La diputada Blanca Alcalá Ruiz (PRI) presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, destinada a reducir los niveles de violencia en contra de este sector poblacional.
Explicó que su propuesta establece la implementación de protocolos y señales de alerta personal homologadas en todas las entidades federativas, que permitan identificar y brindar auxilio oportuno a víctimas de violencia o en riesgo de sufrirla, y la operación de números de emergencia homologados en todas las entidades federativas, así como el uso de los medios tecnológicos para la atención oportuna.
En ese sentido, convocó a los diputados de todas la bancadas a tomar acciones conjuntas, con solidaridad, compromiso, conciencia, sororidad y acción de resultados, “por aquellas mujeres que gritan sin ser escuchadas, por todas las mujeres a las que hoy les debemos una respuesta en cada una de sus necesidades”, y hacer valer el nombre de esta LXV Legislatura “De la paridad, la inclusión y la diversidad”.
“El movimiento feminista es diverso, amplio y debe ser incluyente. Un movimiento que a partir de las diferencias nos permita encontrar las coincidencias en este tema, ya que, desafortunadamente, paridad no necesariamente es sinónimo de toma de conciencia”, externó en un comunicado.
Alcalá Ruiz refirió que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2021 en México 2 mil 501 mujeres han sido asesinadas; cada día 10 mujeres son víctimas de violación, mientras cada hora 80 mujeres llaman a emergencias para pedir ayuda ante situaciones de violencia familiar.
Agregó, durante el periodo 2015 – 2020, en el país hubo un total de 2 mil 583 víctimas de trata de personas, y tan solo en el primer cuatrimestre de 2021 se reportaron 219 casos.
La diputada priista expuso que la violencia contra las mujeres se ha conceptualizado como un problema social y clasificado como conflicto de salud pública, pero, aclaró, tiene diversas manifestaciones que van de la violencia física y psicológica, acoso y hostigamiento sexual en el trabajo o en instituciones educacionales; la trata de mujeres y la prostitución forzada, así como otras variantes de violencia física, psicológica o económica que las afecta.
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