La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, urgió a los países proteger la salud y seguridad de las personas que se encuentren detenidas o recluidas en cárceles, como parte de sus medidas generales para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19)
“El COVID-19 ha empezado a propagarse en las prisiones, cárceles y centros de detención de migrantes, así como en hospicios y hospitales psiquiátricos, y existe el riesgo de que arrase con las personas recluidas en esas instituciones, que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad”, señaló.
Mediante un comunicado, indicó que en muchos países los internos se encuentran en condiciones higiénicas deplorables y los servicios de salud suelen ser deficientes o inexistentes, por lo que las medidas de distanciamiento físico resultan imposibles.
En ese sentido, la experta de las Naciones Unidas exhortó a los gobiernos y a las autoridades competentes a proceder con rapidez, a fin de reducir el número de reclusos. “Deberían examinar la manera de poner en libertad a los individuos especialmente vulnerables al COVID-19”, añadió.
Además, dijo, comprendido el monitoreo sanitario, cuando esas personas sean puestas en libertad, deben recibir exámenes médicos y ser objeto de las medidas necesarias, para asegurar que reciban atención y seguimiento adecuado.
En tanto que, a fin de prevenir nuevos brotes de COVID-19, apuntó que tal vez sea necesario limitar las visitas a las instituciones de reclusión. Estas “medidas han de aplicarse de manera transparente y deben comunicarse con claridad a las personas afectadas”, agregó.
