Integrantes de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de Poza Rica argumentaron que están de acuerdo con la protección de la salud de todas las personas, sin embargo, el anuncio del reglamento, vulnero los procesos que se establecen en la ley general, no se cumplieron los procesos establecidos con lo que ya se había acordado.
A través de un comunicado argumentaron que tienen el conocimiento que actualmente la prohibición de la venta de cigarrillos no tiene un fundamento jurídico y la presentación de los productos de tabaco se encuentran permitidos y regulados en la ley general para el control del tabaco.
Mencionaron las necesidad de promover las acciones para la protección de la salud y comparten la necesidad de impulsar políticas públicas que tiendan a la prevención del consumo del tabaco, por lo que apoyan que se informen los riesgos y daños que provocan al fumar.
La emisión, la aprobación y la publicación del reglamento no se adhieren al debido proceso establecido en la ley, sin embargo, las empresas de la industria del tabaco junto con los organismos empresariales y la ciudadanía comentaron más de 900 personas en el portal oficial de Conamer referente al impacto social y económico que con lleva la puesta en marcha del reglamento.
Indicaron que en el país el tabaco es legal y está regulado en la ley general para el control del tabaco Para los comercios es legítimo la venta del producto sin embargo la prohibición de su exhibición resulta infundada.
Consideraron que el reglamento rebasa lo previsto a la ley siendo un país que por disposición oficial se oculte un producto legal para su venta. Sabemos muy bien que la prohibición de la venta de tabaco afectara económicamente a los comerciantes que han sido afectados por la pandemia se impactara de forma injusta hacia la libertad de los comerciantes y sus derechos de los consumidores.
Consideraron que ponen en riesgo miles de empleos y futuras inversiones en nuestro país en este momento que la economía mexicana más los necesita es por eso que hacemos un llamado a todas las autoridades a respetar el estado de derecho y reconsiderar políticas prohibicionistas que atentan en contra de la libertad de los comercios, colaboradores y consumidores.
