Especialistas, académicos, organizaciones, cámaras empresariales y trabajadores expresaron, en parlamento abierto, sus comentarios y plantearon propuestas sobre la iniciativa enviada por el Presidente de la República en materia de subcontratación laboral.
En la mesa 2, donde se abordó el tema “Reformas en materia laboral”, el presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex, Armando Guajardo Torres, destacó que es imperativo perseguir a quienes usan indebidamente la subcontratación para otorgar menos prestaciones a los trabajadores, pero esto no presupone un problema de la ley sino de su cumplimiento.
Consideró que la entrada en vigor de dicha reforma debería ser de por lo menos un año, a fin de que los patrones tengan el tiempo suficiente para realizar los trámites y adecuaciones.
Virginia Ríos Hernández, de Coparmex Ciudad de México, comentó que lo que se busca con los servicios con personal interno es el ahorro de costos para las empresas, ganancia en tiempos, incremento de la productividad y la agrupación de control de recursos humanos en una sola entidad; lo que se pretende es no dejar de pagar prestaciones sino una mejor organización.
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Concamin, Octavio Carvajal, señaló que la subcontratación constituye una actividad lícita y con pleno derecho de ser aceptada dentro del concepto definido por la Constitución. Propuso incluir ciertas concesiones que sean favorables para ambas partes y se tome en consideración las diferentes posiciones en las que se encuentran las micro, pequeñas y medianas empresas.
En tanto, el presidente de la Comisión de Empleo de Productividad de la Concamin, César Maillard Canudas, señaló que la subcontratación nace con la idea fundamental de eficientar los procesos de nómina y que se debe considerar este tema como un aliado estratégico. Planteó que el reparto de utilidades se indexe a la productividad.
María del Rosario Jiménez Moles, magistrada de la Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, explicó que la subcontratación no se prohíbe en su totalidad, solo en una de sus modalidades. La iniciativa, dijo, permite la cristalización de derechos de libertad sindical y de negociación para que los trabajadores se puedan defender.
Enrique Octavio García Méndez, vicepresidente de Asuntos Laborales en Concanaco Servytur, dijo que están a favor de que haya flexibilización en la contratación para apoyar la formalización laboral y de las empresas, ya que la competitividad y productividad se debe buscar no a costa de los derechos de los trabajadores pero es necesario que las empresas actúen dentro del marco normativo.
Lorenzo Roel Hernández, presidente de Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial, comentó que respecto a la iniciativa planteada se deben conservar la redacción actual de los artículos 12 y 13, prohibir la subcontratación es inconstitucional ya que viola el artículo 5º de la Constitución.
Aldo Mares Benavides, vicepresidente de Bienestar Laboral del Consejo Nacional Agropecuario, indicó que la figura de subcontratación es ampliamente utilizada en el sector agroalimentario y ha permitido que cientos de miles de jornaleros se incorporen a la formalidad y tengan acceso a seguridad social y prestaciones de ley.
Alfredo Pacheco Vásquez, director general de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información, hizo un llamado a que se garantice el cumplimiento de las leyes, y se maximicen los derechos y beneficios de los trabajadores.
Gabriel Aparicio, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, A.C., estimó que existe un gran nivel de confusión y desinformación, ya que la solución no es prohibir, sino definir de forma correcta la figura. Subrayó que lo que existe son vacíos legales y lo que falta es una coordinación entre las diferentes instancias para asegurar el cumplimiento de las leyes.
Armando Leñero Llaca, presidente del Centro de Estudio para la Promoción y Difusión del Empleo Formal A.C., señaló que se ha abusado de la subcontratación y se requiere una adecuada supervisión, vigilancia y sanción. Estimó que no se debe prohibir y crear una figura confusa que es servicios especializados porque ésta no va a quitar que se sigan evadiendo las responsabilidades laborales.
Zoé Gómez, presidenta de la Comisión Representativa de Organismos de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., indicó que no es posible que se hable de ilegalidad y no se tenga la definición de los servicios especializados.
Héctor Arturo Mercado López, magistrado del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consideró que se debe agregar en la reforma que el propio trabajador subcontratado tenga la posibilidad de hacer la denuncia anónima que le permita a la autoridad revisar la situación en la empresa, así como avisar a los sindicatos que se está subcontratando.
Erika Quevedo Chan, directora general del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, coincidió en que es necesario regular y sancionar la subcontratación, pero estimó que la iniciativa tiene una rigidez excesiva que complicará la operación de las empresas y planteó permitir el outsourcing legal y reconsiderar las limitaciones que se le colocan a los servicios realizados por intermediarios.
Alma Clarisa Rico Díaz, del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, enfatizó que el outsourcing ha sido utilizado para evadir responsabilidades, socavar los derechos de las y los trabajadores y es violatorio del derecho laboral. Propuso reiterar que los derechos humanos laborales no son renunciables y establecer que estas personas tengan los derechos que les corresponden.
Inés González Nicolás, directora del Diálogo Sindical y de Género de la Fundación Friedrich Ebert, mencionó que el mecanismo de la subcontratación ha sido vía para precarizar el trabajo, mantener los bajos salarios y debilitar al movimiento sindical en su conjunto. Propuso que sea obligación que los patrones hagan del conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo la pretensión de contratar proveedor de bienes o servicios necesarios a la empresa mediante subcontratación.
Al concluir la mesa 2, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), agradeció a los ponentes por compartir sus experiencias, conocimientos y propuestas, ya que ayudarán a enriquecer el dictamen.
A su vez, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (Encuentro Social) destacó las aportaciones de los participantes y afirmó que los legisladores debatirán el tema para llegar a una conclusión por el bien de los trabajadores y lograr el equilibrio en el ámbito laboral.
AP
