La diputada María Guillermina Alvarado Moreno (Morena) presentó una iniciativa para reformar el artículo 189 del Código Penal Federal en materia de protección de derechos humanos de las y los funcionarios públicos durante casos fortuitos y de fuerza mayor, a raíz de las recientes agresiones en contra de los trabajadores de la salud, en el marco de la emergencia sanitaria del Covid-19.
La propuesta expone que cuando en México exista un caso de fuerza mayor y fortuito como desastres naturales, contingencias o emergencias, “quien cometa algún delito contra algún funcionario público sea acreedor a una pena de cinco a 15 años de prisión, esto adicional a lo que la pena del delito amerite”.
Explicó que por diversas ideologías, diversidad de pensamiento o miedo, han sido vulnerados los derechos de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus actividades.
Argumentó que otro tipo de casos de fuerza mayor, corresponde la atención y protección de la ciudadanía a diversos funcionarios; como rescatistas o personal de protección civil, e integrantes de las fuerzas armadas de nuestro país, quienes también en el desempeño de sus funciones arriesgan la vida.
Por lo que afirmó, “el interés esencial de esta iniciativa, es proteger la vida, la dignidad y los derechos de las y los hombres que lo dan todo por su país, por la salud y por la gente; funcionarios que durante estas circunstancias difíciles dan la mano a otros merecen todo nuestro respaldo”, apuntó.
De igual manera, Alvarado Moreno consideró que ante la declaración del inicio de la fase 3 del Covid-19, es momento de apoyar a todos los integrantes del servicio público que están y estarán en el primer frente de combate: médicos, enfermeras y todo el personal de salud que se arriesgan por nosotros.
De igual modo, a miembros de la Sedena, Marina y Guardia Nacional que apoyarán al sector salud conforme a la estrategia previamente establecida.
“Es momento de hacer lo mejor para México y los mexicanos y para salir fortalecidos de esta época que nos ha tocado vivir”, dijo.
