Meses de protestas y una intensa campaña en las redes sociales no funcionaron. Tampoco las voces indignadas de parte de los militantes de Morena. La postura del presidente Andrés Manuel López Obrador se impuso y el partido oficialista tendrá un candidato a gobernador que está denunciado por violación.
El Instituto Electoral del estado de Guerrero oficializó el jueves por la noche la candidatura de Felix Salgado Macedonio, un hombre acusado de varios abusos sexuales y con dos denuncias formales en la fiscalía del estado, pero también un político popular y poderoso que ha sido senador, diputado y alcalde del turístico puerto de Acapulco.
Sólo si renuncia o si lo inhabilitan Salgado no estará en las boletas del 6 de junio, unos comicios clave para que el presidente pueda seguir gobernando con comodidad porque se renovará toda la Cámara de Diputados, 30 de los 32 congresos estatales, 15 gobernaciones y miles de cargos locales. Pero ambas cosas parecen improbables.
El político, que a través de su abogado dijo que las acusaciones en su contra son una mentira, tiene previsto iniciar su campaña el viernes. La institución electoral argumentó que no había sido sentenciado con lo que la decisión quedaba en manos del partido. Y Morena, un movimiento surgido de la izquierda que abogó por otra forma de hacer política y cuyo fundador se jacta de tener el primer gobierno paritario del país, difícilmente podrá imponerse a un aspirante que cuenta con el apoyo del presidente, aunque tenga que pagar un costo por ello.
“Va a haber un desgaste muy importante que no se circunscribe a Guerrero, va a tener impacto en muchas ciudades de todo el país y más de cara al 8 de marzo” en el Día Internacional de la Mujer, dijo la diputada oficialista Lorena Villavicencio, una de las mujeres del partido que más ha alzado la voz contra la candidatura de Salgado.
“Morena no puede ser un partido donde el pragmatismo electoral le gane a sus principios”, agregó preocupada porque se profundice la fractura ya existente con las organizaciones feministas, cada vez más enojadas por la falta de respuesta de las autoridades a una violencia de género que no disminuye y por las constantes críticas del presidente hacia quienes protestan.
El escándalo por la candidatura Salgado, que López Obrador ha tachado desde el principio de “politiquería”, comenzó a fines de 2020 cuando una fundadora de Morena en Guerrero, Basilia Castañeda, se animó a denunciar pública y formalmente algo que llevaba dos décadas callando por miedo: que cuando tenía 17 años el entonces senador la violó.
Castañeda, líder de una comunidad de la costa del Pacífico que ahora ha pedido protección por las amenazadas recibidas, era ferviente seguidora del presidente y estaba convencida de que cuando López Obrador supiera lo ocurrido tomaría medidas. Pasó todo lo contrario.
El mandatario insistió en que debe prevalecer la presunción de inocencia de Salgado y que como su nombre fue elegido en una encuesta popular, el pueblo no pudo equivocarse. A su juicio, la polémica actual es una manipulación de la oposición conservadora y de los enemigos de su proyecto de país.
Sin embargo, uno de esos partidos opositores, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobierna Guerrero, aparentemente fue quien evitó en 2017 que otra denuncia por violación contra Salgado no se judicializara.
La victima era una administrativa que trabajó para Salgado cuando este dirigía un periódico local y en su escrito ante el Ministerio Público de diciembre de 2016, al que tuvo acceso AP, cuenta con brutales detalles cómo la violó varias veces, la golpeó y la drogó.
Xavier Olea, fiscal del estado de 2015 a 2018, dijo en conversación con The Associated Press que el actual gobernador Héctor Astudillo le “prohibió terminantemente” iniciar el proceso penal y que él hizo caso. Astudillo ha negado tal afirmación. Sea como fuere, después de cuatro años la denuncia está todavía en revisión para ver si procede iniciar el juicio, reconoció la fiscalía públicamente el 1 de marzo.
Este departamento admitió que tenía una segunda denuncia contra Salgado, la de Castañeda, pero argumentó que ha prescrito porque los hechos son de 1998. La defensa de la militante de Morena estudia apelar con el argumento de que víctima entonces era menor y le fue imposible denunciar.
“Es una historia de impunidad aterradora y una complicidad del Estado muy fuerte”, afirmó Patricia Olamendi, una de sus abogadas.
Desde enero la polémica no dejó de crecer en las calles y sobre todo en las redes mientras en Morena se hacía cada vez más latente la división interna: el Ejecutivo repitiendo los argumentos del presidente y parte de las mujeres del partido, incluida Citlalli Hernández, la secretaria general, pidiendo el retiro de la candidatura para no mermar la autoridad moral de la agrupación.
“Nos sentimos muy indignadas”, explicó Villavicencio, porque los ejes más importantes cuando se creó Morena eran “acabar con los intocables, con la corrupción y con la impunidad”.
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido -en lo que pareció un intento de quedar bien con todos- determinó a fines de febrero que debería hacerse otra encuesta para elegir candidato pero también afirmó que las denuncias contra Salgado eran “improcedentes e infundados”, con lo que mantenía sus derechos políticos.
Los resultados de esa segunda encuesta se prevén para la semana del 8 de marzo. Salgado se mostró esperanzando en repetir la victoria. “¡Hay Toro!”, tuiteó. También dijo que será respetuoso con los resultados pero Villavicencio reconoció que el riesgo es que si pierde, no quiera renunciar. Y entonces, de nuevo, sólo si Morena lo inhabilita como miembro del partido se podría oficializar el cambio de candidato.
Para Olamendi todos los mecanismos internos a los que acudió Castañeda para denunciar no han funcionado y se convirtieron en “una farsa”. Esta semana, la militante se quejó de que aunque pidió protección por las amenazas recibidas contra ella y su familia, su solicitud no fue atendida.
“Es el peor mensaje que podemos dar a las mujeres, que si rompes el silencio, esto te puede pasar”, agregó la abogada.
Olamendi dijo que faltó compromiso de más legisladoras de Morena que podían haber hecho un frente común más contundente y, por ejemplo, exigir una reunión con el presidente para intentar convencerlo.
La académica Claudia Clavín, de la red iberoamericana de politólogas #NosinMujeres, consideró que ha pesado más la lealtad personal de las militantes hacia López Obrador que su compromiso con las mujeres. Por eso, señaló Clavín, muchas sólo apoyaron el retiro de la candidatura de Salgado como estrategia de supervivencia política pero sin hacer mucho ruido.
Villavicencio fue una de las excepciones y aseguró que seguirá trabajando desde Morena “para que todos los hombres de todos los espacios públicos entiendan lo que implica la igualdad… y la responsabilidad que se tiene desde un cargo público para garantizar ese derecho”.
Pero las calles se calientan y todo apunta a que este tema será el eje de las consignas del próximo 8 de marzo. “Se van a radicalizar las protestas de las feministas”, auguró Clavín. “Ya no son ellas las únicas indignadas sino otras partes de la sociedad… El pacto patriarcal está institucionalizado en el Palacio Nacional”.
