Visitas: 1

El presidente de la Comisión de Salud, Emmanuel Reyes Carmona (Morena), informó que se aprobó el dictamen para reformar la Ley General de Salud, a fin de garantizar un trato digno a las madres y familias que sufren una muerte gestacional, prenatal o neonatal de sus hijas o hijos.

En declaraciones a representantes de medios de comunicación, al término de la reunión de la instancia legislativa, expuso que la denominada “Ley Olivia”, propuesta por la diputada Mariana Nassar Piñeyro (PRI), busca que todas las madres y padres que, como ella, han pasado por la muerte de su hija o hijo durante el embarazo, parto y en su primer mes de vida, sean atendidos de manera integral.

Aseguró que es necesario “garantizar que en toda unidad médica se garantice la posibilidad de que aquella mujer que pierde a un bebé tenga el trato digno”.

Detalló que el objetivo es que todos los profesionales de la salud se sensibilicen ante la pérdida de los padres que pierden una hija o un hijo.

El diputado resaltó la necesidad de legislar en materia de muerte neonatal y perinatal, y regularizar este vacío legal que siempre ha existido.

Asimismo, Reyes Carmona abundó que también se aprobó un dictamen para sancionar de cinco a ocho años de prisión a quien realice aplicaciones, inyecciones o infiltraciones hipodérmicas de sustancias modelantes no aptas para uso humano, con fines estéticos.

Explicó que la adición de los artículos 194 Ter, 463 Bis y 198 a la Ley General de Salud señala que las sustancias modelantes con fines estéticos son aquellas que tengan como finalidad adelgazar, engrosar, aumentar el volumen, modificar, cambiar, corregir o variar el contorno, la forma o las proporciones de labios, mejillas, mentón, senos, glúteos, brazos, piernas u otras zonas o regiones del rostro y del cuerpo humano.

Expuso que ese es un tema que aqueja a un gran sector de la población y que además va en incremento.

Aseguró que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha actuado en lo que a su competencia le permite; sin embargo, “faltaba esta legislación para poder atender de fondo este tema”.

Recordó que en abril de 2023 la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud, en materia de cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas.

Visitas: 5

En la cuarta sesión del “Ciclo de conversatorios sobre legislación y bioética”, convocado por la Comisión de Salud, diputado, especialistas y académicos abordaron el tema “Autonomía progresiva y derechos sexuales y reproductivos”.

El presidente de la instancia legislativa, diputado Emmanuel Reyes Carmona (Morena), destacó el compromiso de las y los legisladores por atender los temas que demanda la sociedad, a través de la aprobación de dictámenes y fortaleciendo el diálogo, como es este cuarto conversatorio.

Indicó que los conversatorios no son exclusivos de la Cámara de Diputados, de ahí que la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ha hecho suya esa perspectiva y colabore para atender una materia interdisciplinaria que analiza diferentes enfoques.

Aplaudió que en la casa del pueblo se discuta este tema, dado que es primera vez que se analiza con seriedad y objetividad, lo cual permite avanzar en la legislación sobre bioética. “No hay duda que el conversatorio busca examinar las problemáticas contemporáneas que tienen raíces bioéticas e implicaciones que deben pensarse”.

Necesario, impulsar la transversalidad de la educación sexual

En su ponencia “Autonomía progresiva y derechos sexuales reproductivos”, Bianca Fernanda Vargas Escamilla, consultora independiente en derechos y salud sexual y reproductiva, consideró necesario que la bioética y los derechos humanos respondan a temas como la violencia sexual en las niñas, niños y adolescentes, así como armonizar las leyes para que den certeza a los especialistas en el ramo jurídico, de salud y educación.

Resaltó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se registran más de nueve mil embarazos adolescentes entre 15 y 19 años y más de mil en niñas menores de 15 años. Por ello, agregó, es fundamental que el quehacer legislativo se enfoque en actualizar y armonizar las leyes generales de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de Salud y de Educación, a fin de impulsar la educación sexual y la interrelación de las instituciones para abordar estas problemáticas.

Explicó que impulsar la autonomía progresiva y el consentimiento respecto a la atención a la salud, permite que se diseñe una transversalidad en la educación sexual, lo cual no sólo previene embarazos, sino formas de violencia; asimismo, promueve relaciones asertivas, empáticas y saludables en la población.

Dijo que los derechos sexuales separados de los derechos reproductivos son importantes en la población adolescente, ya que contribuye a abordar el inicio de la vida sexual sin fines reproductivos y con ello se aplaza el primer embarazo; además, se logra vincular políticas públicas como la prevención del embarazo, erradicar nacimientos en niñas menores de 15 años, impulsar la salud sexual y reproductiva, detección de VIH, acceso a métodos anticonceptivos y servicios a aborto seguro.

Actualizar el reglamento de investigación para la salud

El catedrático Jorge Alberto Álvarez Díaz, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), expresó que hace falta que el término bioética sea visibilizado por la sociedad, y expuso que la Ley General de Salud es de 1984 y el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud data de 1987, pero entre 2011 y 2014 tuvo unos retoques debido a que se abrieron comités de bioética.

Indicó que en el artículo 43 de esa reglamentación sobre la investigación con mujeres embarazadas se dice que, para realizar estos estudios durante el trabajo de parto, puerperio y lactancia, en nacimientos vivos o muertos, de la utilización de embriones, óbito o fetos en la fertilización asistida, se requiere obtener la carta de consentimiento informado de la mujer y de su cónyuge o concubinato. Es decir, dijo, no se puede hacer la investigación si el marido no le da permiso o el señor con el que está viviendo. “Eso me parece una aberración; se deben tomar cartas para eliminarlo, ya que queda en duda la autonomía de la mujer adulta”.

Aunado a ello, relató que el reglamento expone que el consentimiento del cónyuge solo podrá dispensarse en caso de incapacidad o imposibilidad fehaciente o manifiesta de proporcionarlo, porque no se haga cargo de la mujer o cuando exista riesgo eminente de la salud o vida de la mujer, embrión, feto o recién nacido. “Eso se debe modificar, corregir y revisar desde el ámbito legislativo”.

Destacó que en las redes sociales se está viendo un fenómeno que no es educación, sino una hipersexualización e hipererotización que no corresponde al desarrollo psicosexual de las infancias y adolescencias.

Visitas: 5

El diputado Brasil Acosta Peña (PRI) informó que presentó una iniciativa para inscribir en letras de oro en el muro de honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados la leyenda “A los Constituyentes de 1824”.

En un comunicado señaló que su propuesta se da para conmemorar que el 4 de octubre de ese año, se promulgó la primera Constitución federal de nuestro país como Estado independiente.

La leyenda que habrá de ser inscrita en las Letras de Oro no sólo deberá de reflejar la importancia y el legado de la Constitución de 1824, sino que debe personalizar la obra y el pensamiento de sus forjadores.

“Esto es reconocer que, antes que nada, la Constitución es un producto humano, un producto social”, enfatizó el legislador.

Indicó que los Constituyentes de 1824 representan un parteaguas en la historia constitucional de nuestra patria, tanto por su valor fundacional como por la trascendencia de su esencia teórica, que se refleja en los documentos políticos hasta la Constitución de 1917.

Acosta Peña afirmó que con la aprobación de esta iniciativa la presente Legislatura podrá dejar un legado a la siguiente y éste será el de reconocer el nacimiento de nuestra patria.

Visitas: 0

La Comisión de Salud, que preside el diputado Emmanuel Reyes Carmona (Morena), aprobó siete dictámenes en materia de atención de muertes fetales, prenatales, perinatales y neonatales; medicina de precisión, discriminación y violencia, acto médico, así como de salud de la infancia y sustancias moderantes con fines estéticos.

Por unanimidad avaló el dictamen, con modificaciones, a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 y adiciona los artículos 66 Bis, 66 Ter, de la Ley General de Salud, en materia de atención de muertes fetales, prenatales, perinatales y neonatales.

Estipula que se promoverá una atención con sentido humano, ético, digno y profesional, de las muertes fetales, prenatales, perinatales y neonatales. En caso de muerte fetal, prenatal, perinatal o neonatal, la atención se sujetará a principios éticos, profesionales, de respeto a los derechos humanos, la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad.

Establece que son derechos de las madres y padres que atraviesan por la pérdida de una hija o hijo por muerte fetal, prenatal, perinatal y neonatal de manera enunciativa más no limitativa, recibir una atención digna, humana, profesional y respetuosa por parte del personal de salud, incluyendo al personal auxiliar, técnico y administrativo, en todo momento de la estancia hospitalaria, así como obtener información veraz, clara, oportuna y comprensible sobre el estado de salud de su hija o hijo, las causas de la muerte, los derechos que se tienen en caso de muerte fetal, prenatal, perinatal y neonatal.

También, recibir atención de contención emocional y orientación psicosocial durante el proceso de duelo por parte de la estancia hospitalaria.

La diputada Mariana Erandi Nassar Piñeyro (PRI), promovente de la iniciativa, pidió el voto a favor de la propuesta a la que llama “Ley Olivia”, pues afirmó que esta propuesta pertenece a los padres y madres que han sufrido la pérdida de sus hijos en etapa temprana. “Con la aprobación se busca recibir una atención digna, humana, profesional y respetuosa por parte del personal de salud”.

También del PRI, la diputada Frinné Azuara Yarzábal destacó que la propuesta aborda de manera integral la atención específica por este tipo de muertes para evitar comportamientos que incrementen el dolor de los padres. “Con esta iniciativa se redoblan esfuerzos y la atención para que le personal de salud actúe de manera humanista y profesional”.

El presidente de la Comisión dijo que este cambio significa la posibilidad de atender la demanda de miles de personas donde se reviven momentos de mucho dolor para las familias, especialmente para quienes estuvieron cerca y vivieron el desarrollo del bebé. “Hoy avanzamos en una etapa en la que se considera la posibilidad de atender de cerca a quienes han perdido a su ser querido en los hospitales”.

La diputada Margarita García García (PT) subrayó que en la salud no hay colores, lo que se demuestra cuando hay causas nobles y justas.

Aprueban el uso de medicina de precisión

Por 22 votos a favor y 9 en contra, la Comisión aprobó adicionar un segundo párrafo al artículo 51 Bis 1 recorriendo el actual segundo para quedar como tercero y un segundo y un tercer párrafo al artículo 103 Bis 5, todos de la Ley General de Salud, para establecer que los proveedores de atención médica del sistema nacional de salud estarán autorizados para utilizar la medicina de precisión.

Ello, con la finalidad de promover la obtención de datos que conduzcan a diagnósticos precisos y a la identificación de tratamientos apropiados para los pacientes que lo necesiten.

Precisa que el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en el ámbito de la medicina de precisión se enfocará en fortalecer el diagnóstico temprano, tratamientos adecuados y manejo de enfermedades; estará regulada por las directrices emitidas por la Secretaría correspondiente.

Agrega que el material genético recolectado no podrá ser empleado con fines diferentes o incompatibles a los que originaron su obtención, garantizando así la protección de los datos personales, en términos de la ley.

El diputado Reyes Carmona explicó que el objetivo es que esta tecnología pueda ser usada por los prestadores y profesionales de servicios de salud, con el propósito de contar con los datos para diagnósticos precisos y tratamientos adecuados; además, protege que las muestras obtenidas para ello no puedan ser utilizadas para un fin diferente conforme a la legislación relativa a datos personales.

Indicó que este proyecto recoge iniciativas de legisladoras y legisladores de Acción Nacional y de Morena, por lo que es resultado de un trabajo conjunto y muy positivo avanzar en ese tema.

El diputado Juan Carlos Maturino Manzanera (PAN) aseguró que esta reforma representa un paso hacia adelante y deja atrás los tratamientos médicos tradicionales, pues con esta tecnología se hace más personalizado el diagnóstico y más eficaces los tratamientos de la enfermedad. “Nuestro país enfrenta un reto amplio en materia de salud y en estos tres años dimos respuesta a varios de los retos”.

La diputada Margarita García García dijo estar en contra de este dictamen, por lo que pidió sea analizado más detenidamente, pues primero se debe revisar si se cuenta con los equipos para un diagnóstico oportuno. “No juguemos con la ciudadanía de hacerle creer que tendrán esa medicina de precisión como lo pedimos. ¿En qué hospital tenemos estos equipos para que se mande de forma inmediata a los pacientes?”

A su vez, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) aclaró que primero debe surgir el cuadro jurídico y después el presupuesto, que es lo correcto. Demos este gran paso de medicina de precisión que servirá para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos

El diputado Juan González Lima (PVEM) aseguró que con esta aprobación se da un paso importante en el tema de cáncer, especialmente en el caso de los menores de edad, “pero si hay o no presupuesto eso lo decidirá la siguiente Legislatura, pero esto debe quedar establecido en la Ley”.

Combatir discriminación y violencia

La Comisión avaló con 29 votos a favor el dictamen que adiciona un párrafo cuarto al artículo 89 de la Ley General de Salud, para que, en la normatividad y criterios para la capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud, se prevean disposiciones para combatir todo tipo y modalidad de discriminación y violencia, con especial énfasis en la que se ejerce en contra de personas indígenas, de comunidades afromexicanas, personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad, o en cualquier situación de vulnerabilidad social.

El diputado Ramírez Barba consideró importante el dictamen porque marca dispositivos para combatir todo tipo y modalidad de discriminación y violencia; sin embargo, propuso agregar un artículo transitorio para precisar que la Secretaría de Salud, en un plazo de 180 días, deberá prever las disposiciones a las que se refiere esta modificación, mismo que fue aceptado por la Comisión.

El diputado Reyes Carmona aseguró que el dictamen fue elaborado de forma profesional, atiende la técnica legislativa, es original, es viable jurídicamente, no impacta en el presupuesto, tiene pertinencia política y congruencia ideológica.

Indicó que se privilegian los derechos humanos y garantiza más oportunidades para todas y todos, protege a los que menos tienen y a los sectores más desprotegidos, vulnerables y minoritarios. Añadió que la propuesta de incluir un transitorio es pertinente, a fin de garantizar que en los tiempos conducentes se pueda atender y no dejar ningún vacío que ocasione alguna complicación.

Incorporan a la ley el concepto de “acto médico”

El siguiente dictamen, aprobado por 15 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones, reforma la denominación del Capítulo II del Título Tercero, adiciona un artículo 33 Bis y un artículo 465 Ter de la Ley General de Salud, en materia de incorporación del concepto “acto médico”.

Precisa que para efectos de determinar la responsabilidad del personal de salud, se considerará que el acto médico es aquel que resulta de la intervención directa de un profesional de la salud, o bajo su responsabilidad, que con base en los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica, se realiza de forma integral en sus fases diagnóstica, terapéutica y recuperatoria para la protección de la salud de la persona mediante toda clase de examen, intervención, tratamiento, investigación o razonamiento clínico.

Al respecto, la diputada García García solicitó retirar el dictamen por considerar que requiere de mayor análisis y debe estar en la parte de objeción de conciencia, ya que, si bien la objeción es un derecho del personal médico, aquí se habla de la obligación del ejercicio de su profesión

El diputado Reyes Carmona aclaró que el proyecto no deslinda a los profesionales de la salud que cometen una mala praxis, sino que tiene que ver con las lesiones inherentes relacionadas a los tratamientos médicos, pues este genera consecuencias

En tanto, el diputado Ramírez Barba apuntó que el texto del dictamen es preciso y se deja en protección a derechohabientes y pacientes, pero también a los profesionales de la salud.

Que servicios de salud privados no excluyan ni discriminen

Con 28 votos a favor, la Comisión avaló el dictamen que adiciona un tercer párrafo al artículo 38 de la Ley General de Salud, a efecto de que los servicios de salud privados sean prestados por personas físicas o morales, y no excluyan ni discriminen a ninguna persona por motivos de edad, sexo, religión, discapacidad u otras características personales.

Además, dichos servicios deberán estén sujetos a los principios de igualdad, no discriminación y respeto a los derechos fundamentales, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en materia de derechos humanos y equidad.

La diputada García García expresó que, si bien se hace mención de la no discriminación, es necesario invertir los párrafos 2º y 3º del artículo 38, con la finalidad de tener una lectura coordinada y mejorar el entendimiento de lo que son los servicios privados.

El diputado Reyes Carmona argumentó que al invertir los párrafos habrá mayor entendimiento, “por lo que, es una buena propuesta y es pertinente”.

Plantean modificaciones que ayuden a evitar violencia, acoso y hostigamiento hacia el personal médico

Asimismo, se aprobó adicionar una fracción V artículo 90 de la Ley General de Salud, a fin de promover la creación de programas de capacitación para prevenir y atender los casos de violencia, acoso y hostigamiento hacia el personal médico, médicos residentes y estudiantes de medicina y, con ello, crear entornos libres de violencia y explotación laboral en las instituciones del sistema de salud.

Sustancias modelantes con fines estéticos

La Comisión ratificó con 31 votos a favor, cero en contra y una abstención, el dictamen por el que se adicionan los artículos 194 Ter, 463 Bis y una fracción VII al artículo 198 de la Ley General de Salud, relativo a sustancias modelantes con fines estéticos.

Precisa que para los efectos de esta Ley se consideran sustancias modelantes con fines estéticos aquellas que tengan como finalidad adelgazar, engrosar, aumentar el volumen, modificar, cambiar, corregir o variar el contorno, la forma o las proporciones de labios, mejillas, mentón, senos, glúteos, brazos, piernas u otras zonas o regiones del rostro y del cuerpo humano.

Indica que queda prohibido el uso de silicona líquida, aceites minerales, aceites comestibles, aceites de automóvil, grasas vegetales o animales, cemento óseo, biopolímeros orgánicos o sintéticos, o cualquier otra sustancia no apta para uso humano mediante aplicación, inyección o infiltración hipodérmica de sustancias modelantes con fines estéticos nocivas o tóxicas que dañen, afecten, lesionen o pongan en peligro tejidos, órganos, extremidades o sistemas del cuerpo de las personas de forma temporal o permanente.

Cualquier aplicación, inyección o infiltración hipodérmica de sustancias modelantes con fines estéticos deberán llevarse a cabo en establecimientos que cuenten con la autorización sanitaria correspondiente y por profesionales en el campo de la medicina, de conformidad con los artículos 79 y 81 de la Ley.

Especifica que se impondrá de cinco a ocho años de prisión a quien realice aplicaciones, inyecciones o infiltraciones hipodérmicas de sustancias modelantes con fines estéticos prohibidas de conformidad con el párrafo segundo del artículo 194 Ter de la Ley. Lo anterior, sin menoscabo de lo establecido en los códigos penales de las entidades federativas y la Ciudad de México.

Menciona que requerirán autorización sanitaria los establecimientos dedicados a la aplicación, inyección o infiltración hipodérmica de sustancias modelantes con fines estéticos.

El diputado Reyes Carmona destacó que la finalidad es definir las sustancias modelantes con fines estéticos, es decir, atender el fondo, ya que no solamente se trata de diferencias entre los certificados, los plásticos estéticos y reconstructivos que han tenido una larga trayectoria, sino prohibir estas sustancias no aptas para el uso humano mediante la aplicación, inyección, o filtración hipodérmica para fines estéticos.

“Queremos que se atiende de fondo el tema y quede claro una pena de 5 a 8 años de prisión a quien realice aplicaciones, inyecciones o infiltraciones hipodérmicas de sustancias prohibidas que hoy en día en el país se siguen realizando y no hay ninguna pena ni consecuencia por la falta de los mecanismos legales y de la legislación; se requiere modificar la Ley para garantizar esta posibilidad”, añadió.

A su vez, la diputada Margarita García estimó que el dictamen da mayor certeza y seguridad para que los profesionales médicos que prestan estos servicios cuenten con la capacidad, preparación y certificación para el bienestar de las personas y acabar con las prácticas que de manera irregular ponen en riesgo la salud y la vida.

Por el PRI, el diputado Xavier González Zirión destacó que hay miles de casos donde gente que busca una mejora estética acaba cediendo la vida o teniendo dificultades muy importantes en su salud por lo que les pueden inyectar, pues hoy se está prohibiendo este tipo de ingredientes, entre otros, aceites de automóviles, cemento, grasas vegetales o animales, polímeros orgánicos; en fin, una serie de productos que el sentido común nos dice que no van adentro de un ser humano.

Asuntos generales

En votación económica, la instancia avaló la propuesta de la diputada Margarita García (PT) para citar a comparecer a los titulares del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El diputado Ramírez Barba hizo votos para que no sea una mesa de diálogo, sino comparecencia de los funcionarios del ISSSTE y Cofepris. También pidió que se voten las iniciativas sobre teleconsulta médica, resistencia antimicrobiana, receta médica electrónica y atención a personas recién nacidas prematuras.

La diputada Beatriz Dominga Pérez López (Morena) consideró importante que acudan los funcionarios a comparecer, dado que hay cosas que han hecho mal. “Si bien estamos a punto de terminar esta Legislatura, podremos hacer juntos que se nos escuche”. Destacó la importancia de seguir trabajando para garantizar el derecho a la salud gratuita a la población.

Del PAN, la diputada Martha Estela Romo Cuéllar sostuvo que es vital que comparezca la directora del ISSSTE, así como el titular de Cofepris.

Mariana Mancillas Cabrera, diputada del PAN, afirmó que los hospitales no cuentan con los medios mínimos necesarios para prestar a los mexicanos el servicio que merecen.

–ooOoo–

Visitas: 2

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, afirmó que las acciones afirmativas en materia político-electoral para los grupos en situación de vulnerabilidad permiten la protección de sus derechos, la garantía de acceso a la representación nacional y dar voz a las minorías.

Por ello, al implementar modelos inclusivos en México, se atiende a la conformación plural y diversa de la nación, que de otra manera quedarían excluidos y sin representación, añadió en su participación como representante del Congreso de la Unión en la 148ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) en Ginebra, Suiza, en la discusión sobre la protección de los derechos de la minoría: Hacia una legislación completa y antidiscriminatoria.

Momentos antes de ser electa como presidenta de la Asamblea General de la Unión Interparlamentaria, Guerra Castillo indicó que las acciones afirmativas dan voz a los grupos vulnerables, permiten visibilizar sus reivindicaciones y darles pertenencia. “Avanzamos progresivamente en el número de candidaturas, pero es necesario que este adelanto sea realidad en derechos; hemos de legislar para que estas acciones, que en su definición son temporales, pasen a formar parte de las leyes que aseguren su estabilidad y permanencia”.

Guerra Castillo detalló que, desde el proceso electoral federal 2020-2021, en México se aplican acciones afirmativas basadas en cuotas para grupos en situación de vulnerabilidad: personas indígenas, personas con discapacidad, personas afromexicanas, personas de la diversidad sexual y personas migrantes.

Mencionó que, en este momento, México se encuentra en campaña electoral; “será la elección más grande de nuestra historia con más de 20 mil cargos en disputa. Para la elección del 2 de junio de 2024, las acciones afirmativas en favor de estos grupos se amplían a las senadurías asegurando que nueve escaños se asignen a personas integrantes de las minorías”.

En México, subrayó, el acceso de minorías y de grupos en situación de vulnerabilidad se ha incorporado a partir de las acciones afirmativas en materia político-electoral contenidas en los acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral, órgano autónomo que realiza las elecciones en México y en sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máximo órgano de impartición de justicia en temas electorales, que les dan mayor fuerza y definitividad.

La Cámara de Diputados en México, como el espacio de la representación nacional y de su diversidad, expuso, integra un total de 65 legisladores que representan grupos minoritarios; 36 son diputadas y diputados indígenas, 6 pertenecen a la comunidad afromexicana, 11 son migrantes o residentes en el extranjero, 8 tienen alguna discapacidad y 4 provienen de la comunidad LGBTTTIQ+.

Además, detalló, desde 2003 se cuenta con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) la cual define las acciones afirmativas como medidas especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de personas o grupos en situación de discriminación.

Tal Ley, abundó, establece que, entre las acciones afirmativas, se podrán incluir medidas para favorecer el acceso, permanencia y promoción de personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación en cargos de elección popular a través del establecimiento de porcentajes o cuotas.

La diputada argumentó que, en México, más de 23 millones de personas son indígenas, y la Constitución reconoce que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y garantiza su derecho a la libre determinación y autonomía. Para la elección de 2021 el Instituto Nacional Electoral estableció la acción afirmativa para que los partidos políticos postularan al menos 30 candidaturas para personas indígenas.

La comunidad afromexicana, añadió, es de dos y medio millones de personas y en 2019 se les reconoció en la Carta Magna como parte integrante de la composición pluricultural de la nación mexicana. La acción afirmativa a favor de esta comunidad estableció que se asignaran al menos 4 candidaturas a personas afrodescendientes.

Además, más de 12 millones de mexicanos y mexicanos viven en el extranjero. Las acciones afirmativas dirigidas a personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero establecen el registro de 5 candidaturas en las listas plurinominales, una por cada una de las cinco listas y dentro de los primeros diez lugares.

Guerra Castillo abundó que México, como Estado miembro de Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, asume el compromiso de proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Para la elección de 2021, la acción afirmativa consistió en la asignación de 8 candidaturas a personas con alguna discapacidad.

–ooOoo–

Visitas: 11

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que preside el diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño (PRI), aprobó la propuesta de reformas al Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control (UEC).

El documento señala que con los cambios al Reglamento se incluyen facultades para que la UEC analice la concurrencia de conflicto de intereses de los servidores públicos de la ASF en términos de la Ley de Responsabilidades. También agrega procedimientos de responsabilidad administrativa a funcionarios de la ASF, así como facultades para sustanciar investigaciones preliminares por vía especial sobre actos del auditor superior.

El diputado Angulo Briceño informó que la propuesta se enviará a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que será la encargada de su dictaminación y aprobación, para después remitir el dictamen al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Posteriormente, pasaría al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Participación de diputadas y diputados

La diputada Inés Parra Juárez (Morena) reconoció que las propuestas de reformas al Reglamento en lo general están bien porque dan elementos a la UEC sobre las responsabilidades administrativas y van de acuerdo con el nuevo Sistema Anticorrupción. Dijo tener algunas observaciones respecto a la participación del titular de la UEC dentro de la Comisión de Vigilancia y al periodo de su encargo.

Del PAN, la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño afirmó que en términos generales las propuestas de reformas dan certeza jurídica y cumplimiento a lo mandatado por las leyes de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y General de Responsabilidades Administrativas, así como del Sistema Nacional Anticorrupción; también se actualiza la terminología y homologa el Reglamento en su estructura con lo que se espera no existan limitantes para ejercer su función.

Por su parte, la diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva (Morena) resaltó la importancia de que otra comisión dictamine el mejoramiento del Reglamento, las modificaciones necesarias para las actividades de la UEC, y aborde las necesidades de la Unidad para realizar sus trabajos y presentar mejores resultados, “que es lo que buscamos en esta Comisión de Vigilancia”.

Enseguida, el diputado José Juan Barrientos Maya (PRD) dijo que es conveniente el Reglamento pues tendrá un gran impacto. Destacó la importancia de dar seguimiento al trámite de la propuesta en la siguiente comisión y que estos trabajos sirvan para complementar los esfuerzos de combate contra la corrupción y se tengan los elementos necesarios para sancionar a quienes no desempeñen su labor de manera honorable.

La diputada Anabey García Velasco (PAN) consideró fundamental conocer y clarificar las propuestas de las y los diputados que se incluirían en el documento que contiene las reformas al Reglamento de la UEC y que se enviará a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

A su vez, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) estimó que las observaciones que se hagan deben incorporarse de una forma global si es que nadie está en contra de ello, y se vote la propuesta en conjunto.

En tanto, el diputado Hiram Hernández Zetina (PRI) señaló que es significativa la propuesta de modificación al Reglamento y que el titular de la UEC las exponga. Enfatizó que es un tema de fondo que se debe someter al Pleno y votarse de acuerdo con las observaciones que se hagan.

La diputada Lidia García Anaya (Morena) se manifestó en contra de incorporar propuestas relacionadas con la prórroga y convocatoria para la elección del titular de la UEC.

Propuesta de reformas al Reglamento Interno de la UEC

Al presentar la propuesta de reformas al Reglamento, el titular de la UEC, Ricardo Palma Rojas, expuso que el ordenamiento vigente se publicó hace casi 10 años y es con el que se trabaja en la actualidad, por lo que es importante armonizarlo con las leyes que facultan a la Unidad a analizar, fiscalizar y evaluar el desempeño de la ASF.

El director Jurídico para la Evaluación y Control, José Manuel Treviño López, comentó que el Reglamento vigente es de 2014, y es necesario actualizarlo y armonizarlo con el marco jurídico pues a partir de esa fecha ha habido reformas a diversas leyes. Consideró que es anacrónico en materia de responsabilidades administrativas y es necesario dar certeza jurídica a las facultades de las autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoras, respecto de faltas administrativas no graves.

Indicó que la Unidad puede sancionar a servidores públicos por faltas administrativas no graves y necesita atribuciones de las autoridades investigadora y substanciadora cuando se trate de faltas administrativas graves y de particulares. “En ese caso, la UEC investiga y substancia una parte del procedimiento, y quien resuelve y sanciona es el Tribunal de Justicia Administrativa”.

De ahí, dijo, la importancia de reformar el Reglamento, pues se trata de una actualización acorde a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en congruencia con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Añadió que se trabajó con acuerdos emitidos por los titulares de la UEC y, a fin de que no exista en algún tribunal alguna argumentación sesgada que pudiera traer una determinación en contra, se apeló a que estas reformas sean aprobadas por las y los diputados.

Asuntos generales

En este apartado, el diputado Angulo Briceño dio cuenta de diversos oficios remitidos por la Unidad de Evaluación y Control relativos a la opinión técnica de la Cuenta Pública comprobada de la Auditoría Superior de la Federación correspondiente al mes de enero de 2024, los cuadernos sectoriales de la tercera entrega de informes referentes a la cuenta pública 2022, así como el proyecto de reforma al Reglamento Interior de la UEC.

Asimismo, los que tienen que ver con la opinión técnica de la plantilla del personal de la ASF correspondiente al mes de febrero de 2024, por el que se solicita a la ASF hacer del conocimiento la atención de las recomendaciones emitidas por la UEC en los informes anuales de evaluaciones de desempeño, y aclare la información contenida en el informe de evaluación del efecto-consecuencia de la acción fiscalizadora sobre los riesgos de pliegos de observaciones.

Visitas: 6

La Comisión de Salud aprobó por unanimidad el proyecto de ley de la iniciativa propuesta por la diputada federal Mariana Nassar Piñeyro (PRI), que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención de muertes fetales, prenatales, perinatales y neonatales.

En el marco de la vigésima primera reunión ordinaria de esta Comisión, la legisladora Nassar Piñeyro expuso que esta ley pertenece a todas las madres y padres que han pasado la muerte de una hija o hijo en etapas tempranas.

Por ello, señaló en un comunicado, se propone asegurar que los servicios de salud que se brindan a la ciudadanía sean de calidad, humanos, dignos, empáticos, integrales y profesionales.

Destacó la trascendencia de visibilizar y lograr concientizar para legislar en este tema. En ese sentido, indicó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que en México, durante 2022, ocurrieron 24 mil 172 muertes perinatales y 25 mil 041 decesos fetales, lo que representa un incremento del 8.7 por ciento, en comparación con el 2021.

Por ello, la legisladora aseveró que es importante contar con cinco derechos para recibir una atención digna: establecer que las madres y padres reciban información veraz, clara y comprensible sobre el estado de salud de su hija o hijo, así como las causas del fallecimiento; atención emocional y psicosocial durante el duelo, y despedirse de su hija o hijo, como la asesoría legal para la obtención del certificado por muerte fetal o certificado de defunción, que son la primera piedra de un gran camino por construir.

“Desde aquí les digo que no están solas ni solos y que, aunque ha sido un camino muy largo, en esta Cámara de Diputados hay sensibilidad y vamos a legislar por primera vez en esta materia”, sostuvo.

“Hoy a un año y cuatro meses de la muerte de mi hija Olivia puedo entender que la vida me puso aquí para para poder visibilizar un tema tan sensible y doloroso”.

En su oportunidad, la diputada Frinné Azuara Yarzábal felicitó a Nassar Piñeyro por esta iniciativa que tiene una orientación humanista, por lo que toca al respeto de derechos humanos fundamentales. “No hay mayor dolor para una madre que la pérdida de un hijo, y este dolor irremediablemente se transmite y afecta a los miembros de toda la familia”, matizó.

Reconoció que este este tipo de muertes son situaciones de difícil manejo para los profesionales sanitarios que no están suficientemente capacitados para reaccionar, por lo cual, resaltó el valor de esta Ley que plantea abordar de manera integral la atención de estos fallecimientos, para evitar comportamientos que no solo no aminoran el dolor de los progenitores, sino que lo incrementan aún más.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Salud, Emmanuel Reyes Carmona (Morena), dijo que hoy avanzamos en una etapa en la que se considera atender de cerca la necesidad de quienes han perdido a un bebé. Por ello, puntualizó, es una de las iniciativas que más respaldo ha tenido en toda la historia de la Cámara de Diputados.

Visitas: 10

Ideado para ofrecer nuevas perspectivas y referencias actualizadas para el estudio y la comprensión del territorio tlaxcalteca y de las comunidades que lo habitan, el libro La diversidad biocultural de Tlaxcala fue recientemente dado a conocer por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Desde el Auditorio “Diego Ortiz Parra” de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, autoridades del Centro INAH Tlaxcala y los investigadores Milton Gabriel Hernández García, Jorge Guevara Hernández y Nazario Sánchez Mastranzo, adscritos a este mismo centro de trabajo, reconocieron en la obra un esfuerzo inédito para incentivar la memoria local y promover investigaciones futuras.

La novedad editorial, coeditada por la Secretaría de Cultura federal, a través del INAH, y El Colegio de Tlaxcala, se integra por más de 90 artículos agrupados en los temas: Aproximaciones históricas; Cultura, identidad y patrimonio biocultural; Nahualismo y chamanismo; Estudios sobre parentesco; Organización social y sistemas de cargo; Cosmovisión, religiosidad y vida ritual; Producción artesanal y Procesos sociales y culturas emergentes.

En palabras de los mencionados investigadores, este texto resulta fundamental para comprender la historia de los pueblos originarios de la entidad.

Asimismo, apuntaron, puede leerse como una muestra del trabajo que el instituto lleva adelante, en apego a sus labores sustantivas de investigación, protección y divulgación del patrimonio, para valorar el quehacer cultural y el devenir social de cada uno de esos pueblos.

Cabe destacar que el libro La diversidad biocultural de Tlaxcala en breve será habilitado para su descarga gratuita desde el repositorio virtual de El Colegio de Tlaxcala, a fin de ponerlo al alcance de estudiantes, investigadores y de las y los lectores en general, toda vez que cumple la función de atlas etnográfico.

Por último, los presentadores invitaron a visitar la Biblioteca “Andrés Angulo Ramírez” del Museo Regional de Tlaxcala y el Centro de Documentación “Ángel García Cook”, ubicado en la sede del Centro INAH Tlaxcala, en cuyo acervo de este último existen más de 100 documentos audiovisuales del Archivo de la Palabra, para acompañamiento de la investigación antropológica, histórica, arqueológica y patrimonial en general.

—oo0oo—