A medida que pasan los días me pregunto si los responsables de la conducción del gobierno estatal están conscientes de la responsabilidad histórica que les ha tocado vivir.
Haber llegado con un considerable porcentaje de votos al poder, en una elección democrática, con un resultado incuestionable, debiera ser un verdadero privilegio y distinción y, en consecuencia, se debiera estar respondiendo con un trabajo altamente profesional.
Pero conforme avanza el tiempo, luego de que se supone que ya habrían superado con éxito la curva de aprendizaje, casi a punto de cumplir el segundo año de ejercicio, los hechos demuestran que no han estado a la altura de su momento histórico.
Escribo en primera persona porque soy testigo de la vida pública de Veracruz –incluso he participado en ella activamente como servidor público en varias administraciones– desde hace ya más de cincuenta años, en los que como periodista he venido registrando la historia diaria de los gobiernos desde inicio de los años setenta del siglo pasado, y cuando creía que ya había visto todo, los actuales me sacan de mi error.
El actual gobierno se empeña, día con día, en superar errores de conducción política y administrativa que tuvieron otros que le antecedieron. Incluso han llegado a hechos que nunca antes se habían dado en la historia de Veracruz, que forman ya una gran mancha negra que los marcará y señalará para siempre.
Lo último es el escándalo por el burdo manoseo que han hecho con la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, que dañó gravemente la imagen de uno de los tres poderes del Gobierno del Estado, al que rebajaron al nivel de una dependencia más del Ejecutivo.
Me atrevo a decir que todos los veracruzanos, pero en especial quienes imparten justicia y quienes la procuran, el mundo de la judicatura y el de la abogacía litigante, han asistido y visto, pasmados, cómo la inexperiencia, la irresponsabilidad, la falta de preparación y asesoramiento profesional, el abuso del poder y la arbitrariedad violaron la autonomía de un órgano que tiene la grave responsabilidad de impartir justicia, de dar, como dejó consignado Ulpiano, a cada quien lo suyo, lo cual solo es posible desde la independencia ajena a la intromisión del interés que pretende un manipuleo político.
Hoy todo Veracruz, y seguramente gran parte del país, sabe que una señora, sin el perfil adecuado y sin la trayectoria que exige el cargo, fue impuesta desde el Palacio de Gobierno como presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y al final, de una forma porril, la han depuesto porque, como cabía esperar, no estaba adecuadamente preparada para tan alta y delicada responsabilidad.
La prensa diaria vino dejando constancia del grave error que habían cometido y que la señora deshonraba su nombramiento a partir de que a los primeros que incluyó en su nómina fueron a familiares suyos, quienes asumieron como patrimonio personal la administración de todo un Poder de Veracruz.
Poco tiempo pasó para que sus desatinos empezaran a ser motivo de escándalo mediático y punto para la confrontación con otros integrantes del Tribunal, pleito que se ahondó cuando ella misma desconoció acuerdos y no dio cumplimiento a fallos legales de instancias superiores que protegían los derechos legales de algunos magistrados.
