Estados Unidos solicitó oficialmente la detención y extradición del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, menos de tres semanas después de que dejara el cargo y luego de años de rumores sobre sus presuntos vínculos con los narcotraficantes.
Las fuerzas de seguridad hondureñas rodearon el vecindario de Hernández el lunes por la noche y la Corte Suprema de Justicia fijó una reunión urgente el martes para elegir al juez que gestionará la petición de extradición. Desde entonces se produjo un impasse.
Aunque no se conocían los cargos concretos presentados contra Hernández, fiscales federales en Nueva York lo han señalado antes como coconspirador en un caso de narcotráfico, afirmando que su ascenso político se financió con dinero de la droga. Hernández ha rechazado haber hecho algo incorrecto.
Nicole Navas, vocera del Departamento de Justicia de Estados Unidos, declinó hacer comentarios.
En un video publicado por el equipo legal de Hernández, aparentemente desde dentro de su casa, el abogado Félix Ávila dijo que todo el proceso tendría que esperar a que la corte designara a un juez para instruir el caso. “Mientras tanto, es entendido que no existe ninguna orden de captura”, afirmó.
Sin embargo, en una barrera policial en torno al vecindario, Rasel Tomé, vicepresidente del recién elegido Congreso Nacional, dijo que Hernández tendría que entregarse o que sería detenido.
Hernández publicó la madrugada del martes en Twitter un audio donde daba las gracias a los que rezaban por él. “No es un momento fácil”, declaró. “A nadie se lo deseo”.
Dijo que sus abogados ya habían informado a la Policía Nacional de que “estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida para poder enfrentar esta situación y defenderme”.
La atención se centró el martes en los 15 jueces de la Corte Suprema de Justicia. Se sabe que el presidente de la Corte, Rolando Argueta, es cercano a Hernández. Todos los jueces fueron seleccionados para la Corte por el Congreso en 2016 durante el primer mandato presidencial de Hernández. Cumplen mandatos de siete años. La mayoría proviene del Partido Nacional de Honduras, al que también pertenece Hernández.
Fue una caída largamente esperada para un mandatario detestado en su país, que tuvo el apoyo del gobierno de Donald Trump, pero que fue repudiado por la Casa Blanca de Joe Biden, que ha señalado la corrupción endémica en Centroamérica como una de las causas de la migración.
Hernández dejó la presidencia el 27 de enero al ser juramentada la presidenta Xiomara Castro. El mismo día en que dejó el puesto, Hernández prestó juramento como representante de Honduras ante el Parlamento Centroamericano.
Uno de sus abogados, Hermes Ramírez, dijo a los medios locales que su cliente tenía inmunidad por su puesto en la cámara regional e insistió en que las fuerzas de seguridad no estaban siguiendo el protocolo adecuado. Dijo que Hernández estaba en su casa.
Varios contingentes de la Policía Nacional, incluso agentes de las fuerzas especiales, así como efectivos de la policía militar, se desplegaron en el vecindario del expresidente el lunes por la noche. Se colocaron barreras en todas las entradas que mantenían fuera a los medios e incluso a los residentes del lugar.
Los miembros de las fuerzas de seguridad entraron en el perímetro con armas, cubiertos con pasamontañas y con esposas colgadas de sus chalecos antibalas.
Como parte de su defensa, Hernández ha señalado a menudo que Honduras empezó a permitir la extradición de hondureños por delitos de drogas cuando él era presidente del Congreso, pero la fiscalía estadounidense ha alegado que él recibió sobornos de narcotraficantes con la promesa de protegerlos una vez que fuera presidente del país.
En 2019, fiscales estadounidenses en Nueva York le implicaron en numerosas ocasiones en el juicio de su hermano por delitos de drogas y afirmaron que los beneficios de las drogas financiaron su ascenso político.
Ese hermano, el excongresista hondureño Juan Antonio “Tony” Hernández, fue condenado a cadena perpetua por delitos de armas y drogas en marzo de 2021. En su sentencia, el fiscal federal Matthew Laroche describió sus delitos como “tráfico de drogas patrocinado por el Estado”.
Juan Orlando Hernández asumió la presidencia de Honduras el 27 de enero de 2014. Posteriormente, aprovechó una Corte Suprema afín para evitar el veto constitucional a la reelección y obtuvo un segundo mandato en 2017 en unas elecciones marcadas por las irregularidades.
En torno a la medianoche del lunes, Jorge Arturo Vega, de 56 años, partidario del Partido Libertad y Refundación de Castro, celebraba ante una barricada policial en el barrio de Hernández.
“Esto es una fiesta que estábamos esperando desde hace mucho tiempo”, afirmó Vega, en alusión a la decena de años desde que Hernández llegó en el Congreso. “Este narcotraficante, delincuente, asesino, ya no lo podíamos soportar en Casa Presidencial”.
