La iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal sobre de la subcontratación, si bien permitiría evitar afectar a las y los trabajadores, resulta excesiva en sus sanciones, advirtió la Diputada Federal, Verónica Juárez Piña.
En un comunicado, la diputada explicó que en la iniciativa del Ejecutivo se distinguen y regulan diversas formas de terciarización laboral, o sea que no desaparece la subcontratación como tal.
“Debe regularse mediante la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y un registro público que garantice que no se están simulando relaciones laborales ni evadiendo responsabilidades”, indicó.
De la misma forma, añadió, la propuesta reconoce a las agencias de colocación como intermediarios laborales, pero no les permite ser considerados como patrones.
Mediante reformas a la legislación en materia de seguridad social, impone a las empresas prestadoras de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas obligaciones de información y control, para evitar evasiones.
Comentó que se piden a empresas requisitos excesivos de registro ante diversas instituciones que, en lugar de servir como control, provocarían una inhibición en su cumplimiento.
Lo mismo puede decirse de las sanciones. Siguiendo con la línea del Gobierno Federal de imponer un terrorismo fiscal y penal, la iniciativa sostiene que a quienes subcontraten o quienes contraten servicios u obras especializadas sin autorización pueden tener una sanción de más de 4 millones de pesos.
Igualmente, se compara el delito de defraudación fiscal con utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, así como realizar la subcontratación de personal, añadió.
“Sin estas sanciones excesivas, una acción eficaz y coordinada de la autoridad, sería suficiente para evitar los efectos más nocivos de la subcontratación, por lo que este rubro debe ser revalorado por las comisiones dictaminadoras”, consideró.
Recordó que algunas voces han criticado a la reforma porque los efectos de su aplicación podrían ser el cierre masivo de empresas, sosteniendo incluso que con esto el país puede perder competitividad.
Precisó que, en la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y los convenios internacionales de los cuales México es parte, los derechos laborales son considerados dentro de los humanos; que establecen el trabajo como una obligación y responsabilidad social, prohibiendo que sea considerado como una mercancía.
Por ello, pese a que la propuesta es severa en algunos aspectos, sostuvo que su discusión es impostergable, pues si no se realiza “es encubrir a evasores de la seguridad social y del fisco”.
“Una fuerza de trabajo mal pagada, sin derechos y en precariedad no debe ser la ventaja comparativa del país para competir en un mercado global, ni es el modelo laboral al que debemos aspirar ni tenemos porque seguirlo manteniendo”, concluyó.
