Una jueza de Nueva York accedió el miércoles a que se retiren los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que pesan sobre el exsecretario de la Defensa de México, general Salvador Cienfuegos, en una decisión inusual tomada después de que México hiciera amenazas veladas de cortar la cooperación con Estados Unidos.
La decisión de la jueza Carol Amon, de la corte del distrito este de Nueva York, abre el camino para que Cienfuegos sea devuelto a su país y enfrente un proceso legal allí.
Amon aprobó la petición de la fiscalía de retirar los cargos contra el general y dijo que Cienfuegos dejaría entonces “de forma expedita” Estados Unidos para dirigirse a México acompañado por alguaciles estadounidenses.
El martes, en una inédita decisión, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que pediría que se retiraran los cargos. El gobierno mexicano elogió la medida y dijo que el arresto de Cienfuegos el mes pasado lo había tomado por sorpresa y que Estados Unidos no había compartido información sobre la acusación contra él. Algunos analistas interpretaron la decisión estadounidense como un “regalo” del gobierno de Donald Trump a su vecino del sur por no reconocer el triunfo electoral del presidente electo, el demócrata Joe Biden.
Durante la audiencia del miércoles, la jueza Amon le preguntó al fiscal Seth DuCharme si el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, era quien quería el retiro de los cargos, a lo que DuCharme respondió que sí. DuCharme dijo que la decisión responde a un “balance de intereses” y que el gobierno estadounidense cree que la medida es beneficiosa para la relación entre México y Estados Unidos.
“No tengo motivos para dudar de la sinceridad de la posición del gobierno”, respondió la jueza Amon durante la audiencia.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo el miércoles en conferencia de prensa que él le había dicho a Barr que Estados Unidos tenía que escoger entre juzgar a Cienfuegos o continuar la cooperación con México.
“En sus manos está. No se puede tener las dos,” dijo Ebrard que le dijo al fiscal general estadounidense. “No puedes tener una cooperación cercana con todas las instituciones de México y al mismo tiempo hacer eso. Hay que escoger. Ustedes deciden”.
Ebrard explicó que no amenazó con “ninguna acción específica” pero dijo que imaginaba que a Barr eso “le preocupó”. El canciller también dijo que llamó al embajador estadounidense en México, Christopher Landau, para expresarle el enfado de México ante la acusación formal que Estados Unidos llevaba a cabo contra Cienfuegos sin haber avisado.
Por otro lado, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que la fiscalía en México decidirá si el general será puesto en la cárcel una vez llegue al país. Sin embargo, debido a que no existen cargos contra él en México, es posible que quede libre, agregó.
“No significa impunidad, significa que se inicie una investigación, que ya comenzó a partir de que nos envían elementos de prueba”, indicó el presidente.
Ebrard dijo que el general “regresa a México en libertad”.
Cienfuegos fue encausado por un jurado investigador en Nueva York en 2019 y acusado de participar en una red internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero. Los fiscales aseguraron que ayudó al cártel del H-2 a traficar cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana mientras se desempeñaba como secretario de la Defensa entre 2012 y 2018.
Según los fiscales, mensajes interceptados demostraban que Cienfuegos realizó gestiones para garantizar que el ejército no emprendiera acciones contra ese cártel y que se lanzaran operativos contra grupos rivales a cambio de sobornos. También fue acusado de presentar a los líderes del cártel con otros funcionarios corruptos del gobierno mexicano.
No es común que un acusado en Estados Unidos sea arrestado y después se desestimen los cargos en su contra en tan poco tiempo por motivos diplomáticos. Cienfuegos se declaró inocente de los cargos desde su arresto el 15 de octubre.
El general apareció en la corte federal de Brooklyn vestido en traje y habló a través de un intérprete. Cienfuegos, que dirigió la Secretaría de Defensa bajo el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, es el exfuncionario mexicano de mayor rango arrestado en Estados Unidos desde que el país detuvo en 2019 a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.
El martes Ebrard dijo que antes de que Estados Unidos detuviera a Cienfuegos no había una investigación en México sobre el general, pero que tras su arresto se abrió una indagatoria y desde el 6 de noviembre la Fiscalía General de la República tiene toda la documentación de la pesquisa estadounidense.
Pero los analistas en México dudan que Cienfuegos enfrente cargos en su país.
“Eso no va a suceder, lo sabemos todos. Regresará a México y quedará libre, porque esa es la garantía que ha dado el presidente López Obrador al ejército,” escribió el columnista Carlos Loret de Mola en el diario El Universal.
Durante la audiencia del miércoles, Amon le hizo varias preguntas a Cienfuegos para asegurarse de que éste entendía el acuerdo entre Estados Unidos y México.
“Sí, señora”, respondió repetidamente Cienfuegos. “Sí, lo hice con los abogados”.
Amon le recordó a Cienfuegos que bajo el acuerdo no podría negarse a su envío a México y tampoco podría pedir asilo en Estados Unidos. “Sí, lo entiendo”, dijo.
El fiscal DuCharme dijo durante la audiencia que “el gran interés en mantener una relación cooperativa” con México supera en importancia al interés de la fiscalía en llevar a cabo la acusación formal contra Cienfuegos. Estados Unidos ha dicho que espera que México investigue a Cienfuegos y lleve a cabo su propio proceso judicial.
Ebrard dijo la víspera que la decisión de Washington es fruto de casi un mes de negociaciones entre ambos países y que “no tiene nada que ver” con los comicios en Estados Unidos.
El gobierno de Obrador no ha reconocido el triunfo de Biden con el argumento de que lo hará una vez que haya un pronunciamiento oficial de las autoridades electorales.
En documentos presentados ante la corte el mes pasado, los fiscales estadounidenses afirmaron que existía un elevado riesgo de que Cienfuegos se diera a la fuga y que utilizara “sus conexiones” con miembros del cártel del H-2 y con otros exfuncionarios de alto nivel “para que lo ayudaran a eludir las leyes de Estados Unidos y protegerlo en México”. En caso de que hubiera sido condenado en Estados Unidos, enfrentaba una sentencia mínima de 10 años en una cárcel federal.
El ejército mexicano ha sido acusado de frecuentes abusos a los derechos humanos, tanto bajo el mando de Cienfuegos como de sus antecesores y sucesores. Uno de los mayores escándalos en su época de secretario fue una masacre ocurrida en junio de 2014, cuando militares mataron a 22 sospechosos en una bodega en la localidad de Tlatlaya, en el Estado de México, y posteriormente se demostró que al menos ocho de ellos habían sido ejecutados después de rendirse.
En la audiencia del miércoles la jueza Amon admitió que la petición de la fiscalía no es muy común pero que la ley dice que debería aprobarse a menos que sea claramente contraria al beneficio del interés público. La jueza agregó que son “cargos muy serios contra alguien muy importante” pero que no tiene porqué dudar del gobierno estadounidense.
“No se me indica aquí que esta solicitud se ha hecho con mala fe”, dijo.
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