El traslado de 43 personas privadas de la libertad del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Poza Rica hacia distintos penales del estado generó inconformidad entre familiares de los internos, quienes aseguraron que no se les proporcionó información previa sobre la medida.
Al respecto, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José Luis Hernández Galicia, confirmó que hasta el momento no se ha recibido ninguna queja formal relacionada con el proceso. Precisó que, pese al malestar manifestado por los familiares, ninguno ha interpuesto una denuncia oficial ante la instancia, aunque recordó que es un derecho tanto de los internos como de sus familias contar con información pertinente sobre cualquier movimiento en el que se vean involucrados.
Sobre el operativo, se detalló que la reubicación se efectuó bajo el resguardo de la Guardia Nacional, con el propósito de mantener el orden y garantizar la seguridad durante el procedimiento. Dichas acciones forman parte de las disposiciones estatales que buscan equilibrar la población penitenciaria en los distintos centros de reclusión de Veracruz.
En paralelo, autoridades estatales realizaron recorridos en penales de la región norte con la finalidad de supervisar el funcionamiento de las áreas internas y atender posibles rezagos en servicios básicos, tanto jurídicos como médicos, en beneficio de las personas privadas de la libertad.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) puntualizó que estas acciones corresponden a un plan permanente de fortalecimiento del sistema penitenciario, mediante el cual se busca combinar disciplina y seguridad con un trato respetuoso de los derechos humanos, impulsando a que las personas privadas de la libertad avancen en un proceso real de reinserción social.
