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Grupos de socorristas localizaron y extrajeron el martes el cuerpo de una niña, de unos seis años, la primera víctima en ser localizada unas cuarenta horas después de que se produjera un gigantesco deslizamiento de tierra, lodo y rocas que sepultó al menos a medio centenar de viviendas en Alausí, una población de los Andes de Ecuador.

La menor se encontraba a unos cinco metros de profundidad, en la parte baja y a un costado del alud, cerca de escombros de los que habría sido una vivienda. Enseguida fue envuelta con un plástico negro y trasladada en medio del deslave.

Tras ello, los rescatistas se empeñaron en ampliar la búsqueda debido a que los familiares les comunicaron que la niña estaba con dos primas y un tío al momento del desastre, la noche del domingo. Con esta nueva víctima sumarían ocho fallecidos y 62 desaparecidos.

El último informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos informó que la cifra de fallecidos como consecuencia de este alud, subió a 11, la de heridos se ubicó en 31 y la de desaparecidos en 67.

El jefe de uno de los grupos de rescate, Jorge Torres, dijo a The Associated Press que las condiciones del terreno hacen muy difícil llegar hasta los cuerpos “que deben estar entre 20 y 30 metros bajo de tierra” y precisó que mientras trabajan en la zona continúan las vibraciones del terreno, por lo que “podría producirse otro evento de igual o peor magnitud”.

Añadió que las primeras horas son fundamentales para hallar sobrevivientes, una posibilidad que se va disipando con el transcurso de los días, pero que continuarán las tareas para “rescatar a alguien con vida y, si no es así, por lo menos brindar la tranquilidad dentro del profundo dolor de los familiares de tener un cuerpo a quien llorar y despedir”.

Debido a la presión de familiares y sobrevivientes, ingresó al sector del desastre maquinaria pesada que empezó a trabajar de inmediato a pesar de la oposición inicial de los expertos, que señalaban que se debían esperar al menos 72 horas. A los rescatistas se sumaron espontáneamente decenas de indígenas de zonas cercanas para ayudar a remover la tierra y los escombros.

En los flancos de la zona arrasada se multiplicaban las casas recién desocupadas con letreros de venta y otras con grietas en sus paredes, mientras perros abandonados vagaban por las calles esperando infructuosamente a sus dueños.

Aunque los efectivos de bomberos, ejército, Cruz Roja, policía y otros organismos de socorro lucían agotados, se apoyaban entre sí con frases de aliento para retirar rocas y escombros y cavar en la tierra. Todo el personal de rescate está recibiendo asistencia psicológica.

Uno de los damnificados, Milton Taday, relató a la AP que un mes atrás, cuando las grietas en la tierra comenzaron a agrandarse, le recomendaron evacuar, lo que le permitió instalarse con su madre discapacitada en la casa de una vecina que les prestó un par de habitaciones. “Pero ahora todo están cerrando, la gente está dejando todo por miedo”, agregó.

Las autoridades también confirmaron que se registra un saldo de 500 personas y 163 viviendas afectadas, así como 150 metros de carretera, el 60% de la red de agua potable y el 20% de la red de alumbrado público.

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, llegó la noche del lunes a la zona, a 222 kilómetros al sur de Quito, y dispuso la gestión de varios ministerios para ayudar a los damnificados, algunos de los cuales seguían evacuando sus casas de zonas aledañas, también amenazadas, con la ayuda de vehículos militares y policiales.

El jefe del Cuerpo de Bomberos de Quito, Esteban Cárdenas, aseguró a radio Sonorama que la zona está cubierta por más dos millones de metros cúbicos de tierra, lodo y rocas que han sepultado viviendas de hasta de tres pisos, lo que dificulta el trabajo de los perros entrenados e impide la utilización de equipo tecnológico que detecta vida hasta bajo tres metros de profundidad.

El deslizamiento de la ladera de una montaña dejó una área arrasada de unos 150 metros de ancho por unos 700 metros de largo que ha sido aislada con cintas amarillas con letras negras en las que se lee “Peligro”. A unos 100 metros del lugar sobrevivientes y familiares se concentran en un sitio conocido como Puente Negro a la espera de noticias.

A fines de febrero las autoridades habían alertado sobre el riesgo de movimientos de tierra en esa zona debido a la intensa temporada de lluvias y habían habilitado albergues en al menos seis municipios. Hasta allí están llegando víveres desde otras partes del país para alimentar a los refugiados.

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Fuente: AP

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La búsqueda de una nueva vida en Estados Unidos ha llevado en los últimos años a muchos migrantes latinoamericanos, pero también de otras regiones del mundo, a intentar todo lo que esté a su alcance para lograrlo. Pero en su travesía muchos han perdido la vida.

De acuerdo con el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas publicado en noviembre de 2022, desde 2014 se han documentado más de 6.900 muertes durante procesos migratorios, en su mayoría en el cruce fronterizo entre Estados Unidos y México y en el Tapón del Darién, una travesía de varios días por la selva en la frontera entre Colombia y Panamá.

El incidente más reciente ocurrió el martes cuando 40 migrantes murieron en un incendio en un centro de detención migratorio en Ciudad Juárez, en la frontera con El Paso, Texas. Las autoridades aún investigan las causas, pero el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador adelantó que los mismos migrantes habrían incendiado colchones y que el fuego se salió de control.

A continuación, una recopilación de algunos de los incidentes más graves ocurridos en el continente americano en los cuales murieron migrantes de la región.

20 de febrero de 2023, México:

Al menos 17 migrantes mueren cuando el autobús en el que viajaban se estrella en el estado de Puebla, en el centro de México.

Todos los fallecidos eran inmigrantes, incluidas personas de Venezuela, Colombia y Centroamérica, según Julio Huerta, secretario de Gobernación del estado de Puebla.

15 de febrero de 2023, Panamá:

39 migrantes mueren y más de una veintena resultan heridos en la localidad panameña de Gualaca, al occidente del país, cuando el autobús en el que viajaban hacia un albergue cayó a un precipicio.

Fue el peor accidente vial desde que Panamá autorizó el traslado en autobuses de los migrantes que cruzan la peligrosa jungla del Darién, en la frontera con Colombia, a un albergue limítrofe con Costa Rica para que sigan su ruta a Norteamérica.

27 de junio de 2022, Estados Unidos:

Un total de 53 migrantes mueren tras ser abandonados en un camión de carga bajo altas temperaturas en una carretera de San Antonio, Texas.

25 de mayo de 2022, México:

Al menos seis migrantes mueren y 25 resultan heridos, entre ellos algunos menores, cuando un autobús de pasajeros que se dirigía a Estados Unidos cae por un barranco a unos 450 kilómetros al norte de Ciudad de México.

4 de enero de 2022, Colombia:

Los cuerpos de seis migrantes que buscaban atravesar la frontera con Panamá en su viaje hacia Estados Unidos son hallados en una playa inhabitada en la costa norte del Océano Pacífico colombiano.

9 de diciembre de 2021, México:

Un remolque de camión que transportaba unos 200 migrantes se estrella contra la base de un puente peatonal de acero en Tuxla Gutiérrez, en la capital del estado sureño de Chiapas, matando a 56 e hiriendo a docenas.

12 de octubre de 2021, Colombia:

Tres migrantes mueren y un menor de ocho meses es reportado como desaparecido tras naufragar en el Caribe colombiano la embarcación en la que intentaban llegar a las costas de Panamá. La Armada de Colombia indica que los cuerpos hallados sin vida correspondían a tres mujeres adultas, dos haitianas y una cubana.

13 de diciembre de 2020, Venezuela:

Unos 20 migrantes venezolanos mueren en un naufragio en la frontera marítima entre Venezuela y Trinidad y Tobago. La embarcación fue localizada cerca de Güiria, en el estado norteño venezolano de Sucre, luego de que a los migrantes venezolanos se les negara el ingreso a Trinidad y Tobago.

23 de julio de 2017, Estados Unidos:

Ocho inmigrantes son encontrados muertos en un tráiler bajo el sol en un estacionamiento de Walmart en San Antonio, Texas. Otros dos fallecen más tarde en hospitales.

22 y 23 de agosto de 2010, México:

Un camión que transportaba a 72 migrantes con rumbo a Estados Unidos es detenido en la comunidad de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, por un grupo de Los Zetas, los recluyen en un rancho y les ofrecen pasar a integrar sus filas, la mayoría se niega y todos son ejecutados. Procedían principalmente de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Ecuador y Brasil.

Fuente: AP

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Un nuevo intento en Colombia por cesar la persecución penal contra los pequeños cultivadores de hoja de coca aterrizó el martes en el Congreso, donde propuestas parecidas no han prosperado en el pasado ante la resistencia que produce entre algunos congresistas la idea de terminar beneficiando por esa vía al narcotráfico.

El autor del proyecto de ley, Diógenes Quintero, aseguró a The Associated Press que buscan la extinción de la acción penal para los pequeños cultivadores de hoja de coca, lo que en la práctica consiste en “dejar de perseguirlo y criminalizarlo, es decir, cultivar coca en pequeñas proporciones deja de ser un delito en Colombia para los pequeños cultivadores”.

El tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores de hoja de coca -materia prima de la cocaína- está contemplado en el acuerdo de paz que firmaron en 2016 el Estado y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner fin a cinco décadas de confrontaciones.

Según el acuerdo de paz, las personas que cultivan hacen parte de los “eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico”, por lo que se plantea dicho tratamiento diferenciado.

Quintero, que llegó al Congreso en representación de las víctimas del conflicto armado, reconoce que políticamente es un reto grande en el Congreso sacar adelante el proyecto de ley —que requiere ser aprobado en cuatro debates— por lo que busca apoyos de los partidos políticos y está en conversaciones con el gobierno.

Gustavo Petro, primer presidente de tendencia izquierdista en el país, está modificando la estrategia antinarcóticos y ha propuesto dejar de perseguir a los pequeños cultivadores de hoja de coca y concentrar los esfuerzos de la fuerza pública en los grandes narcotraficantes y el lavado de activos. Además, priorizar la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos sobre la erradicación forzada que hacen las fuerzas armadas.

Para obtener el beneficio por única vez, el proyecto de ley propone que el pequeño cultivador de hoja de coca se acoja a los programas de sustitución de cultivos ilícitos —creados por el acuerdo de paz— en los que reciben apoyo estatal para abandonar la coca y emprender proyectos productivos legales. No obstante, perdería los beneficios en caso de que incurra nuevamente y cultive, conserve o financie plantas de las que puedan producirse sustancias ilícitas.

Anteriores proyectos de ley que buscaban un tratamiento penal diferenciado han generado gran debate sobre la definición de “pequeño cultivador”, es decir, cuántas hectáreas de hoja de coca puede tener una persona sin que sea judicializada.

Actualmente, Colombia registra una cifra récord de 204.000 hectáreas de hoja de coca sembradas, según el informe de 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

Un proyecto presentado en el 2018 proponía que fuesen 1,7 hectáreas. Sin embargo, en el proyecto de Quintero el área máxima de cultivo permitida sería definida cada año por el estatal Consejo Nacional de Estupefacientes.

“El pequeño cultivador no solo siembra coca, sino que la procesa y saca la pasta”, advierte Quintero, por lo que propone que en cada caso particular en el que el campesino sea capturado por otros delitos como tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos pueda tener la posibilidad de demostrar la conexión de ese delito con su calidad de pequeño cultivador.

“Por ejemplo, un campesino que es capturado en una zona rural con un kilo de pasta base de coca que llevaba a vender, no es un narcotraficante, es un campesino que vive de la coca. Si demuestra que es un pequeño cultivador, se le aplicaría el beneficio”, indicó el representante a la Cámara.

Fuente: AP