La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, y las legisladoras Lorena Villavicencio Ayala (Morena) y Martha Tagle Martínez (Movimiento Ciudadano) buscan la constitución de un “ingreso único vital”, temporal y no condicionado, para las personas que tendrán una disminución en sus recursos por la emergencia sanitaria por COVID- 19.
Ante ello, se propuso al Ejecutivo Federal otorgar un Ingreso Único Vital, temporal y no condicionado a personas desempleadas a consecuencia de la emergencia sanitaria a través de un apoyo directo por un monto que deberá definirse en base a la línea de bienestar. “Se propone que apoyo económico directo se entregue través de tarjetas o los medios que sean necesarios por un monto de $3,746.00 pesos, por tres meses”.
En un punto de acuerdo plantean beneficiar a la población que se dedica al sector informal y a las personas que pierdan su empleo.
Resaltan que las medidas de salubridad implementadas para contener la pandemia y proteger las vidas, están teniendo efectos inmediatos en los ingresos laborales de las 55,683,450 personas que estaban ocupadas a finales del 2019. Pero la magnitud de esa consecuencia será distinta para cada una de esas 55 millones de personas: habrá quienes conserven su empleo formal, quienes lo pierdan y quienes sigan laborando en la medida en la que sus productos y servicios sean solicitados.
Alrededor del 16 por ciento de los hogares mexicanos reciben al menos el 50 por ciento de sus ingresos de empleos en sectores altamente vulnerables y afectados por la pandemia -trabajo doméstico, comercio ambulante, pequeños negocios de servicio, comercio en establecimientos, otros sectores vulnerables- y/o de las remesas provenientes de otros países.
Menciona que el ingreso único vital reduciría los efectos negativos de la pandemia y aceleraría la reactivación económica. Además, es indispensable para que la emergencia no condene la pobreza y a la vulnerabilidad a millones de hogares.
Relata que los recursos para esta estrategia tendrían como vía de implantación, el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, cuyo objetivo es mitigar los efectos adversos que circunstancias extraordinarias puedan tener sobre el bienestar de las familias y, así ayudar a garantizar “las condiciones mínimas para el bienestar integral”. Este plan, podrá funcionar como el instrumento administrativo para desplegar el ingreso único vital para las medidas económicas y de apoyo en especie ante la emergencia ante el COVID-19.
Las legisladoras exponen que para seleccionar a las personas beneficiarias, el programa extraordinario incorporaría a aquellas que lo soliciten, que no cuenten con seguridad social ni sean ya beneficiarios de algún programa social, utilizando la CURP de las y los solicitantes para corroborar su falta de derechohabiencia en el Seguro Social, y los registros de los programas sociales para identificar su condición de no beneficiarios.
Señalan que al menos el 30 por ciento de los hogares mexicanos están jefaturados por una mujer, que por condiciones de género tiene mayores desigualdades para acceder a ingresos, lo hacen en la informalidad y en medio de la precariedad.
Además, la mayoría de los trabajadores mexicanos tienen condiciones laborales poco seguras. El 74 por ciento del total de los empleados pertenece a una de las siguientes poblaciones vulnerables: personas trabajadoras por cuenta propia, quienes laboran sin remuneración, personas dueñas de un micronegocio o personas asalariadas sin contrato o con contrato por obra determinada. No todas estas personas son pobres, pero sí tienen fuentes de ingreso poco estables que corren el riesgo de reducirse o ser eliminadas en esta crisis.
Subrayan que una evidencia preliminar muestra que los efectos de la crisis ya se están sintiendo, incluso en el sector formal, pues según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), “abril podría cerrar con una baja de 744 mil 225 empleos [formales]”. Además, los empleos se están perdiendo sobre todo en los rangos salariales más bajos –es decir, probablemente personas con menos ahorros y en mayor necesidad inmediata de recibir apoyo- y en las edades más jóvenes, lo cual puede mermar sus carreras laborales durante un tiempo considerable.
Plantean que el gobierno federal puede desarrollar un apoyo extraordinario y temporal que, de manera solidaria, ofrezca un ingreso para compensar las pérdidas económicas de las familias mexicanas. Esto podría evitar que las personas caigan en pobreza, que la profundicen, o que tomen decisiones que afecten su capital humano, su patrimonio o sus derechos (sacar a los hijos e hijas de las escuelas, reducir la variedad de la alimentación, hipotecar o vender sus bienes, entre otros). Además, una vez que se levanten las medidas sanitarias, esto podría fomentar una recuperación más pronta de las familias más vulnerables.
Invertir en estas medidas, “implica un costo perfectamente asequible para un país como el nuestro. No aumentaría significativamente la deuda y no se convertiría en una carga insostenible para el futuro. Su costo estaría acotado y los beneficiarios estarían claramente definidos. No sería un rescate de empresas inviables ni se trataría de un despilfarro de recursos públicos”, abundan las diputadas en el documento.
