El diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, informó que probablemente se discutirá esta semana en la Cámara de Diputados la minuta del Senado de la República sobre la Ley General de Educación Superior.
Por medio de un comunicado, el legislador sostuvo que este nuevo ordenamiento legal debe plantear derechos sociales e ir acompañado de la asignación de recursos, ya que si no es así sólo se hablaría de ficción, simulación y abonaría a la retórica, no de una solución real e integral de los problemas.
Recordó que en el Senado de la República se firmó una carta intención con la Secretaría de Educación Pública y con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para colaborar, discutir y redactar una propuesta legislativa en materia de educación superior, siendo el primer borrador en 2018 y el punto de partida para la elaboración de esta iniciativa.
En esta semana, las bancadas podrían debatir la aprobación de esta minuta sobre la premisa de que la educación a mediano y largo plazo rinde frutos, a través de soluciones innovadoras en distintos aspectos de la vida: salud, trabajo, economía, entre otros.
Aseguró que México tiene la necesidad de contar con una Ley General de Educación Superior, por la obsolescencia y limitaciones de la vigente Ley para la Coordinación de la Educación Superior, dijo.
Destacó que, de origen, la iniciativa para expedir esta ley fue construida por diputados y senadores de todos los grupos parlamentarios, además de contar con la participación de las instituciones de educación superior, de las asociaciones, especialistas y miembros de la comunidad académica.
Las principales aportaciones de este nuevo ordenamiento, serían crear un Sistema Nacional de Educación Superior, con espíritu federalista, reconociendo los sistemas locales jurisdicción de las entidades federativas y las autonomías institucionales.
Asimismo, establecer la obligatoriedad de la educación superior para el Estado e insertar mecanismos para que este derecho sea exigible, justiciable y progresivo. También se implementaría un sistema de evaluación como punto de partida para ordenar la dispersión existente, rescatando el trabajo de las instancias evaluadoras y acreditadoras existentes.
Se pretende reconocer la diversidad de las instituciones de educación superior, respetando la autonomía universitaria y la decisión de las entidades federativas en la materia, estableciendo criterios y parámetros generales, dijo.
Se facultaría a las entidades federativas para que determinen la planeación y el crecimiento de las instituciones de educación superior (IES) en su jurisdicción, bajo un modelo federalista. Se crearía un fondo especial para atender los mandatos constitucionales de obligatoriedad y gratuidad.
Reiteró que uno de los rubros más importantes es que se reconocería la obligación del Estado a brindar este tipo de educación y a llevar a cabo acciones para ampliar la oferta educativa, expuso el diputado.
El diputado abundó que no se debe olvidar sujetar el cumplimiento del derecho a la suficiencia presupuestal. “Vivimos tiempos de crisis que nos implican atender prioridades en materia de salud, pero no olvidemos que la educación a mediano y largo plazos rinde frutos, a través de soluciones innovadoras en distintos aspectos de la vida”, finalizó.
