El Grupo Plural de Igualdad Sustantiva de la Cámara de Diputados celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya admitido a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios en contra del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se cobra a los productos de higiene femenina.
En conferencia de prensa virtual, recordaron que el pasado 28 de diciembre 169 diputadas y diputados e integrantes de la organización civil Menstruación Digna México presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la decisión del Congreso de la Unión de mantener el 16% de IVA en los productos de gestión menstrual.
Explicaron que la acción de inconstitucionalidad busca que la SCJN reconozca que, tanto la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, como los motivos para reiterar la tasa de 16%, son vertientes discriminatorias de una misma expresión tributaria, encaminada a obtener recursos a partir de la menstruación de las mujeres.
La diputada Laura Rojas Hernández (PAN) expresó su beneplácito por la decisión de la SCJN, la cual “busca de manera inédita que la Corte se pronuncie sobre la Ley de Ingresos para saber si tiene o no perspectiva de género”.
“Se trata de que las mujeres y niñas de este país tengamos acceso a la justicia y eso pasa, en primer lugar, por revisar la infraestructura de los impuestos impositiva con una perspectiva de género que, desde nuestro punto de vista nunca ha tenido la Ley de Ingresos”, dijo.
La diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez (PRI) consideró que es un tema fundamental para que las mujeres puedan tener justicia; “es importante que se pueda revisar no nada más en este sentido la política fiscal de este país que, nos queda claro que en este momento es discriminatoria, particularmente en los productos de gestión menstrual.
“Nos vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que sea escuchada la voz de las mujeres en nuestro país, y también es una dinámica en la que vamos a entrar en el análisis de la política fiscal de nuestro país, pero también es el parteaguas de muchas otras acciones que se pudieran generar”, añadió.
A su vez, la diputada Verónica Juárez Piña (PRD) calificó como un hecho histórico que la Corte haya admitido a trámite dicha acción, porque insistió que dichos impuestos sólo los aporta una parte de la población, no son equitativos ni proporcionales.
“Es decir, no cumple con los principios constitucionales que debe seguir el Estado para imponer contribuciones. Estos impuestos contribuyen a ahondar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, dado que no establecen las condiciones para que todas y todos puedan tener las mismas oportunidades de desarrollo económico porque generan gastos excesivos para la economía familiar y profundiza la diferencia salarial”, dijo.
Las diputadas Verónica Sobrado Rodríguez (PAN) señaló que no se puede seguir pasando por alto la desigualdad económica que se vive en el país y que está siendo discriminatoria para el pleno desarrollo de las mujeres y niñas; “esto es un primer paso para transformar la política fiscal”.
La diputada Pilar Ortega Martínez (PAN) dijo que una de las cosas que se podrán conseguir con esta primera admisión de la acción es poner en la mesa el debate el hecho de que no tenemos una política fiscal con perspectiva de género; “seguiremos impulsando este tipo de acciones con el trabajo legislativo todas aquellas normas que sea necesario adecuar, modificar y transformar. Estaremos al pendiente de la discusión en la Corte”.
A su vez, la diputada Martha Tagle Martínez (MC) indicó que “el fondo de la acción de inconstitucionalidad es que hay impuestos que son discriminatorios y que, por lo tanto, la Corte debe pronunciar con respecto a una política fiscal discriminatoria para las mujeres, como es el impuesto a los productos de higiene menstrual.
Dijo que esto, sin duda, “nos colocaría en una discusión muy importante con respecto a la política tributaria en México, para verla con los ojos también de las mujeres, no solamente en el gasto, sino también en el tema de los ingresos”.
Por su parte, la abogada Luisa Conesa explicó que esta acción “es atípica porque normalmente se presenta cuando existe una reforma y aquí lo que sucedió fue una negativa de la mayoría parlamentaria para llevar a cabo una reforma de tasa cero de los productos de higiene menstrual.
“La Corte se enfrenta a una pregunta constitucional muy interesante empezando por el tema de procedencia, que es si la acción es un mecanismo para proteger a las minorías, la cual sólo existe cuando se emite una reforma que se considera que es inconstitucional por ser discriminatoria o puede existir, como en este caso, una protección cuando la minoría intenta reformar una norma que estima contiene una discriminación histórica y la mayoría se niega”, detalló.
En ese sentido, destacó que el planteamiento es novedoso e importante, porque de admitir la Corte la procedencia en esta acción, “pues abre la puerta a distintas normas que tengan características como estás que son normas de discriminación históricas”.
Paulina Castaño, integrante del Colectivo Menstruación Digna México, celebró dicha acción, ya que representa un primer paso para alcanzar una justicia de género en México y corregir una de las discriminaciones históricas que han padecido las mujeres, niñas, adolescentes y personas menstruantes.
Sostuvo que la gestión menstrual no debería ser un lujo, pues es una necesidad fisiológica que no debe implicar una tributación diferenciada y pidió transformar la política fiscal actual a una con perspectiva de género que abone a la erradicación de las desigualdades sociales.
Al ser cuestionadas sobre el homicidio de Mariana de Lourdes Sánchez Dávalos quién denunció hostigamiento y abuso sexual que estaba sufriendo por parte de un compañero de trabajo, en Chiapas, las diputadas Ortega Martínez y Juárez Piña calificaron como un hecho “terrible” su muerte y exigieron justicia para la joven.
“Es necesario que en el ámbito federal se generen los cambios normativos necesarios, pero sobre todo que no se generen estas investigaciones sin los recursos materiales y humanos necesarios, por eso se requiere que se regresen los presupuestos a las instancias encargadas y que tienen la misión de trabajar de manera conjunta con los órganos de justicia”, dijo Ortega Martínez.
“Exigimos justicia para Mariana y que existan políticas públicas de prevención para terminar con esta circunstancia feminicida. Estamos viviendo en México la falta de actuación por parte de las autoridades, ya que en este caso hubo una denuncia, pero no se le pone la importancia necesaria para que exista justicia. Debemos de seguir poniendo el dedo ahí, para que funcionen las instituciones y que se le crea a las mujeres”, concluyó Juárez Piña.
