La región boliviana de Santa Cruz amaneció el jueves con carreteras cortadas y un paro convocado por organizaciones cívicas que denuncian un supuesto fraude electoral y piden la suspensión del juramento del presidente electo Luis Arce previsto para el domingo.
La protesta del Comité Cívico podría ser más dura el viernes cuando se cumpla la huelga que busca paralizar la ciudad más poblada, motor económico del país y reducto de la oposición más dura al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Arce y del expresidente Evo Morales.
“Estamos haciendo sentir nuestra fuerza porque rechazamos el fraude”, dijo el dirigente cívico Freddy Saucedo. Según reportes de radioemisoras locales, el bloqueo de rutas paralizó el cinturón agroindustrial y se extendía hasta la frontera con Brasil, al este del país.
Arce dijo que las protestas están manejadas por “grupos minoritarios”.
En otras ciudades grupos opositores afines realizaban marchas y cortes de rutas menos contundentes. La polarización del país se mantiene un año después del estallido social que dejó 36 muertos y obligó a Morales a renunciar tras 14 años en el poder luego de las anuladas elecciones en las que buscaba su cuarto mandato consecutivo por acusaciones de fraude.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, descartó realizar una auditoría electoral como piden los movilizados. “No se ha presentado ninguna prueba que indique que las elecciones no fueron transparentes”, dijo y aseguró que todos los observadores internacionales avalaron la “transparencia” de los comicios del 18 de octubre. Arce ganó con el 55% de los votos.
También la Iglesia católica respaldó el resultado y ha pedido abrir un diálogo con los sectores disconformes.
“El MAS debe entender que a pesar de su victoria hay una mitad del país que no cree en ese partido y debe aprender a lidiar con los opositores”, dijo el analista Carlos Hugo Molina a radio Panamericana.
La decisión de los legisladores del MAS de restar poder a la oposición legislativa al anular el requisito de dos tercios de los votos para algunas decisiones ha dado más argumentos a los opositores.
El mismo jueves la canciller boliviana Karen Longaric criticó ante la Organización de Estados Americanos a los legisladores del MAS, a los que acusó de falta de ética, de dañar la democracia y de provocar el actual malestar social.
Longaric condenó la decisión del Legislativo de cambiar los reglamentos que requerían el voto de dos tercios por la mayoría simple para la aprobación de determinadas leyes. El gobierno de Arce no tiene dos tercios pero sí la mayoría en ambas cámaras de la Asamblea Nacional.
La canciller también criticó a los parlamentarios por recomendar un juicio de responsabilidades contra la presidenta Jeanine Áñez y sus ministros por las muertes ocurridas el año pasado en las protestas que dieron lugar a la renuncia de Morales.
“Cambiar las reglas que rigen los procedimientos de la Asamblea Legislativa para acomodarlas a sus necesidades no solamente no es ético sino que es absolutamente antidemocrático, daña al Estado de derecho y mella la credibilidad de las instituciones en Bolivia,” dijo Longaric ante la OEA.
La canciller calificó la decisión de los legisladores de “actos maliciosos” que significan un quiebre de la institucionalidad, durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA que se celebró de forma virtual.
El vice representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, Bradley Freden, dijo en la reunión que tomaba nota de las quejas de la canciller y pidió que “todos los actores” en Bolivia respeten las normas democráticas.
“Las instituciones gobernantes de Bolivia deben representar y servir de forma justa a bolivianos de todo tipo”, dijo Freden.
Mientras tanto, el MAS prepara concentraciones y bailes folclóricos en ciudades bajo su control para la asunción de Arce. Grupos indígenas harán un ritual ancestral para Arce y su vicepresidente David Choquehuanca en un templo ceremonial del pueblo de Tiwanaku, a 70 kilómetros de La Paz.
Hasta el jueves confirmaron su presencia a la ceremonia de asunción el Rey de España Felipe VI, los presidentes de Argentina, Chile y Paraguay y el canciller de Irán, Mohamad Yavad Zarif.
Fuente: AP
