La diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI), vicepresidenta de la Mesa Directiva, se pronunció por que la Secretaría de la Función Pública (SFP) informe al Poder Legislativo sobre la exposición pública en internet, sin contraseñas ni medidas de seguridad, de información sensible y personal de 830 mil servidores públicos del Gobierno Federal durante 56 días.
Asimismo, sobre las medidas correctivas y preventivas que se están tomando para evitar que los datos personales confidenciales se vulneren; cuál es el estado de cumplimiento de las declaraciones de situación patrimonial al 31 de julio de 2020 de los servidores públicos de la Federación, obligados a presentarlas, en el marco de la pandemia del Covid-19 y cómo van prevenir que las declaraciones faltantes no sean exhibidas.
En un comunicado, la diputada cuestionó que hasta el momento, la SFP no haya dado una explicación de cómo, por qué y de quién es la responsabilidad por esta anomalía.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) investiga el daño a la información confidencial, “pero existe una agravante de los hechos, porque la SFP notificó al instituto del incidente de seguridad hasta el 10 de julio, es decir, 10 días después de que lo detectó, cuando la norma indica que debe avisar máximo en 72 horas”, apuntó.
Comentó que la información vulnerada estuvo disponible en internet del 6 de mayo y hasta el 30 de junio de 2020. Son datos personales clasificados, contienen los ingresos netos de los declarantes; bienes inmuebles y vehículos declarados; adeudos, pasivos y créditos financieros vigentes; además de datos generales como números telefónicos, direcciones de domicilios particulares, CURP y RFC.
“La SFP dejó las declaraciones patrimoniales de 830 mil funcionarios públicos a la vista de cualquiera, y de acuerdo con especialistas, la información puede ser utilizada en robo de identidad y poner en riesgo la vida de los trabajadores al servicio del Estado”, advirtió.
Sauri Riancho también señaló que la SFP debe, además, describir a cuánto ascienden los recortes presupuestales de la Plataforma Digital Nacional, del Sistema Nacional Anticorrupción, derivados del decreto presidencial por el que se establecen medidas de austeridad a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado el pasado 23 de abril.
Consideró que si el Gobierno de la República ha hecho del combate a la corrupción una de sus principales políticas y compromisos, tiene la obligación de no poner en riesgo la vida, el patrimonio y los datos personales de estos servidores públicos, información que, por ley, debe estar protegida.
“En el clima de inseguridad que vive nuestro país, todas las medidas que se tomen para salvaguardar la vida y el patrimonio de las personas son necesarias y deben ser exhaustivas”, dijo Sauri Riancho.
“México ha desarrollado, desde hace años, un marco legal e institucional para combatir la corrupción y transparentar las acciones de gobierno y el actuar individual y colectivo de los servidores públicos, así que, independientemente del tipo de sistema o tratamiento en que se encuentren los datos personales, la SFP debe proteger la información en lo administrativo, físico y técnico contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, en conclusión, el mandato es que garantice su confidencialidad, integridad y disponibilidad”, finalizó.
