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Política

Funcionario de Pemex involucrado en estafa maestra es inhabilitado

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La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que sancionó con destitución e inhabilitación por 10 años al administrador del Proyecto de Desarrollo Ayatsil Tekel y gerente en Pemex Exploración y Producción, quien colaboró en la administración de Enrique Peña Nieto y está presuntamente implicado en la Estafa Maestra.

La titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, refirió que luego de las auditorías, investigaciones y procedimientos iniciados desde enero de 2019, la SFP acreditó que el ahora ex servidor público omitió declarar cuentas bancarias de entre 2014 y 2017, a nombre de dos dependientes económicos.

“La falta de veracidad en las declaraciones patrimoniales constituye una falta grave de acuerdo con la fracción XV del Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente en el momento de los hechos investigados”, refirió a funcionaria federal.

El hoy sancionado, junto a otros altos funcionarios, fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación en 2013 como firmante de contratos con instituciones de educación superior y empresas vinculadas a la llamada Estafa Maestra en Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Al haberse notificado al servidor público la resolución, se mantiene pendiente de su cumplimiento y será respetuosa de las determinaciones que en su momento tomen otras instancias” aseguró Sandoval Ballesteros.

La persona sancionada no podrá desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años y como consecuencia también debe ser destituido de su encargo, informó la SFP en un comunicado.

-Fin de nota-

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Diputada exige acciones inmediatas para atender a personas con cáncer en Veracruz

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A través de un comunicado se dio a conocer que la diputada del grupo mixto, Acción Nacional Veracruz, Montserrat Ortega pidió acciones inmediatas para atender a enfermos de cáncer en el estado de Veracruz.

A continuación el comunicado:

“La sociedad tiene derecho a un sistema de protección de salud, de prevención y a tratamientos preventivos para luchar contra la propagación de enfermedades, al acceso a los medicamentos esenciales, a la promoción de la salud materna–infantil, el derecho al acceso a los servicios de salud apropiados, así como la educación y concienciación sobre su propia salud, señaló la diputada Montserrat Ortega Ruiz, integrante del Grupo Mixto Acción Nacional Veracruz (ANV), ante el pleno de la LXV Legislatura estatal.

Sin embargo, agregó la legisladora, “hemos visto que en Veracruz eso no existe, no sucede, cada vez más, día tras día, los servicios de salud que se otorgan a los ciudadanos y ciudadanas, son deficientes, sin ética y en perjuicio mayormente de los grupos vulnerables como son personas con enfermedades graves o terminales”.

Padres y madres de familia, abundó Ortega Ruiz, se han manifestado públicamente en contra de los Servicios de Salud, que han sido omisos, señaló, “en los temas que son de su más estricta responsabilidad, como es otorgar los tratamientos médicos para enfermos de cáncer, muchos de los cuales son menores de edad”.

Por ello, continuó, “exigimos acciones inmediatas y concretas que solucionen la problemática señalada y se evite con ello mayor perjuicio a la salud o la muerte de las personas afectadas con esta devastadora enfermedad”.

La diputada Ortega Ruiz manifestó que la población que padece enfermedades graves y terminales no está siendo escuchada ni atendida, “está siendo ignorada por quienes tienen la obligación constitucional de atenderla, no solo batallan con la enfermedad, sino contra la burocracia y la falta de sensibilidad de los funcionarios públicos”, resaltó.

Para concluir su intervención, recordó “ni siquiera les importa a los funcionarios de la Secretaría de Salud, que Veracruz sea uno de los estados con más alta incidencia de esta terrible enfermedad”.

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Trasfondo político petición de juicio político contra diputado Erik Aguilar: Bancada panista

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Los integrantes de la fracción PAN-Veracruz-PT respaldaron al diputado local Erik Aguilar López, y pidieron respetar la presunción de inocencia de legislador local, sobre cualquier filia o fobia política.

En conferencia de prensa, los legisladores locales encabezado por su coordinadora María Josefina Gamboa Torales, lamentaron que a la fecha no se dé a conocer cuál es el delito por el que se pide su desafuero.

Insistió que el diputado es una gente con mucho arraigo en su distrito y en su municipio, por lo que no entiende qué motivo el embate desde la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó su desafuero para separarlo de la representación popular.

“Es un verdadero representante popular, atento siempre a las necesidades y demandas de la gente de su distrito y mantiene una cercanía con cada uno de ellos”

La legisladora lamentó que desde la Fiscalía General se haya dado la filtración de la solicitud contra su compañero, pues eso es violatorio de la ley.

“No se dio un resumen de qué se trataba, reprobamos la filtración que se dio desde ayer a través de distintos medios, nos enteramos por un rumor, no nos enteramos a través del canal correcto, que es la Jucopo”.

Comentó que ya se pidió el expediente por escrito y esperan que el análisis del tema sea exhaustivo y legal, “se exhorta a analizar los hechos con imparcialidad, y que se haga la revisión con apego a la ley, si se filtró desde la fiscalía se estaría cometiendo un delito gravísimo”.

Reconoció que en política la forma es fondo, y la forma en cómo se dio a conocer y cómo se esta manejando el tema dista mucho de la legalidad y deja entrever cacería.

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Hasta ocho años de prisión a quien robe medicamentos en Veracruz, plantea Morena

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A través de un comunicado, se informó que el grupo legislativo de Morena presentó una iniciativa para sancionar hasta con ocho años de prisión y una multa de 200 Unidades de Medida y Actualización a la persona que roba medicamentos en Veracruz.

A continuación el comunicado:

“El Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, en voz del diputado Henri Christophe Gómez Sánchez, presentó una iniciativa a fin de reformar el artículo 205, fracción III, del Código Penal de la entidad y así sancionar con penas de seis a ocho años de prisión y multa de hasta 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a la persona que sustraiga, de instituciones públicas o privadas destinadas a prestar los servicios de salud, cualquier tipo de insumos, ya sean materiales médicos o medicamentos.

En la exposición de motivos de la iniciativa se establece que el derecho a la salud cobra relevancia en razón de que su eficacia permite otorgar a la persona el desarrollo necesario para proteger incluso otros derechos como son: la vida, evitando con ello que no se presenten situaciones que la impidan su adecuado bienestar.

“Es por ello que el derecho a la salud debe considerarse como un prerrequisito fundamental e indispensable para el aseguramiento de los demás derechos humanos, y no solo como el derecho a estar sano”, refiere.

En su intervención, durante la décima sesión ordinaria, el legislador detalló que “desafortunadamente en los últimos meses, los enemigos de la transformación, pero sobre todo, personas sin ética o valores, se han aprovechado de la importancia que tiene la salud, tanto para las autoridades veracruzanas, como para los ciudadanos, y se han apoderado de una gran cantidad de fármacos con la intención de comercializarlos ilegalmente”.

Explicó que esta acción no solo ha sido un grave detrimento para el patrimonio de las dependencias encargadas de salvaguardar el derecho a la salud, sino que ha afectado directamente a los pobladores, quienes reclaman sobre el desabasto de medicinas; pues ante tal situación el Estado es incapaz de proporcionarles los medicamentos adecuados para proteger la salud propia y de sus familiares.

“Ante ello, la gente realiza gastos que la mayoría de las veces lesionan su economía, pues no son parte el presupuesto cotidiano”, abundó.

El diputado Gómez Sánchez destacó que el robo de medicamentos ha sido una de las conductas que van en aumento, el tráfico y las redes de comercialización en el mercado negro nacional, arrojan cuantiosas ganancias y dijo que de acuerdo a datos de la Fiscalía General de la República (FGR), durante el sexenio anterior, a nivel federal, este delito aumentó en más de un 800 por ciento.

Además, que de acuerdo a las investigaciones implementadas por las Agencias Especializadas en la materia, se ha establecido que las principales ciudades donde se comercializan estos productos son Guadalajara; León, Ciudad de México y Puebla.

El diputado Henri Christophe manifestó “no debemos permitir que gente carente de valores, ética y escrúpulos, sigan esquivando a la justicia cometiendo, reiteradamente muchos de ellos, el robo de materiales médicos y medicamentos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales”.

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