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IMSS no dejará elefantes blancos ni en obra negra: Zoé Robledo

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El director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, subrayó que en este gobierno “no vamos a dejar elefantes blancos ni en obra negra”, y no se inaugurará ningún hospital o unidad médica mientras no se tenga al personal completo, el equipo y los servicios necesarios para ello.

Indicó que para 2024, con una inversión de 13 mil millones de pesos, se habrán construido 111 hospitales y desarrollado 200 proyectos de infraestructura adicionales en el país, de los que ninguno entrará en operación en tanto no haya las condiciones, y remarcó que “si algo se presupuesta, es porque se debe hacer”.

El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) adelantó que como parte del nuevo plan de infraestructura del organismo además se remodelarán 120 hospitales y se construirán otras 132 unidades médicas familiares.

En el marco del Congreso Internacional “Hospital del Futuro” de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud A.C. (SMAES), Robledo Aburto destacó que llegar a por lo menos una cama por cada mil derechohabientes es la meta para antes de que concluya la actual administración federal.

Recordó en tal sentido que desde 2003 se dejó de contar con el número de camas censables para cumplir los estándares internacionales y “hoy ese número de 0.69 nos debe motivar”.

Zoé Robledo hizo énfasis que para lograr ese objetivo “se requiere de los mejores ingenieros, los mejores arquitectos, los mejores médicos, (así como de los) mejores procedimientos, procesos de selección, mayor competitividad y mayor eficiencia (pero), sobre todo, de mayores criterios de rendición de cuentas a la construcción de quien nos provee de esos servicios”.

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Llama AMLO a empleadores a registrar a trabajadoras domésticas en IMSS

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El presidente de Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los empleadores de trabajadoras y trabajadores domésticos del país para que sigan inscribiéndolos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y puedan contar con esta seguridad social.

El titular del Ejecutivo federal confió que más allá de que la obligación de los empleadores para con sus trabajadoras está estipulada en la ley, el proceso avance por los valores del pueblo mexicano.

“Si bien es cierto que es obligatorio, lo más importante es la fraternidad, el amor al prójimo, que se vea como algo solidario, y se hace la convocatoria para que de esta manera todos participemos, ayudemos, que seamos más fraternos, humanos, más justos, que cumplamos con nuestras responsabilidades”, dijo.

Durante su conferencia matutina, en la que entre otros funcionarios estuvo acompañado por el director del IMSS, Zoé Robledo, reiteró que poco a poco todos los mexicanos pueden ayudar a mejorar los resultados de la inscripción de los trabajadores del hogar ante el Seguro Social.

En la conferencia Robledo dijo que hasta noviembre 11 mil 947 personas trabajadoras del hogar habían sido afiliadas al IMSS, como parte de un programa piloto, a un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la incorporación al Instituto de mujeres y hombres que prestan servicios domésticos.

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Casi 12 mil trabajadoras del hogar han sido afiliadas al Seguro Social

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Hasta el mes de noviembre, 11 mil 947 personas trabajadoras del hogar habían sido afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como parte de un programa piloto, dio a conocer este jueves el titular de la institución, Zoé Robledo.

En conferencia de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional, el funcionario presentó un balance a un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la incorporación de mujeres y hombres que prestan servicios domésticos.

De acuerdo con el informe, alrededor de 76 por ciento de los afiliados son mujeres y un 26 por ciento provine de la Ciudad de México y el Estado de México, y las trabajadoras del hogar perciben alrededor de 5 mil pesos mensuales.

Robledo Aburto destacó que el programa busca visibilizar a uno de los sectores más invisibles e ignorados, las trabajadoras y trabajadores del hogar, que ahora tienen acceso a todas las prestaciones que ofrece el Seguro Social como servicio de guarderías y pensión.

–Fin de nota–

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Norte de México teme volver a los días de violencia

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El presidente de México Andrés Manuel López Obrador mantiene su apuesta por una postura de “abrazos, no balazos” para enfrentar al crimen organizado, pero después de que hombres armados intentaron invadir un pueblo en el estado de Coahuila, en el norte del país, algunos creen que solo una estrategia contundente podrá evitar el resurgimiento de los cárteles en la región.

El miedo se ha apoderado de los vecinos de Villa Unión, una localidad ubicada a 65 kilómetros de la frontera con Texas, tras el ataque del pasado fin de semana que dejó el centro de la ciudad totalmente acribillado y causó la muerte de al menos 24 personas en distintos eventos. Muchos entre los 6.000 habitantes temen un regreso de la violencia que se registró entre 2010 y 2013, cuando los sanguinarios Zetas reinaban la región con secuestros, extorsiones y desapariciones forzadas.

Y estos días han sido un recordatorio de lo que ocurrió en 2011 a tan solo 20 kilómetros del lugar, en el municipio de Allende, cuando una venganza entre miembros de Los Zetas dejó al menos 70 muertos, un número indeterminado de desaparecidos y decenas de casas destruidas o quemadas sin que las autoridades hicieran nada para evitarlo.

“A un narcotraficante no le puedes dar un abrazo y que no te responda con un balazo”, dijo un expolicía local de Allende, que tuvo que huir junto con 14 miembros de su familia debido a las amenazas de Los Zetas.

“Es la única forma de repelerles, la única manera de evitar que estas personas vuelvan a entrar y gobernar nuestros municipios a balazos”, agregó el hombre que pidió el anonimato por miedo a represalias. A su juicio, el ataque a Villa Unión es la muestra de que los criminales “quieren volver a apoderarse” de los pueblos.

Ese era el miedo de Sandra Zedillo, una trabajadora municipal. “Miro todo bien raro, tenemos miedo de que vuelvan”, dijo.

El temor invadió incluso al propio obispo de la diócesis, Alonso Garza Treviño, quien acudió al pueblo a dar apoyo a sus feligreses.

“Siempre está el riesgo”, dijo. “Somos un territorio muy codiciado por muchos grupos”.

El miedo y la impotencia se palpaban el martes durante el entierro de uno de los dos civiles que murió, un bombero y miembro de protección civil. “No es apropiado morir de esa manera”, lamentó Fernando Manzano, un compañero de un municipio cercano que acudió a la ceremonia.

El bombero fue secuestrado por los atacantes para que les ayudara a huir por los ranchos y brechas.

El sábado un comando de unos 150 individuos armados del Cartel del Noreste, una escisión de Los Zetas, sembró el terror.

Después de intensos tiroteos en el centro con armas de grueso calibre y ametralladoras, un total de 500 militares y policías estatales llegaron en apoyo de los 10 agentes locales y repelieron el ataque tras fuertes enfrentamientos. El saldo fue de al menos 17 atacantes, cuatro policías y dos civiles muertos, seis agentes y tres civiles heridos. El miércoles por la tarde, el gobierno estatal informó del hallazgo de un muerto más, otro presunto delincuente, localizado en una de las brechas por donde el ejecutivo dijo que continuaría la búsqueda y persecución de los responsables hasta el jueves.

Además, entre 70 y 80 viviendas quedaron dañadas por la balacera, según los últimos datos difundidos por la alcaldesa, Narcedalia Padrón.

Las autoridades aseguran que Villa Unión es un punto estratégico para el tráfico de drogas y armas y creen que el Cartel del Noreste, que tiene su base en Nuevo Laredo, en el vecino estado de Tamaulipas, aspira a abrir nuevas rutas por esa zona. Otros creen que solo pretenden expandir los territorios bajo su control para todos sus negocios ilícitos. En cualquier caso, es precisamente en estos movimientos cuando la violencia siempre aumenta.

“Esto se va a poner peor”, afirmó un vecino que recordó los años de violencia y pidió el anonimato por temor. “Así pasó cuando andaban los Zetas, decían que no se quedarían, pero se quedaron”.

Para evitarlo, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, anunció el martes la puesta en marcha de tres bases militares en la región con 40 efectivos cada una que se unirían a las siete bases y tres mega cuarteles que ya hay en el estado. Así, aseguró, Coahuila quedará “blindado” ante nuevos intentos de penetración.

Aunque la estrategia del gobernador del opositor Partido Revolucionario Institucional parece tener un tono muy distinto a la del gobierno federal, Riquelme dijo contar con su apoyo. “No se trata de estar retando a los grupos criminales, se trata de salvaguardar a la población”, afirmó.

La política de seguridad de Coahuila en los últimos años ha estado marcada por la mano dura de los grupos de policía estatal que, en algunos casos, han sido señalados por abusos a los derechos humanos, pero muchos habitantes reconocen una reducción en la violencia en esta región fronteriza.

Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador intenta esquivar la confrontación con los cárteles, los choques parecen inevitables.

A diferencia de lo ocurrido en Culiacán en octubre, cuando el cártel de Sinaloa sitió la ciudad durante horas después de un fallido intento de las autoridades por detener a un capo, y del asesinato de tres mujeres y seis niños mexicano-estadounidenses en el fronterizo estado de Sonora, en Villa Unión nadie criticó la actuación de las fuerzas federales para repeler el ataque.

El pueblo se sintió aliviado por el despliegue de las fuerzas armadas, aunque algunos extrañan a presencia de la Marina. “Son los únicos en los que confío, con el resto (los criminales) se van a arreglar”, indicó un mecánico, también temeroso de dar el nombre.

Militares y policías peinaban todavía los ranchos de los alrededores para seguir buscando a los responsables del ataque del sábado, mientras las autoridades se esfuerzan por arreglar la fachada del ayuntamiento y los lugares más afectados. Pero de momento 150 militares vigilan el pueblo, la policía local no opera, los niños siguen sin ir a la escuela y el miedo permanece.

AP

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