La Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de 476 votos, el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Las modificaciones comprenden la fracción II del artículo 36, la denominación de la Sección Tercera del Capítulo III, así como el primer párrafo y la fracción I del artículo 43 de la mencionada ley, a fin de armonizar la denominación de la Secretaría de Desarrollo Social, por la Secretaría de Bienestar.
Señala el dictamen que corresponde a la Secretaría de Bienestar establecer políticas públicas que promuevan el empoderamiento, desarrollo social, económico e individual de las mujeres desde la visión de protección de los derechos humanos con perspectiva de género para garantizarles una vida libre de violencia
El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, reconoce la importancia de que el Gobierno Federal diseñe o formule políticas que busquen promover el empoderamiento social, económico e individual de las mujeres.
Indica que la Secretaría de Bienestar cuenta con facultades para elaborar políticas públicas que impulsen el desarrollo económico e individual de las mujeres, toda vez que el actual marco jurídico le permite desempeñarlas con certeza.
Políticas públicas con perspectiva de género
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena), resaltó que el objetivo es dotar de mayores facultades a la Secretaría de Bienestar, a fin de establecer que esta dependencia deberá impulsar el avance social, económico e individual de todas las mujeres.
Dijo que el empoderamiento es una herramienta fundamental para cerrar cada vez más las brechas de desigualdad; significa revertir escenarios de opresión, desigualdad, discriminación y exclusión que muchas veces padecen las mujeres. El objetivo es construir contextos de autonomía y autodeterminación que les permitan el ejercicio efectivo de libertades y derechos.
“Las mujeres no estamos cobrando por hacer lo mismo que los hombres y los mismos trabajos en el mercado laboral. Adicionalmente realizamos trabajos domésticos y de cuidados. Es una carga extraordinaria a todas las mujeres que están en los hogares, por ello se hace necesario que se diseñen e implementen políticas públicas que atiendan este problema específico desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género”, agregó.
