Poza Rica, Veracruz.- Durante la mañana de este miércoles 25 de noviembre se realizó la primera reunión de trabajo entre la Fiscalía General del Estado e integrantes del colectivo trans de este municipio, como resultado del pliego petitorio que integrantes de la comunidad LGBT entregaron a la Fiscalía General del Estado, luego de encabezar una huelga de hambre que se replicó en varios municipios de la entidad.
En entrevista Cristina Ortiz, presidenta del Centro de Inclusión Capacitación y Asesoría Terapéutica Asistencial (CICATA A.C.), explicó que el pasado 23 de septiembre se entregó un escrito a la Fiscalía del Estado de Veracruz en donde solicitaban la importancia de llegar a concretar trabajos, para investigar los crímenes de odio.
Dio a conocer que se propuso la creación de un protocolo para clasificar las causales agravantes referentes a la identidad de género y orientación sexual de las víctimas, así como dar seguimiento de las mesas Interinstitucionales, y la creación de una mesa Nacional para crear acciones entre las instancias de seguridad, justicia y derechos humanos, con la Sociedad Civil organizada.
Cristina Ortiz indicó que dentro de las peticiones solo se dio seguimiento a las mesas de trabajo que se realizan en cada uno de los municipios, en apoyo de las personas que forman parte de la comunidad, así como el de generar un directorio de los integrantes de la comunidad trans, sin embargo, aún existen una gran cantidad de carpetas rezagadas desde hace años, ya que los familiares denuncian y no le dan seguimiento.
En el Estado de Veracruz ya se ha registrado 22 agresiones a la comunidad trans, pero en el caso de Poza Rica, en este año, supuestamente no se han registrado agresiones a la comunidad trans en esta ciudad, ya que los familiares de las víctimas no denuncian y tampoco participan en las mesas de trabajo, como la que se realizó este miércoles en esta ciudad, debido a que no hay confianza en las autoridades.
Comentó que las agresiones comienzan registrándose en contra de la comunidad LGBT, se pugna para que se aplique un protocolo de aplicación inicial de la Policía Municipal, así como el de proporcionar el número de carpetas que existen cuando hay situaciones de asesinatos y agendar la participación de los familiares de las víctimas que han sufrido violencia, y a los que no se les da seguimiento en el resultado de las carpetas de investigación.
