Un nuevo reporte sobre la corrupción gubernamental en Sudáfrica recomendó más investigaciones y el posible enjuiciamiento del expresidente Jacob Zuma, ministros y exministros y altos dirigentes del partido gobernante Congreso Nacional Africano por supuestamente aceptar sobornos.
Es el tercer reporte derivado de tres años de investigaciones, testimonios y contrainterrogatorios de testigos e informantes. La pesquisa ha expuesto una amplia corrupción bajo Zuma a los máximos niveles del gobierno en la economía más desarrollada de África.
El nuevo reporte fue publicado el martes y le fue entregado al presidente Cyril Ramaphosa.
En el reporte, Zuma, el presidente actual del partido de gobierno y ministro de energía Gwede Mantashe y el exministro Nomvula Mokonyane están entre quienes presuntamente recibieron “gratificaciones” de parte de la firma de seguridad Bosasa para mantener contratos estatales.
Algunos de los sobornos fueron en la forma de pagos mensuales a la Fundación Jacob Zuma y el patrocinio de las lujosas fiestas de cumpleaños de éste.
Zuma fue presidente de Sudáfrica desde 2009 a 2018, antes de verse forzado a renunciar por su partido en medio de acusaciones de corrupción, lo que llevó al establecimiento de una comisión investigadora. Actualmente es enjuiciado por otros cargos de corrupción no vinculados con la comisión.
Los reportes previos de la pesquisa de la comisión han sido igualmente irrecusables y han acusado a Zuma y otros altos funcionarios de acetar sobornos para otorgar contratos estatales lucrativos a empresarios corruptos.
“La evidencia revela que existía una amplia corrupción en la concesión de contratos y ofertas a Bosasa”, dice el nuevo reporte. “Existe suficiente evidencia para establecer que el señor Zuma aceptó gratificación de otra persona, i.e. Bosasa o sus directores o empleados, que tenían y buscaban obtener contratos con el gobierno”.
Zuma ha negado las acusaciones y ha criticado a la comisión, diciendo que él no había recibido la oportunidad de contar su versión de los hechos. Su fundación dijo que a Zuma se le había negado “el derecho básico a ser escuchado”.
El expresidente de 79 años fue citado para declarar en las audiencias de la comisión, pero abandonó su testimonio y se negó a comparecer de nuevo, lo que resultó en una sentencia a 15 meses en prisión por desacato a la corte el año pasado. Fue dejado en libertad por razones médicas luego de dos meses, aunque esa decisión está siendo apelada en la corte por no seguir el procedimiento adecuado.
