Luego de que magistrados del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinaron que Grupo Elektra debe pagar 2 mil millones de pesos (mdp) por Impuesto Sobre la Renta (ISR), Grupo Salinas condenó la resolución e indicó que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar una revisión constitucional del caso.
Aseveró que «pese a actos de consigna judicial» seguirá defendiendo sus causas «hasta las últimas instancias», dentro del marco legal y conforme a los procedimientos establecidos para combatir «cobros ilegales, abusivos y desproporcionados» .
A través de un comunicado, difundido en su cuenta de la red social X, el grupo del empresario Ricardo Salinas Pliego, afirmó que la decisión del Tribunal muestra una de las consecuencias más graves de lo que llamó «farsa electoral judicial: resoluciones guiadas por intereses y presiones políticas» y se dijo «víctima» de ello.
Sistema de justicia sometido a intereses políticos, acusa
Sostuvo que la resolución del Tribunal Colegiado «es ilegal y expone un sistema de justicia sometido a una agenda de intereses políticos» y que los magistrados «confirmaron y exhibieron su alienación con un proyecto político, dejando de lado los derechos de los contribuyentes y abriendo la puerta al uso político de la justicia».
Respecto al fallo, señaló que «es ilegal», pues se omite «intencional y dolosamente» lo dispuesto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2012, año en que se originó el crédito fiscal.
Además, «viola el debido proceso» al negar el amparo solicitado «en lugar de remitir el caso a un tribunal distinto debido a la «existencia de impedimentos procesales».
Y remata: «el sesgo del tribunal confirma un patrón alarmante: aún con pruebas claras de ilegalidad, la postura que prevalecerá será favorecer al Servicio de Administración Tributaria (SAT), legitimando abusos y permitiendo cobros abusivos y arbitrarios»