Colombia no ha protegido a los activistas por los derechos humanos en comunidades remotas, lo que resultó en cientos de asesinatos desde que el gobierno alcanzó un acuerdo de paz con el mayor movimiento rebelde del país en 2016, dijo un grupo internacional de derechos el miércoles.
Los grupos armados, incluyendo algunos nacidos de las ahora desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), son responsables de parte de los asesinatos, señalaron investigadores de Human Rights Watch en un reporte.
“Las autoridades no ejercen un control efectivo sobre varias zonas previamente controladas por las FARC, lo cual en gran parte ha permitido la violencia contra defensores de derechos humanos”, apuntó el informe. “El gobierno ha desplegado tropas a muchas zonas del país, pero no ha fortalecido al mismo tiempo el sistema de justicia ni ha asegurado un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas y a servicios públicos”.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado más de 400 asesinatos de activistas desde 2016, de los cuales 108 ocurrieron en 2019 y 53 en 2020. El dato del año pasado podría aumentar porque aún se están verificando otros 80 decesos.
Entre los activistas de derechos humanos hay líderes comunitarios, indígenas, campesinos y afrocolombianos, además de por los derechos de las víctimas y las mujeres.
El acuerdo de paz de 2016 con las FARC puso fin a cinco décadas de guerra. Pero el grupo sufrió profundas divisiones, con algunos de sus miembros uniéndose a movimientos izquierdistas mientras que otros abandonaron el proceso de paz y regresaron a las armas.
A pesar de que el acuerdo incluyó estrategias para poner fin a los problemas que han generado conflictos durante décadas, el gobierno ha sido lento a la hora de implementar iniciativas para fortalecer la presencia de las autoridades en zonas rurales, combatir las economías ilegales y abordar la escasez de oportunidades económicas legítimas, dijo el informe.
Si actúan casi como funcionarios gubernamentales, los líderes de grupos indígenas y otras organizaciones sociales corren cada vez más riesgo de convertirse en el objetivo de grupos armados. Algunos activistas de derechos han sido asesinados por su respaldo a propuestas del gobierno iniciadas bajo el acuerdo, como la sustitución de cultivos alimentarios por otros de coca, la planta empleada para la producción de la cocaína, apuntó el grupo de derechos con sede en Nueva York.
Entre los decesos mencionados en el reporte está el de Deiver Quintero Pérez, quien organizaba actividades para mantener a los menores alejados de los grupos armados en su comunidad del norte de Colombia. Recibió varios disparos en la cabeza en febrero de 2018 y su cuerpo fue hallado junto a un río. La fiscalía dijo que otro grupo rebelde, el Ejército Popular de Liberación, lo mató porque parecía estar ayudando al gobierno.
“En los últimos años, Colombia ha tenido el mayor número de defensores de derechos humanos asesinados en América Latina; mientras tanto, la respuesta del gobierno ha estado más enfocada en elaborar discursos y anuncios que en adoptar medidas que tengan impacto en los territorios”, dijo José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas. “El gobierno del presidente Iván Duque condena frecuentemente estos homicidios, pero la mayoría de los programas gubernamentales para prevenir estos asesinatos apenas funcionan o tienen graves deficiencias”.
