Poza Rica, Ver.- La disputa por el control de la administración de Lomas Residencial escaló tras la presunta irrupción de un grupo de aproximadamente 20 vecinos en las oficinas del fraccionamiento, donde, según los representantes de la administración, habrían roto las chapas y tomado el control de las instalaciones, incluidos los equipos de vigilancia y acceso. El conflicto abre interrogantes sobre la legitimidad de quienes buscan asumir la representación vecinal y las condiciones en que se produjo el cambio de control.
Los representantes señalaron que durante los hechos también habrían sido apagadas las cámaras de videovigilancia, mientras que sus intentos por resolver las diferencias mediante el diálogo no han dado resultados. Hasta el momento, estas acusaciones corresponden a una de las partes involucradas, por lo que será necesario conocer la versión del grupo señalado y establecer las circunstancias en que ocurrió el ingreso a las oficinas.
El origen de la controversia se encuentra en el proceso de elección convocado el 12 de marzo y realizado el 16 de abril, del que, de acuerdo con los entrevistados, surgió un comité que comenzó a trabajar a principios de mayo. Sin embargo, el grupo señalado presuntamente sostiene que cuenta con una asociación civil constituida en agosto, argumento con el que buscaría justificar su intervención en la administración. La documentación de ambas partes será determinante para esclarecer quién cuenta con facultades para asumir esa responsabilidad.
A la disputa por la representación se suma el manejo de las cuotas de mantenimiento, fijadas en 600 pesos mensuales por vivienda. Los representantes cuestionaron que los pagos se reciban en efectivo y plantearon la necesidad de utilizar una cuenta bancaria oficial que permita llevar un registro verificable de los ingresos y egresos. Aunque este señalamiento coloca la transparencia financiera en el centro de la controversia, hasta ahora no se han presentado pruebas que acrediten un presunto desvío de recursos o fraude.
Mientras persiste el conflicto, queda pendiente esclarecer quién tiene la representación legítima de los residentes y bajo qué condiciones debe administrarse el dinero destinado al mantenimiento del fraccionamiento. Los representantes aseguraron que recurrirán a la vía legal y serán las autoridades competentes las que deberán revisar los documentos, analizar los hechos y determinar las posibles responsabilidades, sin que las acusaciones formuladas hasta ahora impliquen por sí mismas que se haya cometido un delito.
