El secretario general de Gobierno del estado, Manuel González Flores, informó que buscarán aplicar castigos a las personas que realicen falsas alarmas de tiroteos.
En entrevista con medios de comunicación, el funcionario explicó que realizan constantes reuniones con el gabinete estatal para ver la posibilidad de establecer sanciones, debido a las constantes amenazas que se han suscitado en planteles educativos del área metropolitana de un tiempo a la fecha.
La última de ellas ocurrió la mañana de este lunes, cuando la preparatoria número 2 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, llevó a cabo un protocolo de seguridad de emergencia debido a una supuesta amenaza que surgió en redes sociales.
“Lo que estamos viendo es integrar totalmente expedientes y poder aplicarlo. No podemos permitir que esto siga pasando y vamos a actuar una vez que identifiquemos qué tipo de alarma es, de dónde viene y quién es el originario de ella”, explicó González Flores.
Declaró que junto con los vecinos estados de Coahuila y Tamaulipas, Nuevo León trabaja en un convenio en materia de educación “con procedimientos y protocolos de prevención”, que se homologará en las escuelas de las tres entidades.
La metrópoli regia se ha convertido en blanco de estas acciones en las últimas semanas a raíz del tiroteo escolar realizado en Torreón, Coahuila, cuando un menor de edad asesinó a una maestra, hirió a sus compañeros y después se suicidó el 10 de enero de 2020.
Mientras, el único antecedente de un acontecimiento de tal magnitud en la ciudad sucedió el 18 de enero de 2017, en el Colegio Americano, cuando un joven disparó un arma contra su maestra y lesionó a tres compañeros para, posteriormente, quitarse la vida.
Tan solo en febrero, de acuerdo con recuentos periodísticos, se suscitaron siete falsas alarmas de balaceras en instituciones públicas y privadas de Monterrey, lo que ha vuelto a generar psicosis e incertidumbre entre los padres de familia.
El pasado 12 de febrero, el secretario de Seguridad Pública estatal, Aldo Fasci Zuazua, explicó a los medios que aunque no todos los menores son sujetos a sanciones debido a la ley, pero “a quienes sí lo sean, tiene que llevárseles un proceso” y en el caso de los padres de los responsables, se harían acreedores a “acciones civiles”.
