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Redes criminales detrás de deforestación en Amazonas, denuncia HRW

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La deforestación en la selva amazónica brasileña está impulsada por redes criminales que con violencia e intimidación atacan a los defensores de los bosques, sin que el gobierno tome acciones al respecto, denunció hoy la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW).

“Los brasileños que defienden el Amazonas enfrentan amenazas y ataques de redes criminales involucradas en la tala ilegal”, señaló Daniel Wilkinson, director interino de medio ambiente y derechos humanos en HRW, en un informe publicado este martes.

“La situación solo está empeorando bajo el presidente Bolsonaro, cuyo asalto a las agencias ambientales del país está poniendo a la selva y a las personas que viven allí en un riesgo mucho mayor”, indicó.

Desde que llegó al poder el año pasado, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha reducido la aplicación de las leyes ambientales, ha debilitado las agencias ambientales federales y ha criticado a las organizaciones y personas que trabajan para preservar la selva.

El mandatario ha sido criticado a nivel internacional por dichas políticas y su inacción ante los incendios forestales en el Amazonas, donde Brasil alberga el 60 por ciento de la selva y donde más focos de calor se han registrado en los últimos meses.

El informe de HRW, titulado “Mafias de la selva tropical: Cómo la violencia y la impunidad impulsan la deforestación en la Amazonia brasileña”, documenta cómo la tala ilegal perpetrada por redes criminales y los incendios resultantes están vinculados a actos de violencia e intimidación contra los defensores de los bosques y el fracaso del Estado en investigar e enjuiciar a los culpables.

Tales redes tienen la capacidad para coordinar la extracción, el procesamiento y la venta de madera a gran escala, y despliegan hombres armados para intimidar y, en algunos casos, matar a los que quieren defender el bosque, afirmó la organización no gubernamental (ong) dedicada a la defensa de los derechos humanos.

Con cifras de la ong Comisión de Tierras Pastorales (CPT), citadas por la Oficina del Fiscal General, Human Rigths Watch refirió que “más de 300 personas han sido asesinadas durante la última década en el contexto de conflictos por el uso de la tierra y los recursos en la Amazonia, muchos de ellos por personas involucradas en la tala ilegal”.

La ong, con sede en Nueva York, señaló que para su reporte entrevistó a más de 170 personas, entre indígenas y residentes locales en estados amazónicos, así como funcionarios, algunos de los cuales hablaron sobre informes de las políticas de Bolsonaro y cómo están socavando los esfuerzos.

Documentó 28 asesinatos, cuatro intentos de asesinato y más de 40 casos de amenazas de muerte, con evidencia sobre los responsables y su vínculo con la deforestación ilegal, que rara vez son llevados ante la justicia.

La mayoría de los casos fue durante los últimos cincos años y algunas víctimas eran agentes en cumplimiento ambiental, ya sea indígenas o residentes del bosque que denunciaron la tala ilegal.

Human Rights Watch documentó asimismo omisiones en las investigaciones de asesinatos ocurridos cerca de estaciones de policía, incluso la falta de autopsias.

“En al menos 19 de los 28 asesinatos documentados, las amenazas contra las víctimas o sus comunidades precedieron a los ataques. Si las autoridades hubieran investigado, los asesinatos podrían haberse evitado”, añadió.

Desde que Bolsonaro está en la Presidencia de Brasil, la deforestación casi se duplicó. Para agosto de 2019, los incendios forestales causaron estragos en toda la Amazonia en una escala sin precedentes.

HRW señaló que los incendios son iniciados por personas que completan el proceso de deforestación donde los árboles de valor ya fueron eliminados; se extienden a través de pequeños claros y caminos discretos que han sido tallados por los madereros, dejando vetas de vegetación seca e inflamable que sirven como leña para encender la selva tropical.

“Como la selva tropical más grande del mundo, la Amazonia desempeña un papel vital en la mitigación del cambio climático mediante la absorción y almacenamiento de dióxido de carbono”, dijo.

Para el director interino de medio ambiente y derechos humanos en HRW, el impacto de los ataques a los defensores del bosque en Brasil va más allá del Amazonas y la situación continuará a menos que las autoridades aborden la violencia y la ilegalidad que están destruyendo la selva tropical más grande del mundo.

Notimex

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De moda la autoproclamación presidencial, acusa Cristina Fernández

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La vicepresidenta electa de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó hoy a Jeanine Áñez por haber asumido la presidencia de Bolivia tras la renuncia de Evo Morales, al señalar que “ahora” a los mandatarios ya no los eligen los pueblos.

“Se ha instalado una nueva moda en Latinoamérica: parece que a los Presidentes ya no los eligen los pueblos… Ahora, se autoproclaman con gran patrocinio mediático e inmediato reconocimiento de ya sabemos quién. Lo curioso, además, es que dicen hacerlo en nombre de la democracia”, criticó Fernández de Kirchner en su perfil en la red social Twitter.

La vicepresidenta electa se refirió -sin nombrarla directamente- a Áñez, quien la víspera se declaró presidenta de Bolivia durante una sesión en el Senado, caracterizada por falta de quórum, en la que prometió tomar las medidas necesarias para pacificar el país.

La presidenta argentina entre 2007 y 2015, que tomará posesión de la vicepresidencia el 10 de diciembre, denunció con anterioridad que lo que pasó en Bolivia fue un “golpe de Estado”.

El gobierno del presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, no se ha pronunciado sobre la proclamación de Áñez como presidenta interina de Bolivia, a diferencia de Estados Unidos y Brasil, cuyos presidentes la han reconocido e inclusive están dispuestos a trabajar de conjunto por la pacificación del país andino.

Reino Unido también felicitó a Áñez mediante un comunicado de su cancillería este miércoles. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, no consideró un golpe de Estado la presión que obligó a Evo Morales a renunciar como presidente de Bolivia, incluso calificó el domingo pasado como “un gran día” por su salida del poder.

Áñez, quien era vicepresidenta segunda del Senado, asumió el liderazgo de la cámara alta ante la ausencia del presidente y de la primera vicepresidenta de ese órgano legislativo.

Ya como presidenta en funciones del Senado asumió la presidencia de Bolivia, con base en el artículo 170 de la Constitución Política del Estado, para cubrir el vacío de poder derivado de la dimisión de Morales, y ahora tiene la tarea de convocar lo más pronto posible a nuevos comicios y de pacificar al país.

Notimex

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Diplomático revela más evidencia en el caso Trump-Ucrania

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Un diplomático de carrera reveló más evidencia de los esfuerzos del presidente Donald Trump para presionar a Ucrania a investigar a rivales políticos, al comenzar el miércoles las primeras audiencias públicas en el cuarto proceso de juicio político que se realiza a un mandatario en la historia de Estados Unidos.

William Taylor, el principal diplomático de Washington en Ucrania, dijo por primera vez que un asistente suyo escuchó a Trump preguntar a otro embajador sobre “las investigaciones” que el día previo había solicitado al líder ucraniano. Taylor dijo que hasta hace poco se enteró de la llamada telefónica de Trump con dicho embajador.

Los republicanos respondieron que los demócratas solo tenían conocimiento de segunda o tercera mano de las acusaciones de que Trump retuvo millones de dólares en ayuda militar a la nación de Europa del Este, que ahora enfrenta la agresión rusa. Trump está acusado de tratar de dar ese dinero a cambio de que Kiev investigara al exvicepresidente Joe Biden y el Comité Nacional Demócrata.

La audiencia, la primera televisada a toda la nación, aportó horas de intercambios partidistas pero hasta ahora no ha habido un momento que se quede grabado en la conciencia pública como para quitar de su cargo al 45vo presidente estadounidense. Trump, quien recibió en la Casa Blanca al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dijo que estaba “demasiado ocupado” para seguir el proceso.

En el largo día de testimonio, dos diplomáticos de carrera describieron que hubo confusión dentro de los gobiernos estadounidense y ucraniano sobre lo que Trump quería de Kiev. Taylor declaró junto con George Kent, subsecretario de asuntos europeos y euroasiáticos del Departamento de Estado.

Taylor dijo que un colaborador le dijo que escuchó una llamada telefónica de Trump con el embajador estadounidense para la Unión Europea, Gordon Sondland, un día después de la llamada telefónica del 25 de julio que Trump tuvo con el líder ucraniano y que fue la que detonó el proceso de juicio político.

Según lo relatado, Sondland telefoneó al presidente y que se podía escuchar a Trump preguntando sobre “las investigaciones”. De acuerdo con Taylor, Sondland le dijo al presidente que los ucranianos estaban listos para proceder.

El proceso de juicio político comenzó después de que un informante anónimo presentó una queja por los tratos de Trump con Ucrania, incluyendo una llamada telefónica en julio donde el mandatario le pide a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskiy investigar supuestos actos de corrupción contra Biden y su hijo, todo mientras Estados Unidos retenía ayuda militar destinada al país europeo.

El presidente de la Comisión de Inteligencia, Adam Schiff, inauguró la sesión _que se trasmitió por televisión en vivo desde la sede del Congreso_ preguntando si el presidente utilizó su cargo para presionar a las autoridades en Ucrania para beneficio político.

“La cuestión es tan simple y sencilla como esa”, dijo Schiff. “Nuestra respuesta a estas cuestiones no afectarán solo el futuro de esta presidencia, sino también el futuro del presidente mismo y qué tipo de conducta o mala conducta puede esperar el pueblo estadounidense de su comandante en jefe”.

Es un momento notable, incluso en una Casa Blanca repleta de ellos.

Hasta el momento, la narrativa ha dividido a los estadounidenses, prácticamente en la misma proporción que el inusual mandato de Trump. La Constitución establece un drástico, pero ambiguo, parámetro para el juicio político y hasta ahora no existe un consenso de que las acciones de Trump en las que se centra la pesquisa cumplan con la definición de “delitos y faltas graves”.

Ya sea que los procedimientos del miércoles sean el principio del final de una presidencia o ayuden a Trump a asegurar el cargo, lo único seguro es que su caótico mandato finalmente ha llegado a un lugar que él no puede controlar y a una fuerza, el sistema constitucional de controles y contrapesos, que no puede ignorar.

El país ha pasado por esto apenas tres veces antes y nunca en el contexto de las redes sociales y los comentarios en redes sociales, incluyendo los del mismo presidente.

“Estas audiencias tocarán temas de profundas consecuencias para la nación y el funcionamiento de nuestro gobierno bajo la constitución”, dijo Schiff, quien describió el proceso como una “tarea solemne” y aconsejó a sus colegas “asumir estos procedimientos con la seriedad y amor al país que se exige”.

“Una completa farsa de juicio político”, tuiteó el presidente.

AP

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Obispo que investigó abusos sexuales es acusado de abuso

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Un obispo nombrado por el papa Francisco para investigar la respuesta de la Iglesia Católica al abuso sexual por el clero en Buffalo, Nueva York, está acusado ahora de abuso sexual de un menor, le informó a la iglesia esta semana un abogado de la presunta víctima.

El abogado les informó a funcionarios católicos en Nueva Jersey que está preparando una demanda a nombre de su representado en la que éste dice que fue abusado por el ahora obispo de Brooklyn Nicholas DiMarzio a mediados de los setenta, cuando DiMarzio era un cura de parroquia en Jersey City.

DiMarzio dijo que la acusación es falsa.

“Me acabo de enterar de la acusación”, dijo el obispo en una declaración el martes a The Associated Press. “En mis 50 años de ministerio, nunca he cometido conducta ilegal ni inapropiada y niego enfáticamente esta acusación. Estoy confiado de que seré completamente vindicado”.

En una carta enviada el lunes a archidiócesis de Newark, Nueva Jersey, el abogado Mitchell Garabedian relata que Mark Matzek, de 56 años, dice que fue abusado sexualmente en reiteradas ocasiones por DiMarzio y otro sacerdote, el difunto reverendo Albert Mark, cuando era monaguillo en la iglesia St. Nicholas y estudiante en la Escuela St. Nicholas.

El mes pasado, el papa Francisco nombró a DiMarzio para que investigase la diócesis de Buffalo, donde el obispo Joseph Malone ha sido criticado por su manejo de un escándalo de abuso sexual que ha sacudido la diócesis y motivado llamados a su renuncia.

“La investigación de la diócesis de Buffalo por el obispo DiMarzio está mancillada por esas acusaciones”, dijo Garabedian en una entrevista con la AP. “Tiene que haber un investigador realmente neutral para determinar si el obispo Malone debe renunciar” y añadió que la investigación debe ser encabezada por una agencia del orden.

Adriana Rodriguez, secretaria de prensa de la diócesis de Brooklyn, dijo que DiMarzio completó su informe sobre la diócesis de Buffalo y se lo presentó al Vaticano. DiMarzio y Malone están en Roma para una visita programada de los obispos de Nueva York a la Santa Sede.

Garabedian dijo que la notificación que le envió a la archidiócesis de Newark describe las acusaciones de Matzek y el daño que éste presuntamente sufrió, al tiempo que demanda 20 millones de dólares en compensación.

Maria Margiotta, portavoz de la archidiócesis, dijo que recibió la carta de Garabedian y reportó las acusaciones a las agencias del orden.

Garabedian le dijo a la AP que planea presentar la demanda a nombre de Matzek el mes próximo, después que Nueva Jersey abra un período de dos años en el que víctimas de abuso sexual podrán presentar demandas sin importar el estatuto de limitaciones, que usualmente prescribe el período de tiempo en el que una presunta víctima puede presentar una demanda.

DiMarzio completó su examen de la diócesis de Buffalo, conocido como “visita apostólica”, el mes pasado. Dice que hizo tres viajes a la diócesis en siete días y entrevistó a casi 80 clérigos y feligreses.

AP

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