Por Pablo Espidio | Enteratever
La señora Eloísa Vázquez, madre de una estudiante del cuarto semestre de la carrera de Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, denunció públicamente un presunto caso de acoso por parte del profesor Sergio “N”. Según relató, su hija lleva dos años siendo víctima de estas conductas dentro del plantel educativo, sin que las autoridades hayan tomado medidas efectivas para frenar la situación.
La madre de familia aseguró que, al tener conocimiento de los hechos, acudió al área de Equidad de Género del instituto para levantar una denuncia formal, además de informar al director del plantel, Jesús Huerta Chía. No obstante, señaló que en lugar de procurar la protección de su hija, el directivo ha mostrado una actitud de respaldo hacia el docente señalado, dejando en el desamparo a la estudiante afectada.
La situación ha provocado un profundo desgaste emocional en la familia Vázquez. Eloísa denunció que, en lugar de recibir apoyo o una investigación seria por parte del Instituto, han sido víctimas de burlas y desdén. Esta presunta negligencia institucional ha tenido consecuencias graves, incluyendo un preinfarto sufrido por el padre de la joven debido al estrés y la impotencia ante la falta de acción.
Ante la gravedad del caso y la aparente indiferencia de las autoridades escolares, la señora Vázquez hizo un llamado urgente a la gobernadora del estado y a la Secretaría de Educación. Exigió la destitución inmediata del profesor acusado, así como del director del Instituto, a quien responsabiliza de encubrir el caso y no actuar con la debida diligencia para proteger a los estudiantes.
La familia ha interpuesto una denuncia formal ante la Fiscalía especializada, en busca de justicia. Sin embargo, la falta de respuesta por parte del Instituto ha encendido las alarmas en la comunidad de Poza Rica, que exige una investigación exhaustiva y castigos ejemplares.
El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar los protocolos de atención y protección en las instituciones educativas, para garantizar espacios seguros y libres de violencia para todos los jóvenes.
