El dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que se envió al Ejecutivo para sus efectos constitucionales, señala que el 11 de febrero la Cámara de Diputados recibió de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación el oficio de la propuesta de los nombramientos que hizo el titular del Ejecutivo federal a favor de estos funcionarios.
Araceli García es licenciada en Derecho por la facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila y maestra internacional de Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria con especialidad en Administración Tributaria por el Instituto de Estudios Fiscales de la Agencia Tributaria Española-Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.
En el ámbito profesional se desempeñó como secretaria técnica A de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (2019-2020) y en la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda fue subtesorera de Vigilancia de Recursos y Valores (2017-2018), entre otros cargos.
Por su parte, Luis Abel Romero es licenciado en economía por la Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México. Se ha desempeñado como jefe de la Unidad en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2018-2020) y coordinador técnico de Programación y Control Presupuestario del Instituto Mexicano del Seguro Social (2014-2018), entre otros.
Al fundamentar el dictamen, el secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Marco Antonio Medina Pérez (Morena), dijo que la Administración General Jurídica tiene como principal función coadyuvar al cumplimiento del objetivo institucional, por medio de la equitativa y oportuna aplicación de la legislación fiscal y aduanera, así como su correcta interpretación jurídica mediante asistencia legal.
Además, establecer, coordinar las directrices, programas, operativos, criterios y lineamientos normativos que deben acatar las unidades administrativas adscritas a dicho órgano, a fin de fortalecer la legalidad de sus actos emitidos y realizar una adecuada defensa del interés fiscal y aduanero ante los tribunales jurisdiccionales, judiciales y autoridades competentes en apoyo a la función recaudadora.
Por su parte, la Administración General de Recaudación tiene como funciones principales participar en la definición e instrumentación de los proyectos especiales en materia de tributación, recaudar directamente por instituciones de crédito o terceros el importe de las contribuciones y aprovechamientos fiscales, federales y demás ingresos de la Federación.
Medina Pérez afirmó que la Comisión consideró que los dos funcionarios reúnen los conocimientos técnicos y jurídicos para cumplir con el objetivo de desempeñar una adecuada función en el cargo y responden a las necesidades y retos del SAT en beneficio de la hacienda pública.
“La Comisión considera que se debe de reforzar al equipo con el que se deben desarrollar las mejores prácticas para recaudar mayores ingresos que requiere el país, por eso estamos a favor de los nombramientos de los funcionarios públicos”.
