y hostigamientos; en este escenario, cabe resaltar los actos y comunicaciones  intimidatorias, así como el bloqueo informativo como el subtipo de agresiones más comunes. También es de singular preocupación que este año en Puebla se hayan registrado 4 hechos de privación de libertad y 2 de los cuatro casos suscitados por tratos crueles, inhumanos y degradantes, ambos durante el trabajo de cobertura de protestas.
  • Guanajuato: Pasó de tener 26 agresiones en 2022 a 38 agresiones registradas en 2023 (7%). Para la periodista Verónica Espinosa, corresponsal de Proceso, el aumento de los embates contra periodistas en la entidad responde a una diversidad de factores, entre los que se encuentran: 

“[…] una crisis de las corporaciones de policía municipales y estatales y en general de las fuerzas de seguridad del estado[3], lo cual es un indicador de la difícil condición (del gremio periodístico), de la difícil interacción de los y las periodistas (con las autoridades) y de la infiltración enorme que hay del crimen organizado en un estado que ha encabezado los últimos cinco o seis años las estadísticas del número de homicidios dolosos en el país. Todo esto ha convertido a Guanajuato en un campo fértil para la intimidación, la amenaza y el asedio a periodistas”.

  • Veracruz: Se consolidó como el quinto estado más violento para periodistas con 36 agresiones contra la prensa (6%). Resaltan los ataques físicos[4] y que aquí se registraron 3 de los seis casos de desplazamiento interno documentados en el año. Como se presentó en la investigación “Veracruz de los Silencios”[5], la entidad se mantiene como una de las más peligrosas contra periodistas y medios de comunicación. De hecho, se ha mantenido así desde el año 2009, como uno de los diez estados con mayores índices de violencia contra la prensa en México.  

V. Las víctimas de la violencia

Además de su ubicación geográfica, la violencia contra la prensa se configura de distintas maneras, dependiendo de quiénes son las víctimas, sus coberturas, si son hombres o mujeres, si pertenecen a alguna comunidad indígena o si son parte de la comunidad LGBTTTIQ+. 

En cuanto a sus coberturas, el año 2023 no presenta ningún cambio a lo que se ha documentado en los últimos dos sexenios. Tal y como ARTICLE 19 lo ha documentado desde 2017, periodistas quienes cubren la corrupción y política son quienes más están en riesgo, como se demuestra con los 299 casos documentados, o  53.30% del total. Por su parte, la seguridad y justicia, con 132 casos (23.53%), se coloca en segundo lugar. Estas dos categorías de cobertura siguen siendo las de mayor riesgo en México, al representar el 76.83% del total. 

El gremio periodístico continúa siendo un espacio primordialmente ocupado por hombres. Así que no es de sorprender que de los 561 ataques perpetrados contra la prensa en 2023,  los hombres periodistas fueron las víctimas con el mayor número de agresiones, con 303 casos (54.01%). Por su parte, las mujeres fueron víctimas de 167 ataques (29.77%), dentro de las cuáles 2 fueron agresiones contra mujeres trans. Asimismo, ARTICLE 19 documentó 91 agresiones (16.22%) dirigidas hacia medios de comunicación o colectivos de medios. 

Siete periodistas quienes fueron víctimas de violencia indicaron a esta organización que pertenecen a la comunidad LGBTTTIQ+. Esto no significa que se garantice seguridad para su labor, sino que es posible que exista un subregistro en materia de denuncia por temor a sufrir discriminación y más violencia o, incluso, que existe poca representación de la diversidad de género y sexual y de personas no binarias en el gremio periodístico. 

Ocho agresiones, al menos, fueron contra periodistas que se auto adscriben como indígenas. Principalmente las y los periodistas indígenas cubren temas de derechos humanos y lucha por la tierra y el territorio, 1 de los casos ocurrió durante una protesta social. Lo anterior es el reflejo de que, periodistas pertenecientes a estas comunidades tienen un mayor riesgo como personas defensoras de sus propias comunidades, por su propia identidad y como personas comunicadoras. 

VI. Conclusiones y recomendaciones 

La violencia contra la prensa es un fenómeno complejo el cual involucra múltiples actores, y que varía en cada región del país. En cierta medida, la violencia contra la prensa es un reflejo de otros fenómenos de violencia sociopolítica tanto en contextos locales como nacionales. Los mecanismos de criminalidad compleja, donde convergen poderes económicos, públicos y criminales, y en los que la prensa enfrenta todo tipo de ataques (inclusive letales); no fueron mínimamente desarticulados ni llevados a cuentas ante las instancias de justicia durante la presente administración.

A pesar de los procesos de violencia que la prensa ha padecido de forma aguda las últimas tres administraciones, periodistas hombres, mujeres y no binaries continúan en sus luchas: cubriendo el actuar de las autoridades mexicanas, la violencia en el país, así como graves violaciones a derechos humanos. 

El 2024 se perfila como un año particularmente difícil para la labor periodística. Como ha sido documentado por ARTICLE 19, en los procesos electorales se materializan grandes tensiones políticas en las cuales periodistas y medios de comunicación se encuentran vulnerables. Ejemplo de esto es que en el año 2018, prácticamente 2 de cada 5 agresiones contra periodistas ocurrieron en el marco de su cobertura electoral[1]

En aras de fortalecer la libertad de expresión y acceso a la información para la prensa en México, ARTICLE 19 reitera al Estado Mexicano sus obligaciones de respeto, prevención, protección e investigación de ataques contra el ejercicio periodístico.

Recomendaciones a las, los y les candidates:

  • Abstenerse de abusar del poder público el cual tienen como parte de una estructura política. Particularmente, abstenerse de iniciar procesos judiciales en el ámbito civil, penal o electoral contra periodistas críticos o medios de comunicación. 
  • Generar un discurso que promueva las discusiones plurales, diversas, el encuentro de opiniones, y que no estigmatice o denoste la labor del ejercicio periodístico en una sociedad democrática.
  • Establecer en sus plataformas políticas, en concordancia con los principios democráticos, propuestas de protección al espacio cívico y al ejercicio pleno de los derechos de las, los y les periodistas. 

Recomendaciones a las autoridades públicas:

  • Garantizar las condiciones de seguridad para el libre ejercicio periodístico en el 2024 y sobre todo a lo largo de la contienda electoral.
  • Abstenerse de seguir agrediendo a la prensa, particularmente a través de la estigmatización, y reconocer que como figuras públicas les corresponde tener un mayor umbral de tolerancia al escrutinio y a la crítica públicas. 

Recomendaciones a las Fiscalías:

  • Cumplir con las investigaciones diligentes y expeditas de todos los casos de crímenes contra periodistas aplicando el Protocolo Homologado de Delitos Contra la Libertad de Expresión. 
  • Establecer planes para la lucha contra la impunidad de los asesinatos de periodistas del año 2023 y de todos los años anteriores cuyos casos se mantienen en la impunidad. 
  • Coordinarse con las Comisiones de Búsqueda y las entidades federativas aplicables para encontrar a los 32 periodistas que permanecen desaparecidos. 

https://articulo19.org/wp-content/plugins/pdf-viewer-block/inc/pdfjs/web/viewer.html?file=https://articulo19.org/wp-content/uploads/2024/02/art19_2024_mini-informe-anual_v02.pdf


[1] 1 de marzo de 2024.

[2] Ver “Periodistas desaparecidxs en México” https://articulo19.org/periodistas-desaparecidos/

[3] Ver “Pertiodistas asesinadxs en México” https://articulo19.org/periodistasasesinados/

[4] Para mayor información sobre la metodología de documentación de ARTICLE 19, recomendamos ver: “Editorial: ARTICLE 19 trabaja para denunciar la violencia contra la prensa de la que no se hace cargo el Estado” https://articulo19.org/editorial-article-19-trabaja-para-denunciar-la-violencia-contra-la-prensa-de-la-que-no-se-hace-cargo-el-estado/

[5] “Barómetro” de Reporteros sin Fronteras (RSF): https://rsf.org/es/barometro, y “Base de datos” del Comité de Protección a Periodistas (CPJ) https://cpj.org/data/killed/

[2] Ver “Voces contra la Indiferencia” https://articulo19.org/vocescontralaindiferencia/

[3] Cambio porcentual se mide en acorde a la fórmula (V2-V1)/V1*100

[4] ARTICLE 19. “Francisco Cabeza de Vaca amenaza de acciones legales a periodista”. https://articulo19.org/francisco-cabeza-de-vaca-amenaza-de-acciones-legales-a-periodista/

[5] Dentro de la categoría intimidación y hostigamiento ARTICLE 19 documentó como las subcategorías más comunes, los actos intimidatorios en 37 ocasiones (29.83%), seguido de campañas de desprestigio en 29 casos (23.38%), y comunicaciones intimidatorias en 25 casos (20.16%), además de presencia de personas en 11 casos (8.87%) y toma de videos o fotografías en 10 casos (8.06%). 

[6] En la categoría del uso ilegítimo del poder público destacaron la estigmatización por medio de comunicación oficial con 76 casos (71.69%), el hostigamiento ministerial o judicial por la vía penal con 11 casos (10.37%) y la suspensión, denegación o condicionamiento de publicidad oficial con 6 casos (5.66%).

[1] ARTICLE 19. “Gobernador de Veracruz comete actos de hostigamiento e intimidación en contra de mujeres periodistas.” https://articulo19.org/gobernador-de-veracruz-comete-actos-de-hostigamiento-e-intimidacion-en-contra-de-mujeres-periodistas/

[2] Se recomienda leer el informe “Leyes del Silencio” https://articulo19.org/wp-content/uploads/2021/05/INFORME-LEYES-DEL-SILENCIO.pdf

[3] Con respecto a las amenazas, con mayor frecuencia se encuentra la subcategoría de amenaza a la integridad de la persona con 43 casos (43%), seguida de las amenazas de muerte con 34 casos (34%) y las amenazas de acciones legales registradas en 19 ocasiones (19%). 

[4] ARTICLE 19. “Periodista recibe como amenaza cabezas porcinas en una hielera”. https://articulo19.org/periodista-recibe-como-amenaza-cabezas-porcinas-en-una-hielera/

[1] ARTICLE 19. “Privan de su libertad a tres periodistas en Taxco Guerrero, permanecen desaparecidos.” https://articulo19.org/privan-de-su-libertad-a-tres-periodistas-en-taxco-guerrero-permanecen-desaparecidos/

[2] ARTICLE 19. “Ataque armado a 4 periodistas en Guerrero, el estado debe actuar.” https://articulo19.org/ataque-armado-a-4-periodistas-en-guerrero-el-estado-debe-actuar/

[3] La crisis en las corporaciones de las fuerzas de seguridad en Guanajuato ha comprometido, incluso, las propias vidas de los agentes de policía municipal y estatal. Guanajuato es el estado en que más agentes de corporaciones policiacas han sido asesinados en lo que va del 2024 y fue la entidad con el mayor número de agentes de corporaciones asesinados en 2023, de acuerdo con datos de la organización Causa en Común. https://causaencomun.org.mx/beta/registro-de-policias-asesinados-2023/

[4] ​​https://articulo19.org/elementos-policiales-agreden-a-dos-reporteros-en-veracruz/

[5] Ver https://veracruzdelossilencios.org/

[1] Informe anual 2018: Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva. ://articulo19.org/niborronnicuentanueva/

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