Un funcionario electo de Nuevo México se presentará el lunes ante un juez que decidirá si es culpable de cargos por irrumpir ilegalmente en los predios del Capitolio durante el asalto al palacio legislativo el 6 de enero del año pasado.
El caso de Couy Griffin, comisionado del condado Otero, será apenas el segundo de cientos de personas acusadas de cargos federales por el asalto al Capitolio. Su juicio será en Washington, D.C.
Griffin es uno de los pocos procesados que no está acusado de entrar en el Capitolio ni de incurrir en conductas violentas o destructivas. Él sostiene que es víctima de una persecución política.
Griffin, uno de tres miembros de la comisión del condado Otero en el sur de Nuevo México, es uno de los pocos acusados en la insurrección que tenía un cargo público o fue candidato en dos años y medio previos al asalto.
Es uno de apenas tres acusados que han pedido que sea un juez y no un jurado el que decida su futuro. El juez federal de distrito Trevor McFadden tiene previsto escuchar un día de testimonios.
Griffin, antes vaquero de rodeos y pastor, ayudó a fundar un grupo llamado “Cowboys for Trump”. Había prometido ir al tribunal a caballo, pero llegó en un camión que llevaba atrás una cabina para caballos.
En documentos judiciales, la fiscalía lo tilda de “provocador incendiario y fabulista que usa invectiva racista y teorías conspirativas, como la de que la China comunista manipuló los resultados de las elecciones presidenciales de 2020”.
Sus abogados, David Smith y Nicholas Smith, sostienen que cientos, quizás miles de personas, hicieron exactamente lo mismo que Griffin el 6 de enero y no han sido acusados de nada.
“La evidencia mostrará que el gobierno está persiguiendo a Griffin por haber dado un discurso y por haber ofrecido una plegaria en el Capitolio, es decir, lo están persiguiendo por ejercer su derecho a la libre expresión”, escribieron los abogados.
