El cuarto tiene unos 15 metros cuadrados y es el hogar de Olga Lidia Lahera, su hija Yalili y sus dos nietas. Apenas alcanza para un estante lleno de ollas y un sofá cama desvencijado. Una cortina de tela separa un minúsculo espacio que las mujeres usan para asearse. No hay baño.
Metros más allá, también en la calle Gloria en el barrio de Tallapiedra de La Habana Vieja, residen Anet Ayala y su hermano Wilmedis en el segundo piso de otro antiguo edificio con grietas tan grandes en las paredes y los techos que por ellas se filtran la luz y el agua.
La primera tormenta de la temporada ciclónica de 2022, a mediados de junio, dejó decenas de derrumbes en la capital cubana. Al menos un par de ellos fueron totales y al resto de las viviendas que están en mal estado, la lluvia les arrancó pedazos de techo, balcones o fachadas dejando atrás toneladas de escombros y sembró en sus habitantes preocupación e incertidumbre.
El impacto puso en el foco uno de los principales problemas sociales de Cuba y en especial de La Habana: la evidente falta de mantenimiento de edificios y el incumplimiento de los planes para la construcción de nuevas viviendas, que no alcanzan a veces a cubrir las que se caen o deterioran.
“Cuando llueve aquí todo se moja, muebles, frigidaire (nevera), no tenemos para dónde correr las cosas”, dijo Ayala a The Associated Press tratando de controlar la emoción mientras mostraba el efecto de los últimos aguaceros, incluido el penetrante olor a humedad.
“Esto es un problemón porque mañana nos coge un viento y esto se nos cae (el techo) encima y somos dos muertos más”, agregó Ayala, de 36 años, quien padece una parálisis tras ser operada de un tumor en el cerebro.
Ella y su hermano, un maestro de educación física de escuela primaria de 39 años hicieron toda clase de trámites para que las autoridades les permitieran arreglar legalmente el lugar, pero la licencia de obra -obligatoria en Cuba- no les fue entregada.
Un recuento oficial indicó que al cierre de 2020 en la isla había 3,9 millones de viviendas de las cuales casi el 40% estaba en regular y mal estado. El 76% se encontraban en localidades urbanas -las que tienen visiblemente las peores condiciones- y el déficit era de unas 862.000 unidades.
“Las paredes aquí cuando llueve cogen corriente (se electrifican)… están malas, pero no se en qué grado podrá caerse, están todas agrietadas, el edificio, la estructura es muy vieja”, comentó a AP Lahera, de 65 años, quien fue empleada estatal hasta que pidió la baja por salud. En su cuarto viven del salario que el Estado cubano le entrega por la seguridad social a su hija para cuidarla a ella y a las niñas.
Para familias como las de Lahera la solución sería obtener una pequeña casa o apartamento, pero las cifras de la construcción muestran una caída dramática a pesar de que las autoridades iniciaron en 2018 un programa nacional para remediar en alguna medida la situación y el propio presidente Miguel Díaz-Canel reconoció las dificultades.
En 2019 se concluyeron 44.000 viviendas, el año siguiente la cantidad bajó a 32.000 y en 2021 fueron unas 18.000. No hay cifras oficiales correspondiente al año en curso.
Por décadas la isla se caracterizó por tener al Estado como casi el único responsable de las construcciones residenciales y no estaba legalmente permitido el mercado de bienes raíces, o sea que las personas eran propietarias de sus viviendas pero no podían venderlas, lo que fomentó cierto descuido.
A la fecha sólo es posible tener registrada una sola casa por persona en la ciudad y una de descanso en el campo.
En 2011 el presidente Raúl Castro autorizó ofrecer y adquirir las viviendas particulares como una manera de reactivar la economía dándole más margen a la iniciativa privada. Miles de personas compraron casas o invirtieron en arreglar las suyas, que repentinamente ganaron valor.
Con el incremento del turismo y el acercamiento a Estados Unidos a mediados de esa década, se produjo un fenómeno de gentrificación en zonas específicas como La Habana Vieja en la capital, que se tradujo en a una mejoría de las condiciones de aquellos edificios que fueron comprados o convertidos en hostales. El propio Estado desarrolló un importante programa de rehabilitación del casco histórico que salvó a buena parte del fondo patrimonial sin quitarles sus casas a los residentes.
Pero el déficit histórico de viviendas, el permanente paso de ciclones, la salinidad del mar y la falta de materiales de construcción -o el precio exorbitante de los mismos con relación al salario medio de la isla- también se dejó sentir a lo largo de los años. Un fenómeno que se agudizó por la crisis económica ocasionada por la pandemia y el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump que golpeó dramáticamente a la nación caribeña.
En la capital zonas como el Vedado, Miramar o algunas cuadras del casco histórico se mantienen en buenas condiciones, pero en barriadas como Centro Habana, El Cerro o Arroyo Naranjo hay áreas muy vulnerables.
Críticos del gobierno han acusado a las autoridades y al sector empresarial de las Fuerzas Armadas de construir hoteles cinco estrellas en la capital durante la pandemia -que tardarán en generar ganancias- en lugar de invertir en viviendas sociales.
“En una dinámica bastante fuerte en el Caribe, nosotros seguimos creciendo y los hoteles que se han construido son los que teníamos en el plan”, dijo a AP semanas atrás el ministro de Turismo, Juan Carlos García, cuando se le preguntó por qué seguir poniendo el presupuesto estatal en estos edificios en medio de una tensa situación de desabastecimiento y carencia de viviendas.
Ahora las primeras lluvias de esta temporada dejaron al descubierto la fragilidad del sector residencial. Sin siquiera haber sido un ciclón quedaron dañadas en el occidente cubano unas 750 viviendas. De éstas 148 sufrieron derrumbes en la capital, la mayoría parciales.
“Basta caminar por la ciudad para ver el deterioro del fondo construido de La Habana”, dijo a AP con pesar el arquitecto Orlando Inclán, quien con un equipo de profesionales acaba de ganar un concurso de proyectos para edificios de viviendas sociales con materiales alternativos y reciclados. “El tema además de sensible es preocupante”.
Inclán y varios colegas buscan que el gobierno les permita tanto ejercer sus profesiones de manera particular -hasta ahora todavía no autorizado-, como participar de un movimiento de saneamiento de espacios y casas para la población en la isla.
“Es el momento de diversificar esta política de vivienda. Hay que diversificar los actores, hay que diversificar los materiales, diversificar las maneras de entender la vivienda. No tiene que haber un sólo productor de viviendas ni utilizar los mismos materiales siempre”, expresó Inclán. “La única manera de encontrarle una solución a esto tiene que ser desde el pensamiento creativo”.
