La Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval, informó a través de un comunicado que pusieron a disposición de la Auditoría Superior de la Federación más de 30 mil expedientes y nunca recibieron solicitudes adicionales o aclaraciones, pero ordenó que se apliquen las sanciones correspondientes que deriven del informe de la ASF.
Asimismo, la dependencia le dio la bienvenida al Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2019 y negó que existieran resistencias a la fiscalización como se señaló.
A continuación el comunicado:
Se han atendido en tiempo y forma todos los requerimientos de información y se ha proporcionado toda la evidencia para atender las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como parte de la revisión a la Cuenta Pública 2019.
No existe ningún oficio de respuesta que consigne negativa alguna de entrega de información. Tampoco existe prueba de algún rechazo de atención al equipo auditor. Por el contrario, siempre hubo total disposición de colaborar en apego a las mejores prácticas de auditoría, por lo cual aclaramos lo siguiente para no desinformar a la sociedad:
Es falso que se hubiera retenido información para los auditores. En los casos de excepción, en los que fue material o jurídicamente imposible entregar la documentación solicitada en el tiempo y la forma requerida por el ente fiscalizador, se expusieron de manera fundada y motivada las razones que justificaban dicha imposibilidad.
En ningún momento la Función Pública negó acceso a sus expedientes. Por ejemplo, se pusieron a disposición de la ASF los más de 30 mil expedientes de investigación que requirió para que fueran revisados en las instalaciones donde se encontraban, a fin de que verificara que se cumple con el debido proceso; sin embargo, la entidad fiscalizadora no acudió a la revisión.
Es incorrecto que se negara la comparecencia de servidores públicos. Sobre la solicitud de realizarles entrevistas, se expuso por escrito el extrañamiento por el requerimiento, ya que legalmente éstas no forman parte de la auditoría; sin embargo, no hubo respuesta por parte de la ASF.
Como ya ha sido señalado por la titular de la Función Pública, la ASF no emitió ninguna promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias, ni ninguna solicitud de aclaración hacia nuestra Dependencia. Lo único que recibimos de la ASF fueron recomendaciones para fortalecer el control interno, las cuales tomaremos en cuenta con total responsabilidad a fin de alcanzar mejoras en la operación.
Es importante hacer notar que, como subrayó el propio auditor superior en su informe a la Cámara de Diputados, las condiciones de fiscalización fueron extraordinarias en 2020, y limitaron la capacidad de los auditores, así como de los sujetos auditados, para acceder a la información requerida. En este sentido, la Administración Pública Federal (APF) siempre procuró dar cumplimiento a todos los requerimientos de información.
Del mismo modo, la revisión del ejercicio 2019 se dio en un contexto de transformación institucional en la APF, que ha implicado la construcción de un nuevo andamiaje normativo y organizacional que inició en los primeros minutos del actual gobierno y por su magnitud aún continúa. Esta situación no fue considerada suficientemente en algunas auditorías a las que las Dependencias y entidades de la APF seguirán dando atención con el apoyo de la Secretaría de la Función Pública.
