El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua clausuró esta semana siete emisoras de radio propiedad de la Iglesia católica y otros dos medios independientes que prestaban servicio en la zona norte, mayoritariamente rural y con un historial de oposición al partido del gobernante, el Frente Sandinista.
Expertos consideran que la más reciente ola de represión busca silenciar cualquier voz crítica antes de las elecciones municipales previstas para el 6 de noviembre, como ocurrió en las presidenciales de 2021 cuando Ortega se reeligió por tercera vez tras encarcelar a sus principales rivales políticos.
Pero a los observadores de otros países de Centroamérica les preocupa que la “desenfrenada represión” de Ortega haya envalentonado a otros líderes políticos poco tolerantes frente a la disidencia y a las voces críticas.
El viernes pasado, Guatemala detuvo al destacado periodista Rubén Zamora, director de “El Periódico”, medio especializado en investigar la corrupción, incluso contra el actual presidente Alejandro Giammattei. Tras su primera comparecencia ante un juez el miércoles por cargos de lavado de dinero y extorsión, Zamora dijo que todo respondía a un “montaje” realizado por el mandatario y la fiscal general.
La detención de Zamora se produjo tras la persecución de jueces y fiscales guatemaltecos asignados a casos de corrupción, varios de los cuales se han visto obligados a exiliarse.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ataca con regularidad a las ONG que critican las medidas de su gobierno, la más reciente un estado de excepción de más de cuatro meses que suspendió los derechos fundamentales y durante el cual las autoridades han detenido a más de 40.000 personas por supuestas conexiones con las pandillas.
Las detenciones han sido apoyadas por un sector de salvadoreños, pero criticadas por organizaciones de derechos humanos ya que muchas se han realizado sin investigación ni respeto al debido proceso.
Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para América Latina, un grupo de derechos humanos, dijo que estaban preocupados por cómo “la región ha sufrido una reacción generalizada de poderosos sectores pro-impunidad y líderes autoritarios, y cómo Nicaragua se ha convertido, digamos, en un modelo”.
Consultada por The Associated Press, señaló que Giammattei y Bukele han tomado lecciones del “manual” de Ortega para concentrar el poder.
En la ciudad de Matagalpa, el jueves, decenas de policías rodearon la sede de la diócesis y la residencia del obispo Rolando Álvarez, un abierto crítico del gobierno. El religioso salió a la calle levantando una enorme cruz, la imagen del Santísimo, y comenzó a rezar, mientras los efectivos policiales acordonaban el sector.
Esto ocurrió tres días después del cierre de las emisoras de radio de la iglesia en Matagalpa el pasado lunes. La policía ocupó la residencia del párroco Uriel Vallejos, de la ciudad de Sébaco y cortó la luz. El sacerdote y seis personas más permanecen todavía encerradas en el edificio y sus reservas de alimentos se están agotando.
Ni el gobierno de Nicaragua, ni el Vaticano han comentado públicamente la situación.
Matagalpa es una provincia productora de café y ganado a unos 130 kilómetros al norte de Managua. Durante la revolución de la década de 1980, fue escenario de la guerra de los “contras” que intentaron derrocar al primer gobierno sandinista de Ortega.
Entre los medios cerrados esta semana figura la emisora comunitaria feminista Radio Vos y el canal de televisión RB3, ambos al servicio de poblaciones mayoritariamente rurales.
“Nos suspendieron la licencia con argumentos técnicos, pero sabemos que es una represalia por nuestra posición crítica y nuestro trabajo en defensa de las mujeres y la formación de líderes comunitarios”, dijo a The Associated Press Argentina Olivas, directora de Radio Vos. Fundada en 2004, la emisora llegaba a nueve de los 13 municipios de Matagalpa, incluso a lugares remotos donde ningún otro medio lo hace.
El lunes, la emisora había emitido un comunicado de apoyo al sacerdote cercado en Sébaco.
El canal de televisión RB3 transmite desde las montañas de Río Blanco. David Mendoza, su director, lloró tras anunciar a los telespectadores el cierre tras 18 años de funcionamiento.
“Esto es muy duro. Hacemos periodismo independiente con un perfil social”, declaró Mendoza a la AP. “Este era un canal de ayuda y esperanza para el pueblo”.
Mendoza dijo que el gobierno le retiró la publicidad al canal tras las masivas protestas de abril de 2018, reprimidas violentamente por el gobierno. Recibió amenazas y fue acosado por la policía desde entonces, pero la popular televisora siguió funcionando con apoyo de negocios locales.
Aunque gran parte de la población de la zona es antisandinista, el partido de Ortega ganó los comicios de 2017 en Río Blanco. La oposición denunció fraude.
“Van por el control total”, opinó Mendoza.
A juicio de Oscar René Vargas, un analista político obligado a huir de Nicaragua en 2018, el gobierno “busca silenciar a todos los medios de comunicación posibles” y por tal razón ha enviado al exilio a más de 120 periodistas.
El mes pasado, el principal diario de Nicaragua, La Prensa, anunció que todo su personal había abandonado el país tras sufrir un aumento de la “persecución” del gobierno. La policía mantiene ocupada la sede de La Prensa desde hace casi un año. En lo que va de 2022, Ortega también ha cerrado unas 1.000 ONG, algunas de ellas señaladas por su gobierno de recibir fondos del extranjero para “desestabilizarlo”.
Ortega alega que la revuelta social de 2018 fue un “fallido golpe de Estado” para derrocarlo, con apoyo del exterior. El mes pasado, su gobierno expulsó a 18 misioneras de la Caridad, una orden benéfica fundada por la Madre Teresa de Calcuta.
El subsecretario de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, rechazó la represión en Nicaragua con un mensaje en Twitter. “El brutal asalto de Ortega-Murillo al clero católico, a las instalaciones de la radio y a los miembros de la comunidad en Sébaco es otro golpe a la libertad religiosa en Nicaragua, así como a la libertad de expresión. ¿Cómo pueden los hombres y mujeres de uniforme -muchos de ellos personas de fe- cumplir tales órdenes?”, se preguntó.
El gobierno de Estados Unidos ha sancionado a varios funcionarios del círculo íntimo de Ortega y el mes pasado apuntó a fiscales y jueces involucrados en los juicios contra miembros de la oposición este año. Pero esto no ha producido cambios en el régimen sandinista.
La administración de Joe Biden también ha sancionado a funcionarios en Guatemala y El Salvador, acusados de corrupción o de socavar la democracia, también sin efecto.
“Ortega continúa con su estrategia de poder o muerte”, dijo Oscar René Vargas. “Hará cualquier cosa para aferrarse al poder mediante la represión a todos los niveles: religioso, político, de la prensa, de las ONG y de los empresarios”, añadió.
La Iglesia católica ha estado bajo creciente presión en Nicaragua. En marzo pasado, el gobierno expulsó al nuncio apostólico Waldemar Sommertag y el Vaticano no ha nombrado aún a su relevo.
Algunos obispos que criticaron al gobierno desde las protestas de 2018 tuvieron que exiliarse. Después de que la iglesia intentara inicialmente mediar entre los manifestantes y el gobierno, Ortega los acusó de apoyar a los que querían destituirlo, llamándolos “terroristas” y “demonios con sotana.”
El obispo Rolando Álvarez se arrodilló el jueves en la acera de su casa frente a los policías armados. Mientras los agentes intentaban desalojar a los curiosos y a los feligreses, algunos de los cuales también se arrodillaron, Álvarez se dirigió a ellos con determinación y levantó la imagen del Santísimo.
“Arrodillado sólo ante Dios”, exclamó.
