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Política

PAN solicitará comparecencia del titular de la Sefiplan

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El partido Acción Nacional no descarta la posibilidad de llamar a comparecer al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco, para que explique el proceso que se ha llevado para reestructurar la deuda pública del Estado.

Así lo planteó el diputado local Omar Miranda Romero, al señalar que el Congreso y sus integrantes deben conocer el proceso de renegociación que se inició, tras la aprobación de la Cámara.

Ayer se emitió un boletín oficial en el que se informa que 11 instituciones bancarias adquirieron información sobre la deuda pública del estado, sin aportar más detalle.

En ese sentido el panista comentó que a la fecha no tiene datos o información respecto de lo que pasa con la negociación bancaria, “a nosotros no nos han hecho llegar ninguna información al respecto, como nosotros nos enteramos es a través de los medios”, dijo.

Antes de la autorización de la Cámara se tuvo una reunión con el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco, quien les planteó las cifras relacionadas con la reestructuración de la deuda; sin embargo, no hubo claridad en los datos manejados.

“Si alguien va a contratar un crédito por lo menos debería tener un estimado de cuánto va a pagar y cómo va a ser el proceso. Debemos conocer cuáles son las condiciones finales en las cuales se va a hacer esta recontratación de la deuda”, expuso.

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Ejecutivo debe explicación sobre Sinaloa, dice presidenta de diputados

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La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas, dijo que el Ejecutivo debe dar una amplia explicación al pueblo de México sobre los hechos registrados el jueves en Culiacán, Sinaloa, y sobre la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera alias “el Chapo”.

Recordó que la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, prevista para el 31 de octubre “será la primera oportunidad formal para que explique a detalle lo ocurrido”.

Aclaró que las comisiones de Justicia, Seguridad Pública y Defensa Nacional pueden llamar a comparecer a los titulares de Defensa, de Marina y al de la Guardia Nacional, para que rindan un informe detallado.

Rojas Hernández destacó que el papel del Poder Legislativo es de contrapeso, tiene las facultades de control y supervisión sobre el Ejecutivo, y “en estos momentos esas facultades se tienen que ejercer, independientemente de la conformación política de la propia Cámara de Diputados”.

La legisladora del PAN destacó la actuación del Poder Legislativo, al dotar al Gobierno de la República de los instrumentos institucionales para garantizar la seguridad de los mexicanos.

Puntualizó que el Congreso ha hecho su parte, apoyado y dado a los presidentes todas las herramientas institucionales para que puedan combatir al crimen organizado, “y claramente también es justo que, por su parte, cumpla con su responsabilidad de llamar a cuenta sobre este tema”.

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Política

No respaldo a los gobiernos que pactan con criminales: Julen Rementería

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Ante el llamado de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero de respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador en su lucha contra la delincuencia, tras los hechos registrados en Culiacán, el senador Julen Rementería aseguró que “no gobiernos que pactan con criminales”.

El senador panista escribió en su cuenta de Twitter “Hoy la Secretaria Olga Sánchez Cordero nos llama a todos al respaldar al presidente”.

“Secretaria: Mi respaldo es incondicional con las víctimas y con las fuerzas armadas que arriesgan su vida para protegernos”.

“Pero no respaldo a los gobiernos que pactan con criminales” .

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Política

Emprende PRD lucha legal contra la “ley Bonilla”

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La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD promovió ante la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la llamada “ley Bonilla”, que pretende ampliar el mandato del gobernador electo en Baja California, Jaime Bonilla, de dos a cinco años.

El documento mostrado a los medios de comunicación a la entrada de la SCJN promueve una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto 351 publicado el 17 de octubre de 2019 en el periódico oficial de Baja California, por el que se reforma el Artículo VIII Transitorio de la Constitución local.

Ángel Ávila, integrante de la DNE y dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), expuso que se trata de una ley en detrimento de la vida democrática del pacto federal y que pone en riesgo las conquistas democráticas ganadas a lo largo de más de 30 años de transición política.

“Lo que vemos es un intento por parte de Morena, por parte de su presidenta Yeidckol Polevnsky, de alargar de manera ilegal un periodo de gobierno en el cual este personaje fue electo solamente para dos años y ahora quiere gobernar cinco”, lamentó.

La entrega del documento a la Corte fue hecha también por Jaime Martínez Veloz, excandidato del PRD a la gubernatura, así como por los integrantes de la DNE, Adriana Díaz Contreras y Fernando Belaunzarán; éste último consideró que además de la gobernabilidad y estabilidad del país está en juego la credibilidad de la SCJN.

“La Corte se juega su credibilidad en este evento”, opinó al señalar que se podría perder un contrapeso importante si no se actúa conforme a derecho; “esperemos que estén a la altura porque los ministros juraron defender la Constitución”.

Belaunzarán también criticó la consulta ciudadana realizada el domingo para conocer la opinión de los bajacalifornianos, pues dijo que se trató de una “patito” en la que no participó ni el dos por ciento del Padrón Electoral.

“En una elección sin ningún tipo de garantías constitucionales en donde se llevaron a dormir a las urnas, en donde usó la estructura de los servidores de la nación para organizarla”, acusó.

A su vez Martínez Veloz confió en que los argumentos presentados a la Corte resuelvan de manera favorable, pues recordó que las modificaciones que pueden hacerse a la Constitución en materia electoral para reformar los periodos de gobierno se hacen tres meses antes del proceso electoral, “cosa que no sucedió”.

Notimex

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