Integrantes de la Red UV por la Legalidad se pronunciaron este viernes en contra de lo que calificaron como la imposición de un “rector espurio” en la Universidad Veracruzana (UV), al referirse a la prórroga otorgada de manera ilegítima a Martín Aguilar.
Sendy Meléndez, Raúl Arias Lovillo y Miguel Casillas advirtieron que dicha medida es ilegal y se encuentra fuera de lo que establecen la Ley Orgánica y la Ley de Autonomía de la institución.
En su posicionamiento, los universitarios explicaron que la Junta de Gobierno carece de atribuciones para conceder una prórroga al rector, ya que su única facultad es designarlo tras la publicación de una convocatoria, tal como lo establece el artículo 4° de la Ley de Autonomía. Asimismo, precisaron que el artículo 38 de la Ley Orgánica no contempla que un rector pueda solicitar la ampliación de su periodo, por lo que cualquier procedimiento distinto constituye una violación a la normatividad universitaria.
Señalaron que la Junta de Gobierno interpretó leyes que no le corresponden, puesto que estas fueron expedidas por el Congreso local, lo que implicó suplantar funciones legislativas y vulnerar la soberanía del propio Congreso. Además, subrayaron que las leyes que rigen a la UV no prevén mecanismos para prorrogar rectorías, por lo que “el método utilizado por la Junta fue inventado”, impidiendo la participación de la comunidad universitaria en la presentación y análisis de proyectos para la vida institucional.
Los integrantes de la Red UV afirmaron que este proceso responde a intereses políticos y económicos de un grupo que busca mantener privilegios. “No vamos a ser un parapeto político”, manifestaron, al denunciar que la universidad está siendo utilizada con fines partidistas. Añadieron que incluso se han registrado amenazas contra docentes con la advertencia de no renovar contratos y estudiantes, lo que genera un clima de incertidumbre en la máxima casa de estudios.
En ese sentido, reiteraron que desconocen a Martín Aguilar como rector legítimo y lo calificaron como “rector espurio”. Insistieron en que a partir del 1 de septiembre cualquier documento que firme carecerá de validez jurídica, al haberse violentado la normatividad universitaria.
Finalmente, solicitaron la destitución del rector y de los integrantes de la Junta de Gobierno, recordando que la legislación establece de manera clara que la renovación de la rectoría debe realizarse cada cuatro años, mediante convocatoria abierta y un proceso transparente.
