Un exmarino argentino que enfrenta en Miami un juicio por su presunto papel en el fusilamiento de un grupo de prisioneros políticos en la Patagonia hace casi 50 años, admitió el martes que él fue uno de los militares que disparó y el que ordenó iniciar los tiros.
“Recuerdo que había una masa de personas que se nos venían encima”, expresó Roberto Guillermo Bravo refiriéndose al grupo de prisioneros. “Dije disparen dos veces… y disparé a todo lo que se movía y venía hacia nosotros”, manifestó tras explicar que él fue el primero en hacerlo, unas 30 balas.
Fue la primera declaración pública bajo juramento de Roberto Guillermo Bravo, un exmilitar acusado por su presunto papel en el fusilamiento de 19 presos políticos en una base naval de Trelew, en el sur argentino, en agosto de 1972. Es la primera vez que el exmilitar enfrenta a la justicia ya que no ha podido ser juzgado en su país porque las leyes argentinas impiden el enjuiciamiento en ausencia.
Bravo, de 79 años, vive en Estados Unidos desde 1973 y es ciudadano estadounidense desde 1987.
La de Miami es una demanda civil en busca de un resarcimiento económico por presuntos daños que Bravo habría causado a las familias. La presentaron en octubre de 2020 cuatro familiares de las víctimas: Capello, Raquel Camps, Alicia Krueger y Marcela Santucho.
De acuerdo con la querella, el exmarino y otros militares “dispararon y mataron a 16 prisioneros políticos desarmados e hirieron de gravedad a otros tres” que luego desaparecieron y participaron en torturas y ejecuciones extrajudiciales que violaron leyes internacionales y de Estados Unidos. Un jurado de siete miembros —la gran mayoría de ellos hispanos— será el encargado de ofrecer un veredicto al final del juicio de cinco días que empezó el lunes.
La masacre fue en la Patagonia argentina, pero la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura permite acciones judiciales si los acusados están en Estados Unidos.
Al ofrecer su testimonio, Bravo estaba sentado en el fondo de la sala, entre el jurado y la jueza Lauren Fleisher Louis. Primero fue interrogado por uno de los abogados de los demandantes, Ajay Krishnan; y luego por su propio defensor, Steven Davis.
En la mayor parte de sus declaraciones de cerca de tres horas parecía tranquilo, con voz firme. En varias ocasiones dudó y se desdijo con respecto a un testimonio anterior que había ofrecido en 2021 frente a los abogados, y varias veces dijo que no recordaba bien los hechos. Lucía serio y habló en inglés. Estaba vestido con traje gris claro, camina a rayas celestes y blancas y su cabello completamente blanco recogido en una pequeña cola de caballo.
Poco antes la defensa había mostrado un video con el testimonio desde Francia de Alicia Krueguer, cuyo esposo Rubén Bonnet falleció en el fusilamiento y ella debió exiliarse de Argentina junto a sus dos hijos pequeños. En la sala de la cote lo hizo también Eduardo Cappello, otro de los demandantes.
Con la voz por momentos entrecortada, Capello trató de explicar por qué a casi 50 años de la llamada “Masacre de Trelew” él y otros tres familiares de las 19 víctimas aún buscan que Bravo, el único de los acusados que aún no enfrentó a la justicia en su país, sea declarado responsable por los daños que provocó su presunto accionar en la matanza extrajudicial.
“Decididamente el asesinato de mi tío marcó un antes y un después en mi familia”, expresó Capello, que lleva el mismo nombre de su tío. “La muerte de Eduardo fue el inicio de una serie de tragedias que incluyeron la desaparición de mi padre, mi madre y mi hermano”.
La defensa de Bravo alega que han pasado ya muchos años, más de los previstos por las leyes estadounidenses para poder presentar este tipo de demandas. Capello y los demandantes aseguran que no pudieron presentar antes la demanda por varios motivos, entre ellos el miedo que sentían a ser desaparecidos y muertos en Argentina durante la dictadura militar de 1976 a 1983, y que no supieron sino hasta 2008 dónde estaba Bravo.
Las autoridades argentinas pidieron la extradición de Bravo en 2009, pero un juez del sur de Florida la negó poco después. En 2019 se presentó una segunda solicitud de extradición que aún está pendiente. Los demandantes esperan que este juicio pueda ayudar a llevar a Bravo a su país.
La masacre sucedió durante la dictadura del general Alejandro Lanusse. Unos años antes habían empezado a operar en Argentina grupos guerrilleros identificados con la izquierda y el peronismo, la fuerza política liderada por el expresidente Juan Domingo Perón.
Las víctimas pertenecían a grupos guerrilleros y pocos días antes habían escapado de una cárcel penal y fueron recapturadas. Según la versión oficial fueron asesinados durante un nuevo intento de fuga. Pero con el regreso de la democracia en 1983 los sobrevivientes recuperaron la libertad y relataron lo sucedido.
La justicia argentina inició una investigación en 2005 tras la derogación en 2003 de leyes de amnistía que protegían a los militares.
