Crecía el martes la alarma ante el ataque inminente de los tanques etíopes a la capital de la región rebelde de Tigray, con un torrente de advertencias sobre la necesidad de proteger a los civiles a tres semanas del inicio de la guerra.
El ultimátum de 72 horas del primer ministro Abiy Ahmed para la capitulación de los líderes de la región vence el miércoles. Sus fuerzas armadas han advertido que “no (habrá) piedad” para los civiles si no se apartan a tiempo. Grupos de derechos humanos y diplomáticos dicen que es una violación del derecho internacional.
“La retórica tan agresiva de los dos bandos con respecto a la lucha por Mekele es altamente provocadora y podría colocar a los civiles vulnerables y aterrados en grave peligro”, dijo la jefa de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. La denuncia de que los líderes de Tigray se ocultan entre la población civil “no da al estado etíope carta blanca para responder con artillería en zonas densamente pobladas”.
Un año antes de tomar el poder e instituir reformas que le granjearon el Premio Nobel de la Paz, Abiy defendió una tesis de doctorado sobre resolución de conflictos. Ahora gobierna desde la capital diplomática de África y rechaza los llamados al diálogo.
Mientras tanto, una voz poderosa de esos llamados, Estados Unidos, está sumida en el desconcierto, con un gobierno que permanece concentrado en asuntos políticos internos desde su derrota en las elecciones de noviembre y un presidente, Donald Trump, que enfureció a Etiopía con sus declaraciones sobre otro asunto meses atrás.
En medio del vacío diplomático, Etiopía, uno de los países más poderosos y populosos de África, se acerca a lo que Amnistía Internacional llama “el borde de una escala mortífera” en el corazón del Cuerno de África.
Al agotarse el plazo antes del asalto a Mekele, con una población de medio millón de habitantes, el Consejo de Seguridad de la ONU, previsiblemente se reunirá en las próximas horas para analizar la situación.
El actual presidente de la Unión Africana, el mandatario sudafricano Cyril Ramaphosa, respaldó a tres enviados de alto nivel a Etiopía, una iniciativa que el jefe de la ONU elogió como parte de los “esfuerzos para resolver el conflicto pacíficamente”.
Pero Etiopía ha dicho que los enviados se reunirán con Abiy, no con los líderes de Tigray.
“Todas las hipótesis posibles estarán sobre la mesa de diálogo, menos la de traer a la pandilla a la mesa como una entidad legítima”, dijo el alto funcionario etíope Redwan Hussein a la prensa. El gobierno de Abiy sostiene que los líderes del Frente Popular de Liberación de Tigray son criminales prófugos.
El FPLT dominó gobierno de Etiopía durante más de un cuarto de siglo, pero quedó marginado cuando Abiy asumió en 2018 y trató de centralizar el poder en un país gobernado durante mucho tiempo según lineamientos étnicos. El FPLT optó por salir cuando Abiy disolvió la coalición gobernante y enfureció al gobierno federal cuando realizó una elección en septiembre después del aplazamiento de los comicios debido al COVID-19. El frente sostiene que el mandato de Abiy ha caducado.
Cada bando califica al otro de ilegal. Mientras tanto, cientos o acaso miles de personas han muerto, unas 40.000 se han refugiado en Sudán y la ONU dice que 2 millones de personas en la región sellada de Tigray necesitan ayuda. La cifra se ha duplicado en tres semanas.
No hay corredores ni cese de fuego humanitario. Los alimentos y combustibles están prácticamente agotados.
AP
