La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), a través de las Comandancias de la IV Región Militar y de la 48/a. Zona Militar, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia Militar investigan los hechos en los que fallecieron seis personas, con la participación de personal militar.
A través de un comunicado se indica que, aproximadamente a las 20:00 horas del 6 de octubre de 2025, sobre la carretera de Ciudad Mante-Tampico, a la altura del kilómetro 71, personal militar se desplazaba en un convoy de tres vehículos.
De acuerdo con el comunicado, “personal militar que se desplazaba en un convoy de tres vehículos refiere que una camioneta color blanco trató de embestir a uno” de los vehículos de la Defensa, por lo que, “al percibir una amenaza a su integridad física y después de algunas maniobras, hicieron uso de sus armas y lamentablemente 5 personas perdieron la vida y 3 más resultaron heridas”.
La información añade que, a los heridos se les proporcionaron los primeros auxilios y fueron trasladados de inmediato al Hospital General “Carlos Canseco” en Tampico, Tamaulipas; y durante el traslado al nosocomio, uno de los heridos perdió la vida.
“Los hechos se hicieron del conocimiento de forma inmediata a la Fiscalía General de la República, la que abrió una carpeta de investigación, con objeto de que se realicen las diligencias necesarias y se determinen las responsabilidades que correspondan”.
En la jurisdicción militar, también se informó a la Fiscalía General de Justicia Militar, la que inició una carpeta de investigación, para que en el ámbito de su competencia se efectúen las investigaciones correspondientes.
El personal militar implicado, fue relevado de sus tareas y se encuentra actualmente en calidad de presentado en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de Tampico, Tamaulipas.
Al final del comunicado se indica que, la Secretaría de la Defensa Nacional refrenda su compromiso de actuar con estricto apego al estado de derecho, bajo una política de cero impunidad y está atenta a requerimientos por parte de las autoridades civiles para el esclarecimiento de los hechos.
