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El gobierno colombiano instalará una mesa de diálogo con el autodenominado “Estado Mayor Central”, una de las principales facciones disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
“Comienza un segundo proceso de paz”, anunció el lunes el presidente Gustavo Petro desde su cuenta de Twitter, aludiendo a que el primer diálogo de paz se reactivó en noviembre pasado con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional.
A solicitud del gobierno, la Fiscalía avaló el lunes la suspensión de las órdenes de captura de 19 integrantes de esa disidencia de las FARC para que adelanten acercamientos con el gobierno.
El fiscal general, Francisco Barbosa, detalló a la prensa que ninguna de las personas a las que les fue avalada tiene órdenes de captura con fines de extradición.
El “Estado Mayor Central” es un grupo armado que no se acogió al histórico acuerdo de paz que firmó en 2016 el Estado con las FARC, la que fuera la guerrilla más antigua de América Latina.
Barbosa aseguró que el presidente Petro, en su solicitud para pedir levantar las órdenes de captura, dio a dicha disidencia de las FARC un “carácter político para negociar acuerdos de paz con el gobierno nacional”.
En Colombia, existen múltiples facciones de las antiguas FARC y algunas de ellas fueron conformadas por exguerrilleros que en un principio firmaron el acuerdo de paz y luego retomaron las armas, por lo que las leyes colombianas les impiden en principio volver a tener un tratamiento político. Es el caso de la “Segunda Marquetalia”, liderada por Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, quien era el segundo al mando de las FARC y negoció el pacto de paz.
El fiscal indicó que de los 19 disidentes a quienes se les levantó la orden de captura, encontraron que 11 firmaron el acuerdo de paz, por lo que les otorgaron el aval bajo el argumento de que actualmente pertenecen a una organización armada que no los firmó.
El Estado Mayor Central fue uno de los cuatro grandes grupos armados que aceptó un cese al fuego bilateral con el gobierno desde el 1 de enero de este año y hasta el 30 de junio. Además, ha sido el único con el que se han establecido los protocolos para verificar el cumplimiento de la suspensión de hostilidades, lo cual incluye cualquier afectación a la población civil.
Petro se ha propuesto implementar una política de “paz total” con la que busca acercamientos con múltiples grupos armados para lograr instalar un proceso de paz o adelantar un sometimiento a la justicia con las bandas de narcotraficantes.
“Con esta posibilidad que inicia en el día de hoy… prácticamente la mitad de las personas armadas hoy entran a un proceso de paz con el Gobierno. Aún falta la mitad”, aseguró Petro el lunes en una declaración desde Cauca, al suroeste del país. Y añadió: “Estamos esperando los acontecimientos que se deriven de esa otra mitad, que aún continúa en la violencia”.
Su política ha llevado a decretar un cese al fuego bilateral con otros armados como las Autodefensas de la Sierra Nevada, la “Segunda Marquetalia” y el cártel Clan del Golfo, como una forma de abonar el terreno para eventuales negociaciones.
Sin embargo, Petro advirtió el lunes que el Clan del Golfo no “fue capaz de dar el paso hacia un sometimiento colectivo a la justicia” porque “parece privilegiar más sus negocios” ilícitos, por lo que por el momento no ve posibilidad de negociación hasta que no se evidencie “voluntad política”.
El gobierno ha señalado al Clan del Golfo de estar detrás de los reclamos de mineros informales que han derivado en actos de violencia en el Bajo Cauca y nordeste de Antioquia, luego de que la fuerza pública quemara varias dragas utilizadas en el proceso de extraer oro ilegal en los ríos.
Una persona murió la semana pasada cuando chocó con un árbol que fue atravesado en la vía durante las manifestaciones. Además, durante el fin de semana fueron quemadas dos ambulancias y el gobierno ha denunciado desabastecimiento de alimentos y medicinas que afectan a miles de pobladores.
Fuente: AP
