La Cámara de Diputados argentina aprobó el viernes el proyecto que autoriza al gobierno a refinanciar la deuda por unos 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional para evitar que el país caiga en un cese de pagos que desestabilice aún más su frágil economía.
Con el apoyo de la principal fuerza de la oposición y de un oficialismo fracturado, la iniciativa impulsada por el gobierno del presidente peronista Alberto Fernández, que pasará al Senado en los próximos días, fue avalada en la madrugada del viernes por 202 votos a favor, 37 en contra y 13 abstenciones. La maratónica sesión estuvo acompañada, en las afueras del Congreso, por violentas manifestaciones de grupos de izquierda que cuestionan las políticas de ajuste del FMI.
Pese a las reticencias que genera entre sectores de la sociedad y de la clase política el proyecto de ley para habilitar la refinanciación de una deuda tomada por Argentina en 2018 durante el gobierno del presidente conservador Mauricio Macri (2007-2015), los diputados le dieron luz verde para evitar un nuevo cese de pagos -muy habitual en la historia del país- y lograr una mayor estabilidad económica. Está previsto que la próxima semana se debata en el Senado.
Es la primera vez que el Congreso habilita una operación de crédito con el organismo con el que Argentina mantiene una relación dependiente, a la vez que tirante, desde hace décadas.
Una vez que el Parlamento argentino apruebe la ley que habilita el pacto alcanzado con el FMI, éste tendrá que ser ratificado por la dirección del organismo de crédito.
Durante el debate de la iniciativa, el despacho de la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), quien preside el Senado, sufrió destrozos por las piedras arrojadas por los manifestantes desde las inmediaciones del recinto legislativo.
Fernández de Kirchner, referente de una corriente interna del gobierno muy crítica con el FMI, publicó un video en las redes sociales mostrando los destrozos y señaló que “paradójicamente” o “intencionalmente” su lugar de trabajo fue el atacado. La vicepresidenta rechazó la agresión al afirmar que fue ella “quien mantuvo fuera del país al FMI cumpliendo así ‘el legado’” de su marido, el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), y que construyó también el Frente de Todos que llegó al poder en las elecciones de 2019.
En su relato, la vicepresidenta citó a su esposo para criticar a la entidad de crédito. “Recordé como nunca sus palabras con respecto al FMI, cuando decía ‘siempre actuó como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino’”, afirmó, para concluir “otra vez… inmensa pena”.
Máximo Kirchner, hijo de la exmandataria, votó en contra del proyecto igual que otros de sus correligionarios en la agrupación que lidera dentro del oficialismo. En desacuerdo con cualquier trato con el FMI, Kirchner renunció en febrero a la presidencia del bloque oficialista en la cámara baja, ahondando la grieta que lo separa del presidente Fernández.
Pero la iniciativa logró el respaldo suficiente de Juntos por el Cambio, la principal fuerza opositora que tiene a Macri entre sus referentes, luego de que negoció con el oficialismo modificaciones en el texto original que evitaron toda referencia al programa económico que negoció el Ministerio de Economía con el FMI para sellar el acuerdo.
La iniciativa quedó finalmente redactada con sólo tres artículos, uno de los cuales insta a aprobar “las operaciones de crédito público” contenidas en el programa alcanzado con el FMI, pero no incluye las metas en materia de reducción del déficit y otros puntos acordados con el organismo debido la presión ejercida por los opositores, reacios a que el oficialismo los obligue a apoyar políticas económicas con las que dicen no estar de acuerdo.
El acuerdo alcanzado la semana pasada con organismo de crédito supone reemplazar el plan de 2018, por el cual Argentina enfrentaba vencimientos de pagos concentrados en 2022 y 2023 -y que eran imposibles de cancelar-, por un Programa de Facilidades Extendidas durante dos años y medio que incluye revisiones trimestrales por parte del organismo.
El país recibirá desembolsos para hacer frente a los vencimientos que sólo este año ascienden a 19.000 millones de dólares. Se estipuló además un periodo de gracia de cuatro años y medio, lo que implica que la deuda se comenzará a pagar a partir de 2026 y hasta 2034.
El gobierno sostiene que el acuerdo, que supone una reducción progresiva del déficit fiscal, no conllevará un ajuste que perjudique al 40% de la población que vive en la pobreza, algo que sus críticos descreen.
El monto inicial del préstamo acordado en 2018 entre el FMI y Argentina fue de unos 57.000 millones de dólares, aunque al país sudamericano fueron girados finalmente unos 45.000 millones.
