La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, presentó una iniciativa de reforma constitucional para evitar que el dinero que se entrega a beneficiarios de programas sociales pueda ser susceptible de retenciones, descuentos o embargos, por parte de las instituciones bancarias, para saldar adeudos sin juicio previo.
En conferencia de prensa en el Senado de la República, en el marco de la sesión presencial de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora comentó que se han detectado casos en que los recursos de los programas sociales, depositados en las cuentas bancarias de los beneficiarios, son retenidos por las instituciones financieras para “cobrarse a lo chino”.
Alavez Ruiz subrayó que es práctica común de las instituciones financieras colocar en los contratos de servicios financieros las conocidas “cláusulas de compensación”, en las que se dispone que el cliente autoriza y faculta al banco para cargarle en cualquier cuenta, que el banco establezca a nombre del cliente, los adeudos vencidos y no pagados.
“Cuando alguna cuenta (del cliente y beneficiario de programas sociales) refleja un ingreso, se vinculan sus cuentas, y con base en estas cláusulas, las instituciones financieras pueden realizar los descuentos, retenciones o embargos, sin juicio previo”.
Recordó que en mayo de 2020 entró en vigor la reforma al artículo 4 constitucional, que establece garantías de derechos fundamentales para las personas mayores, personas con discapacidad y estudiantes de escasos recursos a través de la entrega de apoyos económicos, los cuales se dispersan mediante instituciones financieras.
En ese sentido, la diputada destacó la necesidad de establecer en ese mismo artículo constitucional, un esquema de protección a pensiones y becas que se entregan a los sectores más vulnerables, garantizadas en la Carta Magna, y otros apoyos otorgados por cualquiera de los tres órdenes de gobierno para el combate a la pobreza y desigualdad social, de tal manera que esos recursos “no sean susceptibles de retenciones, descuentos o embargos por parte de particulares, sino mediante juicio”.
“Nadie puede hacerse justicia por propia mano; los recursos provenientes para garantizar los derechos fundamentales de las personas mayores, personas con discapacidad y estudiantes, así como aquellos apoyos para combatir la pobreza y la desigualdad social, deben contar con la protección constitucional y las garantías procesales que en ella se consignan”, enfatizó.
“Que no se cobren a lo chino con los programas sociales”, finalizó la legisladora, quien estuvo acompañada por la diputada Miroslava Sánchez Galván y el diputado Javier Hidalgo Ponce, ambos de Morena.
