La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la discusión de la iniciativa de reforma electoral que impulsa su gobierno no se construye desde las cúpulas partidarias, sino con la participación de la ciudadanía.
Durante su conferencia matutina, la Mandataria subrayó que, a diferencia de procesos anteriores, las decisiones no recaen solo en los dirigentes políticos.
“Es que es distinto, ahora ya no son las cúpulas partidarias quienes deciden la reforma electoral, es la gente, y ahí está la oposición. Pues no es cinco, seis, siete personas, por más que sean dirigentes de partidos políticos, quienes van a opinar solamente. Ahora opina la gente que quiera asistir a los eventos o que quiera enviar su propuesta, y ahí está también, por supuesto, dirigentes de la oposición”, sostuvo Sheinbaum.
El proceso está a cargo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, quien informó que hasta el momento se han realizado cinco audiencias públicas para recoger propuestas de distintos sectores.
“Ha sido muy exitoso porque, bueno, todos los ponentes hablan al mismo tiempo. Hay mucho interés, se difunde a través de redes, se puede estar viendo en tiempo real todo lo que se dice. Entonces, bueno, una mayor transparencia posible, ¿no?”, destacó Gómez.
El funcionario explicó que la comisión ha sostenido encuentros con consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), con quienes lograron “acuerdos completos en el sentido de establecer una vía de colaboración”. Además, han dialogado con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto federales como locales.
“Yo quisiera insistir en algo que ha dicho el presidente en varias voces: esto es una cosa verdaderamente abierta. No es simplemente darle vueltas a la noria para que finalmente diez personas decidan cuál es el futuro de un sistema electoral, no. No será así. Y el debate va a estar con toda seguridad, muy interesante”, afirmó Gómez.
El titular de la comisión precisó que la etapa actual culminará con la elaboración de una iniciativa presidencial, que posteriormente será discutida en el Congreso. En caso de requerirse una reforma constitucional, también deberán participar los congresos estatales.
